La liberación de Alonso Ancira aviva la sombra de la impunidad en los casos de corrupción

La fotografía ya ha marcado la historia judicial de México. Alonso Ancira salió el lunes el Reclusorio Norte poco antes del atardecer a bordo de una camioneta negra, trajeado y exhibiendo un puro. Horas antes, el dueño de Altos Hornos (AHMSA había pactado con el juez el pago de 216,6 millones de dólares por un delito de lavado de dinero que perjudicó a Pemex. El rey del acero vendió en 2012 a la compañía estatal, que hoy acumula una deuda vertiginosa de más de 110.000 millones de dólares, la planta Agro Nitrogenados, ubicada en Veracruz, con un sobreprecio de más de 200. Ancira tendrá que devolver el monto en tres pagos en los próximos dos años. Pero más allá de los detalles del acuerdo, la decisión de la Fiscalía vuelve a avivar dudas sobre la administración de la justicia en casos de corrupción y aviva la sombra de la impunidad.

En opinión de Adriana Greaves, cofundadora de la plataforma de abogados TOJIL, no se trata de un caso aislado. “sino una conducta que se ha vuelto sistemática por parte de la Fiscalía”. Más allá de que hubiera una intención de recuperar el dinero o de mandar un mensaje contra la corrupción”, continúa, “hemos visto cómo se está dando una interpretación de la ley para ciertas figuras”. Greaves sostiene que el acuerdo reparatorio pactado por el empresario no procede en los casos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), es decir, lavado de activos. Reconoce que la estrategia judicial ha sido hábil y “hasta pareciera que se está haciendo justicia”, sin embargo, considera que en realidad la decisión “atenta contra todos los contribuyentes” y “sienta un precedente peligrosísimo”.

La abogada invita al sentido común. “No queremos que la Fiscalía persiga a un niño que robó un gansito en un Oxxo, sino que estamos hablando de este tipo de delitos”, señala. Y esos actos de corrupción pueden trasladar un mensaje cuando menos dudoso a la sociedad y a un cargo público. “En una relación de costo y beneficio [de un delito] este es gravísimo”, continúa.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aplaudió el acuerdo porque en según su criterio en este caso prima la devolución del dinero. Y José Antonio Caballero, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, apela por su parte también al sentido práctico. “Debemos empezar a aceptar que el sistema de Justicia Penal no puede resolver todos los asuntos y esto debemos de empezar a aceptarlo. Está bien que haya salidas, que se recupere dinero de una venta fraudulenta, dicho esto vamos a ponerle unos límites”, razona.

Sin embargo, las formas en las que Ancira recuperó su libertad resultaron especialmente polémicas.” “La imagen del puro y la camioneta de lujo dan la sensación de cinismo, de que la justicia no se aplica igual para todo el mundo”, señala Caballero. “Parece que quien roba algo en un supermercado y lo devuelve no parece tener el mismo trato. Esta construcción de una justicia desigual es muy problemática porque chocan con la promesa que hizo el actual Gobierno de democratizar la justicia con la Ley de Amnistía”, prosigue el profesor.

El caso del rey del acero tiene otras repercusiones porque se enmarca en un contexto preciso relacionado con Emilio Lozoya. El que fuera de Pemex entre 2012 y 2016, fue detenido en febrero de 2020 en una urbanización de lujo cerca de Málaga, España. Desde entonces la carpeta que involucra a uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto no ha parado de crecer. El caso, una ramificación de la red de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht se desarrolla sin aparentes avances y con falta de transparencia. Con estas premisas, también en ese caso cunde el temor de que el escándalo de corrupción quede impune.

Varios especialistas consultados se muestran preocupados por el manejo opaco que está llevando a cabo la Fiscalía del caso Lozoya y de otras líneas de investigación que tienen que ver con la trama de corrupción en torno a Pemex. “La opacidad con la que está operando la Fiscalía siembra la duda de que se esté utilizando políticamente el caso”, apunta José Antonio Caballero. El experto considera de gran importancia que la Fiscalía rinda cuentas con toda claridad de hasta dónde llega el caso Lozoya. “No podemos dejar que se politice la justicia cuando están cerca las elecciones”, menciona Caballero, aunque señala que llegar a una negociación con el exdirector de Pemex podría ser un precio aceptable a pagar en pos de un objetivo mayor. “Muchas investigaciones sobre corrupción muy sofisticada necesitan de gente interna para descubrir cómo operaba la red”.

Además, prosigue el profesor, “lo problemático de esto es que el señor Ancira si cumple con el acuerdo de pagar los 200 millones no va a tener ningún antecedente”. “El ladrón de cuello blanco parece ser mucho más privilegiado y muestra que no tenemos un Derecho penal equitativo que trate igual a todas las personas, hay categorías”. Con todo, en su opinión el mensaje relacionado con la impunidad “es ambiguo " La imagen que se dio ayer fue la de que te puedes salir con la tuya si pagas lo suficiente, pero creo que es más sofisticado. Estaba en juego la necesidad de resolver y la necesidad de recuperar recursos para el Estado y para eso tienes que balancear qué es lo que conviene más y cómo se articula una política criminal que sea razonablemente democrática para el Estado mexicano. Creo que la Fiscalía dijo: no queremos seguir con esto y el juez entendió que era mejor acabar con el pleito en vez de mantenerlo vivo. Es más práctico”, opina.

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