López Obrador redobla la presión sobre el Poder Judicial: “Quien llegue después de Zaldívar va a ser más de lo mismo”

Andrés Manuel López Obrador ha entrado de lleno en la polémica por la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. La votación in extremis del pasado jueves en el Senado a favor de extender dos años el cargo de Arturo Zaldívar al frente del máximo tribunal levantó una fuerte polvareda en la escena política y jurídica mexicana. Tanto la oposición, en minoría en ambas cámaras, como juristas y organizaciones internacionales levantaron la voz alertando de la inconstitucionalidad de una medida que, en su opinión, atenta contra la independencia judicial. El presidente ha salido al paso este lunes en su conferencia mañanera envolviendo la decisión del parlamento en sus intereses ideológicos: “No vamos a tener otra oportunidad así. Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo”.

López Obrador redobla así su presión sobre el Poder Judicial, en el centro de la diana durante las últimas semanas como parte de su batalla contra todo lo que el presidente identifica como símbolo del pasado. “Los jueces no pueden ser intocables”, ha repetido en más de una ocasión. La polémica en torno a Zaldívar, un magistrado progresista alineado con la agenda de Morena, se enmarca en un frente más amplio: el control del Consejo de la Judicatura y la aprobación de la reforma constitucional del Poder Judicial, liderada por el propio presidente del Supremo con el apoyo de la mayoría morenista en el parlamento y que ha encontrado resistencias dentro de la propia judicatura.

El plazo de Zaldívar vence el año que viene. El objetivo declarado de López Obrador es que el magistrado continue al frente del máximo tribunal hasta 2024, el año de cierre del sexenio, como una medida para asegurar el apuntalamiento de la reforma. Las críticas se centran en denunciar que se está produciendo una injerencia del poder legislativo, donde Morena tiene mayoría, en el terreno del judicial. La Constitución establece expresamente que el plazo máximo para el presidente de la Corte es de cuatro años, sin posibilidad de reelección para el mandato inmediatamente posterior.

La medida se coló en el Senado por sorpresa y en el último momento. Tras una sesión destinada precisamente a aprobar las leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial, el senador del Partido Verde Raúl Bolaños presentó una reserva al final de una discusión de más de cinco horas que se acabó aprobando, sin debate, por 85 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones. La oposición llegó a denunciar que se había llevado a cabo “un golpe de Estado al aparato judicial”.

La decisión aún tiene que pasar por el pleno del Congreso, donde Morena también cuenta con mayoría, pero que apura sus últimas sesiones antes del cierre previo a las elecciones de junio, que renovarán ambas cámaras. Juristas y organizaciones internacionales han alertado del atropello jurídico y de los riesgos para la independencia judicial. “Al extenderle el mandato al presidente de la Corte Suprema, López Obrador se asegura una mayoría de cuatro de los siete miembros del Consejo de la Judicatura. Con cuatro votos puede tomar algunas decisiones trascendentales, tales como aprobar el retiro forzoso de jueces”, señaló este fin de semana el director para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Zaldívar es el primer presidente del tribunal desde 1994 que no pertenece a la carrera judicial. Este abogado de perfil progresista llegó a la cumbre de la judicatura días después de que Andrés Manuel López Obrador iniciara su mandato prometiendo el fin de los excesos y la corrupción en la política. Una bandera de regeneración que ha trasladado también al interior de sus propias filas. En sus dos años de mandato ha promovido medidas para acabar con el nepotismo, ha inhabilitado o destituido a decenas de jueces por corrupción y ha puesto en marcha un programa que vigila el patrimonio de los jueces y magistrados. Y, sobre todo, está liderando la reforma constitucional del Poder Judicial, en línea con la agenda y los estándares de rendición de cuentas del Gobierno.

La carrera de Zaldívar también tiene sólidos puentes tendidos con el Ejecutivo de López Obrador. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Interior), fue una aliada en los años que coincidieron como ministros. Fue además el candidato favorito del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer.

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