México allana el camino para la extradición a EE UU del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández

Fue gobernador de Tamaulipas hace más de una década y al poco tiempo de dejar el cargo se estrechó el cerco de las investigaciones en su contra por lavado de dinero. Eugenio Hernández Flores fue detenido en 2017 en Ciudad Victoria, capital del Estado norteño, y enseguida las autoridades estadounidenses tramitaron una solicitud de extradición para poder juzgar al político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Texas. La Administración de Enrique Peña Nieto accedió a esa petición, aunque el caso todavía no está resuelto. El exgobernador recurrió y este miércoles la Suprema Corte de Justicia acordó rechazar el amparo. El fallo allana ahora el camino a su extradición.

La Primera Sala del máximo órgano constitucional mexicano confirmó la sentencia contra Eugenio Hernández, negó el amparo y devolvió la última palabra al tribunal que ya se había pronunciado sobre este contencioso. La resolución es importante porque afecta a la política exterior de ambos países y la relación entre sus administraciones de justicia. La posibilidad de que la Suprema Corte negara finalmente la extradición del exgobernador de Tamaulipas se hubiera sumado a una serie de decisiones polémicas, encabezadas este mismo año por la exoneración del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos. Pese a haber sido detenido en California por presuntos vínculos con narcotráfico, el expediente del general quedó limpio tras su regreso a México gracias a una gestión diplomática.

En 2015 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Hernández Flores y a su cuñado, Óscar Gómez Guerra, de “conspirar” para blanquear dinero a gran escala. Las autoridades de Texas procedieron a la expropiación de tres inmuebles de su propiedad valorados en más de dos millones de dólares y ubicados en la ciudad fronteriza de McAllen y otro en Austin. La red de lavado de activos fue descubierta gracias a una investigación de la DEA y el FBI, entre otras agencias federales. Los dos acusados enfrentan hasta 20 años de prisión en el país vecino si son declarados culpables.

El caso de Hernández no es el único que ha manchado la gubernatura de Tamaulipas, un Estado azotado por el narco, la violencia y el tráfico de migrantes. Su antecesor en el cargo, Tomás Yarrington, también elegido bajo las siglas del PRI, fue detenido en Italia y después extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y extorsión, entre otros delitos. En marzo, Yarrington se declaró culpable y reconoció haber embolsado más de 3,5 millones de dólares en sobornos cuyo rastro trató de limpiar con la compra de propiedades.

El actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), también está siendo investigado por la justicia estadounidense. Esta semana la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre un intercambio de información con el FBI “respecto a las posibles responsabilidades penales de Francisco Javier G, Ismael G, José Manuel G, José Ramón C y diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”.

Las indagaciones de la Fiscalía contra Cabeza de Vaca se encuentran en un punto muerto por un choque institucional entre la Cámara de Diputados y el Congreso de Tamaulipas. Si el Parlamento federal, dominado por Morena, aprobó su desafuero para que la justicia pudiera proceder en su contra, el legislativo local, controlado por el PAN, rechazó despojarle de su inmunidad. Detrás de este impasse hay un enfrentamiento sobre todo político, pero el caso es que la Fiscalía busca ahora reactivar las pesquisas a través de la colaboración con Estados Unidos. Los investigadores vinculan a Cabeza de Vaca, que también está acusado de blanqueo, con decenas de propiedades registradas a nombre de testaferros en Tamaulipas y en Texas. El monto de esos bienes supera los 950 millones de pesos.

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