El ‘Güero’ Palma otra vez en El Altiplano: la jugada de la fiscalía para mantenerlo entre rejas

Tras cinco años de tira y afloja a las puertas de las cárceles mexicanas, el narcotraficante Héctor Luis Güero Palma ha abierto un nuevo capítulo de su historia en el penal de máxima seguridad El Altiplano. El único atisbo de libertad del que fuera socio de El Chapo y líder del Cartel de Sinaloa ha durado solo 69 días. Este martes, El Güero fue devuelto a la cárcel en la que vivía desde 2016, cuando volvió a México tras cumplir una sentencia rebajada en EE UU. Las autoridades mexicanas llevaban desde entonces buscando una estrategia para mantenerle encerrado. Sin embargo, la absolución de un juez de Jalisco a una acusación de homicidio de un suboficial de la Policía Federal y su escolta truncó los planes de la Fiscalía General de la República, que ha conseguido al filo del límite de tiempo una revocación al determinar que se hizo un análisis incorrecto del caso y se minimizó el valor de las pruebas, así como varios motivos formales. La batalla legal entre el capo de narcotraficantes y el Gobierno acumula 26 agónicos años de pleitos rebatidos en los tribunales.

Desde que El Güero puso un pie en territorio mexicano, la Justicia le estaba esperando. Ese 15 de junio de 2016, uno de los líderes del grupo de criminal más violento cruzaba el Río Bravo para enfrentarse a la estela de violencia que sembró en los años noventa. El Gobierno, ante el temor de que volviese a dinamitar México, lo envió preventivamente a la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, bajo una acusación de dos asesinatos cometidos en 1995 en el Estado de Nayarit. Las víctimas son un subcomandante de la Policía Federal y su acompañante, que tras militar a sus órdenes se pasaron al cártel de Tijuana. Sus cuerpos fueron hallados en el interior de su camioneta Chevrolet blanca y les habían pulverizado la cara con más de 20 balazos.

Esos dos cadáveres son la punta del iceberg que las autoridades han encontrado entre un reinado de terror que heredó El Güero Palma junto a su socio Joaquín El Chapo Guzmán. Ambos tomaron el relevo en 1989 —cuando el entonces máximo capo mexicano, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue recluido en una prisión— del poderoso Cartel de Sinaloa. El Chapo y El Güero se quedaron con la plaza de Mexicali, una ciudad del norte de México, pero luego comenzaron una disputa con los Arellano Félix por la fronteriza Tijuana, clave para el trasiego de droga a territorio estadounidense. Seis años dorados de tráfico después, el avión en el que viajaba hacia una boda en Toluca se desvió de su ruta y, al quedarse sin combustible, se estrelló en Nayarit. Las autoridades militares le detuvieron cuando llegó a Zapopan, en Jalisco.

Desde ese momento, el capo emprendió una batalla legal para refutar las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) que dura hasta día de hoy. A través de una serie de amparos, sus abogados lo libraron de unos 20 procesos judiciales y la PGR solo logró condenarlo a siete años de prisión por el delito de posesión de cocaína.

Para cuando fue extraditado a EE UU en 2007 por delincuencia organizada, ya había saldado sus pendientes con la justicia mexicana. El Gobierno de México tenía 16 años, la duración de la condena estadounidense, para desarrollar una investigación en su contra que le mantuviera entre rejas a su regreso. La titular de la PGR, Arely Gomez, pidió a las 32 Fiscalías de los Estados que hurgaran en sus archivos para encontrar algún delito que no hubiese prescrito. Sin embargo, El Güero consiguió llegar a un acuerdo para reducir su condena a solo nueve años por buena conducta y se acabó el tiempo para armar un caso sólido en su contra. Al ser liberado, cruzó la frontera por Matamoros y fue detenido inmediatamente bajo el único pretexto que encontraron las autoridades: los asesinatos sin resolver de 1995.

Ingresó de forma preventiva en ese mismo momento en la cárcel de El Altiplano, la misma de la que se fugó su socio El Chapo un año atrás. Las imágenes filtradas desde la cárcel le mostraban envejecido, rapado y con un uniforme que le identificaba como el preso 3950. Cinco años más tarde, consiguió que un juzgado del Estado de Jalisco le absolviera de las acusaciones en su contra por las que llevaba detenido desde 2016. La noticia puso a trabajar nuevamente la maquinaria jurídica de la Fiscalía, que presentó un recurso de apelación en contra de la sentencia que le sacaba de la cárcel. Tenían 40 días para que se resolviera la impugnación de la resolución que presentaron por irregularidades en la ley que se aplicó en el documento, alteración de hechos o motivos infundados. Finalmente, ese plazo se amplió otros 40 días más mientras El Güero gozaba de semilibertad en el Centro Nacional de Arraigo en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México.

Al filo de cumplir el plazo de prórroga, la Fiscalía consiguió la revocación de la sentencia absolutoria. Determinaron que se realizó un análisis incorrecto y superficial del caso, se minimizó el valor de las pruebas y se violaron ciertas formalidades jurídicas. Gracias a esos tecnicismos, la Policía Federal Ministerial reanudó la orden de detención del capo y pudo devolverle a la cárcel, donde esperará hasta su juicio o hasta que triunfe su próximo recurso legal.

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