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Gómez Fierro, el juez discreto que hace enojar al presidente mexicano

El titular del juzgado de competencia económica, descrito como una persona reservada y metódica, es objeto de duros ataques verbales por parte del Gobierno tras suspender dos polémicas iniciativas

Jon Martín Cullell
Juan Pablo Gómez Fierro, en su toma de protesta ante la Suprema Corte de Justicia, en 2014
El juez Juan Pablo Gómez Fierro, en su toma de protesta ante la Suprema Corte de Justicia, en 2014.RR.SS

Cuando el juez mexicano Juan Pablo Gómez Fierro sale a pasear, hay gente que lo reconoce. Le felicitan por su trabajo y le llaman “valiente”, afirman fuentes cercanas al jurista. Hace unas semanas se caló el codiciado birrete de doctor de la Escuela Libre de Derecho, la más prestigiosa del país en el ramo, y sus seguidores en Twitter —cuenta con más de 26.000— le dieron ánimos. Hasta hubo quien se declaró “fan número uno”.

Tanta atención es inusual para el titular de un juzgado de distrito en materia administrativa, dos instancias por debajo del brillo de la Suprema Corte. Las suspensiones que ha decretado para dos controvertidas reformas del Ejecutivo lo han convertido en un tótem para la oposición y en un saco de boxeo para el Gobierno. Amigos y antiguos compañeros destacan, sin embargo, su independencia de criterio, su carácter discreto y metódico. Alto, atlético, aficionado al crossfit y a la lectura de historia mexicana, es poco probable, aseguran, que las sacudidas del Ejecutivo lo dobleguen.

A principios de marzo, el juez concedió la suspensión provisional, luego definitiva, a las empresas que presentaron amparos contra la reforma eléctrica, una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador. La decisión, de carácter general, congeló los efectos de la norma para todo el sector, no solo las quejosas. Este martes, en un nuevo golpe al Gobierno, concedió la primera suspensión individual a un ciudadano que se amparó contra el registro de datos biométricos para los usuarios de celulares. “Podría no ser idónea ni proporcional”, ha señalado el juez sobre la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, muy criticada por organizaciones de la sociedad civil.

Estas acciones le han valido duros ataques del Ejecutivo, de una virulencia que los juristas consultados no recuerdan haber escuchado de las autoridades en tiempos recientes en contra de un juez en específico. Tras la suspensión de la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de la Judicatura Federal, el organismo encargado de velar por el buen comportamiento de los jueces, que investigara la actuación de Gómez Fierro. El presidente de la entidad, Arturo Zaldívar, que también lidera la Suprema Corte, tomó nota de la petición aunque subrayó la importancia de la “autonomía” del Poder Judicial ante esa aparente intromisión del Ejecutivo.

Con la decisión sobre el registro de los datos biométricos, su nombre ha irrumpido de nuevo en las mañaneras. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, salió el miércoles a defender la medida y vertió una ristra de descalificaciones sobre Gómez Fierro. “Un juez a modo, un juez por encargo, que es el que utilizan siempre los grupos de interés (...), es un juez de contentillo que actúa de quedabién”, descargó el funcionario ante los medios de comunicación. El presidente se unió al ataque y lo puso de ejemplo de la clase de juzgadores corruptos con la que quiere acabar: “Este juez que otorga así, rápido, amparo por lo de las tarjetas telefónicas a las empresas es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas”.

Los argumentos utilizados una y otra vez para socavar la credibilidad de Gómez Fierro giran en torno a la rapidez “sospechosa” con la que este resuelve las suspensiones y al hecho de que las personas o empresas que se oponen a las normas del Gobierno acudan siempre a él. Sobre el primero, la ley que regula el mecanismo de amparo establece que el juez debe resolver en 24 horas sobre la admisión de la demanda y decidir si se otorga una suspensión. “Es la legislación la que obliga a pronunciarse sobre la suspensión temporal en un espacio corto de tiempo”, señala Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien alerta del continuo “acoso” del Gobierno al Poder Judicial.

En cuanto al supuesto favoritismo del que goza Gómez Fierro entre las empresas, el jurista Gabino González señala que en todo el país solo hay dos juzgados especializados en competencia económica y telecomunicaciones. “O va a ser Juan Pablo o Rodrigo de la Peza. No hay otros”, dice. Además, González apunta a otras decisiones de Gómez Fierro que favorecieron a López Obrador. En 2018, cuando era titular de otro juzgado, el juez rechazó el amparo que solicitó un ciudadano para suspender los efectos de la consulta convocada por el entonces presidente electo para cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Gómez Fierro no ha dado entrevistas desde que escaló el conflicto con el Gobierno. Su oficina responde a este periódico que el juez está trabajando en un expediente y no quiere que se afecte el proceso. Un hermetismo que no indica cambio de rumbo por las presiones gubernamentales, asegura la gente que lo conoce. “Está frente a un tema que tiene que ver con intereses económicos muy fuertes, pero va a resistir la presión”, sostiene Diego Galeana, profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y amigo suyo desde los veinte años. “Es alguien muy disciplinado, con templanza, de las personas en el fútbol a las que das una patada y sigue corriendo”.

Del perfil bajo a la fama involuntaria

Nacido en San Luis Potosí en 1983, Gómez Fierro procede de una familia de clase media. Su madre es ama de casa y su padre, abogado de oficio. Al terminar la carrera, hizo el consabido viaje de la provincia a la Ciudad de México, lugar donde se hacen y deshacen las leyes, para estudiar una maestría. “Se fue a perseguir su sueño”, dice Galeana. De sus años de formación surgió un manual para elaborar sentencias de amparo del que es coautor. Ha sido reeditado varias veces y se usa como material de enseñanza en aulas de todo el país, incluida la de su amigo Galeana. “Entiende el Derecho como quien está construyendo un rompecabezas”, señala este último.

Pese al tufillo elitista que el Gobierno le quiere endilgar, Gómez Fierro ha desarrollado toda su carrera en el sector público. Ha escalado en la jerarquía sin saltarse ninguna etapa: oficial judicial, actuario, secretario de Juzgado, secretario de Tribunal y, tras pasar un examen de conocimientos, entró a la Suprema Corte como secretario de Estudio y Cuenta del ministro José Fernando Franco González Salas, con fama de pertenecer al ala conservadora. A él, Gómez Fierro le unió el interés por la historia, de la que es lector asiduo.

Sus antiguos compañeros del máximo tribunal señalan el perfil técnico y discreto de Gómez Fierro. El académico Alfonso Herrera, que trabajaba en el equipo de otro ministro, recuerda que los proyectos de su compañero “eran muy cuidados, con un esfuerzo por el lenguaje claro, judicial, pero tratando de presentar novedades en la estructura”. “Pese a la filosofía conservadora de González Salas, él siempre se mostraba abierto a otras opiniones para mejorar sus proyectos”, señala. Gabino González, secretario de Estudio del exministro José Ramón Cossío, lo describe como una persona “reservada, metida en su trabajo y nada estridente”.

Un perfil bajo que supo mantener desde su nombramiento como juez en 2015, pero que ha quedado resquebrajado en los últimos meses. Sus recientes decisiones han sorprendido a sus antiguos compañeros por su contundencia e interpretaciones novedosas, con citas frecuentes a precedentes de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Herrera apunta al carácter general de la suspensión de la reforma eléctrica, algo que enfadó a López Obrador. “Ha construido criterios que sorprendieron a muchos. Él justifica en un tema de igualdad, de no discriminación, el que la suspensión de la reforma eléctrica tenga efectos generales. A pesar de no ser novedoso, aplicarlo a este caso que era primera línea del poder político, mostrarse con esa soltura, sí es meritorio”, sostiene. “Muchos podemos no estar de acuerdo, pero está bien fundamentado”.

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Sobre la firma

Jon Martín Cullell
Es redactor de la delegación de EL PAÍS en México desde 2018. Escribe principalmente sobre economía, energía y medio ambiente. Es licenciado en Ciencias Políticas por Sciences-Po París y máster de Periodismo en la Escuela UAM- El PAÍS.

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