México investiga tres viajes a Andorra del fiscal que liberó la fortuna del abogado de Peña Nieto

La Fiscalía General de México (FGR) investiga tres viajes “inusuales“ a España y Andorra de Alberto Alcántara Martínez, excoordinador general de Investigación de esa institución. El alto funcionario favoreció presuntamente el archivo de la causa contra el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, que está siendo investigado en el Principado por blanqueo de capitales. Collado, letrado del expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocultó 120 millones de dólares (107 millones de euros) en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015. Las gestiones de Alcántara lograron que se desbloqueara este dinero.

La fiscalía mexicana investiga supuestas irregularidades de funcionarios de esa institución que durante el mandato de Peña Nieto (2012-2018) facilitó información falsa a las autoridades de Andorra para que archivaran el caso contra Collado. Todas sus sospechas se centran en Alcántara, cesado de su puesto. Se indagan las visitas del fiscal a España y al Principado de Andorra, un diminuto país pirenaico de 75.000 habitantes entre España y Francia blindado hasta 2017 por el secreto bancario.

Alcántara se reunió en esos “inusuales " viajes con el fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, y con las jueces Canòlic Mingorance y María Àngels Moreno, que instruían la causa de Collado por blanqueo, según confirman a este periódico dos fuentes de la investigación. Acudir a Andorra a entregar los resultados de una investigación en México fue algo fuera de la común que causó sorpresa, según las fuentes consultadas. Las comisiones rogatorias (petición de ayuda judicial) entre los dos países se hacen siempre por correo. Alcántara no ha querido responder a las peticiones de comentario de este periódico.

¿De qué se habló en los viajes que se investigan? “El objeto principal de esos viajes era convencer a las autoridades de Andorra de que Collado era un ciudadano ejemplar y que el origen de su dinero era lícito. Alcántara, más que un fiscal, parecía el abogado de Collado”, asegura una fuente conocedora de los encuentros. “El Banco de México, Hacienda, Presidencia, todos se confabularon para liberar los fondos de Collado”, apostilla.

La estrategia de Alcántara y de la Fiscalía del Gobierno de Peña Nieto, tal y como desveló este diario, consistió en iniciar una investigación en México sobre los fondos de Collado para justificar su origen, archivar el caso y evitar que la Justicia de Andorra continuara con la causa al ser un hecho ya juzgado. Así, elaboraron un informe en el que se bendecía el origen de la fortuna de Collado. “Se desprende que [Collado] obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal (neap)”, afirmó entonces la representante del Ministerio Público mexicano Anahí Marcela Mendoza.

La Fiscalía de Andorra puso pegas a la presentación del citado informe, pero Alcántara volvió de nuevo con el documento validado por un juez. En 2018, sus gestiones lograron que la Justicia andorrana archivara de forma provisional el caso y se liberaran los 93 millones de dólares (76,5 millones de euros) que acumulaba entonces el rosario de cuentas del influyente abogado. El informe de la Procuraduría General de la República (PGR) de México -que es como se llamaba entonces la Fiscalía- justificaba el origen y la legalidad de la fortuna del letrado de los poderosos.

Investigación irregular

La Fiscalía General de México ha remitido una comisión rogatoria a Andorra en la que informa que investiga a Alcántara por un delito contra la Administración de Justicia. El Ministerio Público pide conocer la información sobre los tres viajes de este alto funcionario y cualquier dato que acredite su participación en la investigación sobre Collado. Un letrado que, junto a Peña Nieto, ha defendido a relevantes figuras del establishment mexicano, como el líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps; el exgobernador de Quintana Roo, el priista Mario Villanueva; a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.

“Tres viajes inusuales de Alberto Alcántara, coordinador general de Investigación, bajo el concepto de reuniones de trabajo con diversas autoridades de procuraduría de justicia, fueron realizados como comisiones extraordinarias de trabajo”, dice el escrito que firma Guadalupe Rodríguez Cruz, directora de Asistencia Jurídica Internacional.

Y lo argumenta así: “La carpeta de investigación se inició con motivo de la denuncia formulada por Collado (el abogado inició en México el procedimiento), actuaciones que en todo momento fueron avaladas por Alberto Alcántara solicitando al Gobierno del Principado de Andorra que sobreseyera la causa por haberse decretado el no ejercicio de la acción penal. De ahí que concluya que dicha investigación fue integrada de manera irregular y que la determinación concretada fue contraria a derecho, ocasionando con ello que el Gobierno de Andorra fuera mal informado de dicha investigación”.

El caso Collado dio un giro inesperado en julio de 2019. Ya con Andrés Manuel López Obrador en el Gobierno, el abogado fue detenido en México por lavado de dinero y delincuencia organizada (delitos similares por los que se archivó provisionalmente su causa en Andorra). Y, un mes después del arresto, el juzgado andorrano que investigaba al letrado reabrió la causa y congelaba 93 millones de dólares (76 millones de euros) del abogado del poder.

Las neap impulsadas por Alcántara se convirtieron en el arma principal para paralizar la investigación de Collado y otros protegidos de Peña Nieto con fondos millonarios ocultos en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Este recurso estratégico forzó el archivo de la causa andorrana contra Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México y poderoso mandatario del PRI. Del Mazo ocultó 2012, cuando era alcalde de Huixquilucan, 1,5 millones en la BPA, según reveló EL PAÍS.

La BPA fue cerrada en 2015 por las autoridades andorranas por corrupción. La entidad aceptó como clientes a políticos del PRI; a la trama de exministros de Hugo Chávez (1999-2013) que saqueó 2.000 millones de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA); y a altos funcionarios de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador que cobraron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de obras. Las mafias china y rusa también recurrieron a esta institución financiera.

Seis días antes de su detención en México por presunto blanqueo de capitales, Collado transfirió 11,6 millones de dólares (10,5 millones de euros) desde Andorra a una cuenta en el BBVA en Madrid. El destinatario del dinero sigue siendo un misterio.