La Fiscalía busca desatascar el caso contra Cabeza de Vaca con un intercambio de información con EE UU

La investigación del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por supuesta defraudación fiscal y lavado de dinero se ha convertido en un caso emblemático de enfrentamiento político entre su partido, el PAN, y Morena, la formación de Andrés Manuel López Obrador. Las acusaciones de corrupción, muy graves al incluir también presuntos vínculos con el crimen organizado, derivaron primero en un debate sobre el desafuero del político para que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera proceder en su contra. Sin embargo, si la Cámara de Diputados aprobó hace diez días despojarle de su inmunidad, el Congreso de su Estado la rechazó, dejando la medida en un limbo. Pero un nuevo intercambio de información sobre las pesquisas entre México y Estados Unidos coordinado por la Fiscalía busca ahora reactivar el caso.

El organismo informó el lunes por la noche de que acababa de recibir la información que el Departamento de Justicia estadounidense le había enviado a las autoridades mexicanas “respecto a las posibles responsabilidades penales de Francisco Javier G, Ismael G, José Manuel G, José Ramón C y diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”. Estas nuevas pruebas ya han sido incorporadas al expediente de Cabeza de Vaca.

Este martes el presidente, que lleva meses refiriéndose a la investigación para alimentar su narrativa de oposición a las pasadas administraciones del PRI y del PAN ha hablado también de un requerimiento enviado por la Embajada de Estados Unidos y el FBI “sobre personajes que se presume lavan dinero”. Y López Obrador ha incluido al gobernador de Tamaulipas en esa lista. “La Unidad de Inteligencia Financiera envió la información a la Fiscalía, la información que están pidiendo los de la Embajada de EE UU”. Fiel a su estilo, el mandatario ha ahondado en la dimensión política del caso. “Si nosotros nos quedamos callados y salen estos asuntos en Estados Unidos, que se dice de que aquí no hay justicia... ¿No nos acusan de eso? Por eso todo lo que envíen se investiga, todo”, ha asegurado.

Sus palabras chocan con el desarrollo de otras investigaciones, por ejemplo la del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos o la de Emilio Lozoya. En cualquier caso, la nueva información sobre el escándalo que involucra presuntamente a Cabeza de Vaca representan ahora un resorte para desatascar el caso. El gobernador de Tamaulipas, que siempre ha rechazado las acusaciones, solicitó a su defensa “revisar la información aportada por el Departamento de Justicia”. “Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia”, afirmó.

Todo comenzó el pasado 23 de febrero, cuando la Fiscalía remitió a la Cámara de Diputados una petición de desafuero del político para poder interponer una acción penal. La institución envió al Congreso la información correspondiente, que comenzó a estudiar las evidencias y más de dos meses después optó por quitarle la inmunidad ciñéndose a un desfase de 6,5 millones de pesos en la declaración de Cabeza de Vaca. Sin embargo, la carpeta va más allá.

La FGR vincula al dirigente del PAN con decenas de propiedades no declaradas tanto en el Estado de Tamaulipas como al otro lado de la frontera, en Texas. El hecho de que el político tuviera intereses también en Estados Unidos justifica, de hecho, la intervención del Departamento de Justicia y del FBI. La adquisición de esos bienes, entre los que se cuentan viviendas, restaurantes, ranchos, galerías de arte y activos bancarios, se remontan a una etapa de casi 14 años, entre 2005 y 2019, cuando el gobernador -que asumió ese puesto en 2016 y tiene más de un año de mandato por delante- ya era un cargo público.

La suma de las propiedades y esos activos, según los investigadores de la Fiscalía, supera el valor de 951 millones de pesos. Esos bienes, sin embargo, están a nombre de testaferros, entre ellos familiares y personas cercanas. A pesar de las evidencias recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades mexicanas, este supuesto episodio de corrupción ha tenido un recorrido marcado por los choques entre partidos en plena carrera electoral. Tanto el PRI como el PAN rechazaron en la Cámara federal el desafuero de Cabeza de Vaca llegando calificar las investigaciones de “linchamiento político y penal orquestado desde el Gobierno”. Pero el presidente lo considera, al igual que otros, un caso emblemático de corrupción del pasado reciente de México. Y las autoridades se disponen a acelerar las pesquisas.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.