Los LeBaron abren la puerta a la reapertura del ‘caso Cienfuegos’

Un juez federal ha abierto una vía de agua para la reapertura del caso contra el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto imputado en EE UU por narcotráfico y lavado de dinero en noviembre del año pasado. Tras una insólita cruzada diplomática, el general fue trasladado a México y exonerado de todos los cargos tan solo dos meses después por la Fiscalía General de la República (FGR). Un juzgado administrativo ha admitido ahora un recurso de amparo que cuestiona la actuación de la Fiscalía mexicana y solicita el acceso a todo el expediente y que se reabra el caso. El avance del recurso está, de momento, paralizado por una impugnación presentada tanto por la Presidencia como por la Cancillería.

El amparo ha sido promovido por la familia LeBaron, víctimas de una brutal matanza hace dos años en Sonora, y veteranos activistas contra la violencia. Los dos pilares de su demanda son, por un lado, que la Fiscalía solo publicó parte del expediente de manera tendenciosa para justificar la exoneración. Por otro, que la resolución que cerraba el caso tampoco estaba suficientemente fundada. El juez administrativo ha aceptado las dos cuestiones y, de seguir adelante, podría derivar en una orden a la Fiscalía para que reanude la investigación contra el general y entregue el expediente completo a los abogados del clan LeBaron.

Estos avances, en todo caso, están de momento paralizados por la impugnación presentada por el Gobierno mexicano, que argumenta que los demandantes no tienen legitimación para promover el amparo al no ser víctimas directas en el proceso contra el militar. “Nuestra posición es que en los delitos de crimen organizado las víctimas somos todos como sociedad y tenemos derecho a acudir a un tribunal. Es algo que ya se reconoce en la vía civil o medioambiental. Estamos buscando que se acepta también en el ámbito penal como una herramienta contra la arbitrariedad de las fiscalías”, apunta el abogado de la familia Carlos Azeem. La vista para avanzar en el recurso, una vez se resuelva la impugnación, está prevista para junio.

La exoneración del jefe del Ejército mexicano a medidos de enero ha estado rodeada de una enorme polémica y bajo la sombra de fuertes presiones políticas para salvar el nombre de esta institución, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un poder casi omnímodo tras tomar posesión.

La Operación Padrino

La acusación en EE UU contra Cienfuegos estaba sustentada en una investigación de más de seis años por parte de la Agencia Federal Antidrogas (DEA). La llamada Operación Padrino, según la cual así llamaban en el mundo del hampa a quien había sido secretario de Defensa de México hasta hace poco menos de tres años. Cienfuegos estaba acusado de trabajar para el crimen organizado; de traficar con miles de kilos de heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas; de proteger y colaborar con un cartel en concreto (los Beltrán Leyva) y de lavar el dinero de los sobornos millonarios. El expediente de la DEA fue respaldado por la Fiscalía estadounidense y por un juez de Nueva York que llegó a procesar formalmente al general.

La artillería diplomática mexicana logró, en una negociación sin precedentes, que la Fiscalía estadounidense retirara los cinco cargos contra Cienfuegos ante la estupefacción de los jueces federales de Brooklyn, donde iba a desarrollarse el juicio. El argumento de la Cancillería fue una supuesta grave violación de los acuerdos bilaterales en seguridad debido a la nula comunicación y la actividad unilateral de las autoridades estadounidenses en la investigación, detención e imputación del general. El propio López Obrador entró en escena amenazando con expulsar a los agentes estadounidenses que trabajan en México al considerar el caso Cienfuegos como una afrenta a la soberanía. A cambio del traslado del general, prometió abrir una investigación exhaustiva por parte de la FGR.

Las pesquisas de las autoridades mexicanas apenas duraron dos meses, que cerraron el caso aduciendo que “el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”. Durante la investigación, la Cancillería difundió parte del expediente de la DEA. Más de 700 páginas con miles de mensajes de teléfono celular interceptados a miembros del cartel Beltrán Leyva entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 en los que presuntamente se hace referencia a la participación del militar en los negocios de los narcotraficantes.

La defensa de los LeBaron considera que la filtración de esos documentos supone una de las irregularidades que justifican la reapertura de las investigaciones. “La Fiscalía no cumplió con los protocolos legales para identificar hasta dónde se puede hacer pública la prueba. Publicó lo que quiso para justificar la exoneración”, añade el abogado Azeem. La publicación de parte del expediente ya fue cuestionada por juristas y académicos, que subrayaban que se trataba de un material preliminar y parcial que obviaba todo el trabajo posterior de los fiscales estadounidenses y del juez que llevo a cabo el procesamiento. Todos esos documentos fueron enviados por las autoridades estadounidenses en el marco de la negociación diplomática.

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