El crimen de Jonathan y Eduardo: la muerte de dos menores por presunta violencia policial indigna Veracruz
La corporación estatal señala que los muchachos murieron cuando agentes intercambiaron disparos con criminales, pero la familia defiende que los atacaron directamente
![Familiares y amigos de Jonathan y Eduardo asisten a su funeral en Amatlán de los Reyes, Veracruz](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/TXSA7ULWZYIBOSC4NMFMWLK4FE.jpg?auth=83226a447078d25e7db6b8e20e3237651efcf7d4f3cc5f89101f2bef463f74f1&width=414)
![Pablo Ferri](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fc2003e6e-5a23-4c32-a186-028efada08b1.jpg?auth=feac767e906c444a1d78551021099aeccaea8f68a75ae64241d7cbfb911ae7be&width=100&height=100&smart=true)
La indignación sacude Veracruz por un supuesto caso de violencia policial que evoca viejas prácticas de la corporación estatal, señalada a lo largo de los años de delitos de tortura o desaparición forzada. La semana pasada, la policía de Veracruz informó de que agentes de la corporación se enfrentaron a balazos con criminales en una comunidad de Amatlán, cerca de Orizaba. La dependencia señaló posteriormente en un comunicado que el tiroteo había dejado dos menores de edad muertos, sin aclarar su participación. La familia ha denunciado que los muchachos estaban lavando un carro en una casa y que los policías les dispararon directamente.
El caso recuerda al de los cinco jóvenes desaparecidos en enero de 2016, en Tierra Blanca, unos 100 kilómetros al sur de Amatlán. Los muchachos, cuatro hombres en la veintena y una joven de 16, volvían de pasar el fin de semana en el Puerto de Veracruz, cuando policías estatales los interceptaron. Los agentes se los llevaron y entregaron a integrantes de un grupo criminal local. Pasadas varias semanas, las autoridades encontraron restos de dos de ellos en un rancho cercano. La saña con que trataron a los jóvenes y la cercanía de la policía estatal con el crimen generaron un enfado mayúsculo, más en un estado que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los cementerios clandestinos más grandes de México, con las redes de fosas de Colinas de Santa Fe o Alvarado.
En el caso de Amatlan, la actuación de la policía sigue sin estar clara, pero las diferencias entre la versión oficial y la de los familiares de los adolescentes apuntan a una posible mala praxis. El gobierno estatal defiende de momento a los policías y mantiene la versión de la agresión. El viernes, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García, dijo: “Vamos a hacer una revisión de la actuación en estos casos, cuando hay una agresión en una zona urbana, hay que afinar la actuación policial, quizá es mejor marcar cierta retirada”
Las víctimas eran dos hermanos, Jonathan, de 13 años y Eduardo, de 14. Según la versión de sus familiares, el día del tiroteo, 2 de julio, los dos acudieron a casa de su tío, Alberto Jiménez. Este les encargó que lavaran su camioneta, eran como las 14.00. En eso estaban cuando Jiménez, que ha detallado su historia estos días a varios medios de comunicación locales, escuchó ruido de disparos. Jiménez dice que sus sobrinos estaban en el patio y él adentro, con su esposa y su bebé. En medio de la balacera, policías irrumpieron en su casa, preguntándole dónde estaban las armas y las drogas. Él dijo que no sabía de qué le hablaban y quiso salir al patio. Los policías no le dejaron. Afuera, en el patio, yacían los cadáveres de los dos muchachos.
Al principio, la policía estatal informó de que los agentes acudieron al lugar por un aviso sobre la presencia de hombres armados. Al llegar, estos les habrían disparado y los policías habrían contestado. La dependencia también ha informado de que los presuntos agresores huyeron y dejaron abandonados dos vehículos, donde los agentes encontraron droga, armas y cadenas de pinchos que el crimen usa para detener a las autoridades, conocidas como ponchallantas. Los dos vehículos serían de Alberto Jiménez, tío de los muchachos.
![Familiares de Jonathan y Eduardo durante el funeral de los jóvenes.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/HPADFP2VF2DUB73E57QGY4GJRY.jpg?auth=aa5816b639d301948c737d9067478b774c8c4810c26bed0b51dbb0c21aa70781&width=414)
Con el paso de los días, Jiménez y otros familiares han empezado a alzar a voz, señalando que los hechos no se ajustan a la información que ha divulgado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La balacera existió, pero fue dentro de la vivienda de Jiménez. El ataque contra los muchachos no habría sido por tanto un mero caso de mala suerte. En una carta publicada por ellos hace unos días, insistían lo anterior: “Elementos de la Fuerza Civil allanaron un domicilio particular en el centro de nuestra comunidad, disparando, rompiendo puertas y candados, resultando en la muerte de estos dos adolescentes en el interior de la vivienda”.
Sobre los carros decomisados, Jiménez convocó a los medios para informar de que los carros no eran robados, como informó la policía estatal y de que el hallazgo de drogas y un arma en su interior es una mentira. “No hay reporte de robo, los vehículos fueron extraídos de mi propiedad cuando estaban siendo lavados por mis sobrinos. Además, es algo ilógico. Si estaban lavando los coches y los tapetes estaban afuera, ¿por qué los ponchallantas estaban adentro?”, ha dicho el hombre, en declaraciones recogidas por El Sol de Córdoba.
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