Los dos años negros de la economía mexicana

En julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció en un encuentro con directivos de la patronal que su objetivo era acelerar la economía mexicana hasta un ritmo medio del 4% anual durante su sexenio. Fue una de sus primeras apariciones públicas como presidente electo y el por entonces futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzua, veía incluso posible alcanzar una velocidad de crucero del 5% en la segunda mitad del mandato. Un objetivo muy exigente que pretendía romper el círculo vicioso que ha mantenido a México desde hace tres décadas con un crecimiento medio inferior al 2,5%, una tasa demasiado baja para enfrentarse a su mayor problema: la pobreza.

Dos años y medio después, entrado ya el tercer año de la sexenio, los datos acumulados de los últimos ocho cuatrimestres arrojan una caída del PIB del 4,3%, los peores dos años desde el mandato en los ochenta de Miguel de la Madrid. La economía mexicana ya había cerrado 2019 con una caída del 0,1%, el primer retroceso en una década. Y en 2020, atravesado por impacto mundial de la pandemia, el hundimiento ha sido del 8,5%, según los datos preliminares publicados este viernes por el INEGI.

Las previsiones tanto del Gobierno como de los organismos internacionales son que México alcance el anhelado 4% al cierre de este año gracias al efecto rebote. En todo caso, el país norteamericano será, según los cálculos del FMI, una de las grandes economías que más tarden en recuperar el terreno perdido. Es cierto que la pandemia ha pulverizado sin piedad los planes y las previsiones de todo el planeta. Pero el panorama mexicano, más allá de la gestión de la crisis, ya era nebuloso antes del estallido.

Volvamos a finales de 2018. La locomotora estadounidense, el primer socio comercial de México, destino del 80% de las exportaciones −que a su vez suponen el 35% del PIB del país− cabalgaba a lomos de las rebajas fiscales de Donald Trump un ritmo cercano al 3%, la mayor tasas desde el crash financiero de 2009. López Obrador arrancaba su mandato con una tasa de crecimiento en torno al 2% y, tras las fricciones con el sector empresarial que marcaron la campaña electoral, coronaba la nueva sintonía con la creación del llamado Consejo Asesor Empresarial, formado por los magnates más poderosos del país. “Es fundamental lograr el crecimiento y se necesita el esfuerzo de todos”, era el lema del presidente.

Las desavenencias, sin embargo, regresaron pronto. En octubre, el aún presidente electo anunció una polémica consulta ciudadana para decidir si seguía adelante con las obras del nuevo aeropuerto de la capital, uno de los proyectos estrella del Gobierno de Enrique Peña Nieto. La cancelación definitiva de uno de los mayores proyectos de infraestructura -con 467 contratos ya firmados y un presupuesto estimado de 13.000 millones de dólares- volvió a abrir las heridas con los empresarios, obligando además al gobierno a un sobresfuerzo millonario en la compra de parte de los bonos del aeropuerto fallido. A la vez, el parlamento, también en manos de Morena, lanzaba una iniciativa regulatoria del sector financiero y se comenzaba a desmantelar parte de la liberalización energética con la cancelación de subastas eléctricas.

Los problemas también comenzaron en la relación con EE UU. En julio de 2019, la amenaza de Trump de imponer aranceles si México no actuaba con mano dura en su fronteras hundía peso. Tres días después de desactivar la bomba y llegar a un acuerdo, el secretario de Hacienda, Carlos Urzua, renunciaba a su cargo por profundas discrepancias con el presidente. “Desde antes de la pandemia, ya había problemas e incertidumbre generados por la heterodoxia de la política económica de López Obrador”, apunta Alberto Ramos, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina.

Desplome de la inversión y el consumo

En el plan inicial, la demanda interna era una de las grandes esperanzas. Sin embargo, tanto la inversión como el consumo registran caídas continuadas desde antes del comienzo de la pandemia. Resalta sobre todo, la inversión fija bruta, destinada a la construcción, maquinaria y equipo, uno de los mejores termómetro para medir la salud del tejido productivo. Desde agosto de 2018 ha marcado una linea descendente registrando caídas de hasta 21 meses consecutivos. A pesar de los planes de infraestructura presentados en coordinación entre el sector público y privado, lejos quedan los objetivos del arranque del sexenio de alcanzar un 25% del PIB%.

“Las alianzas para los planes de infraestructura son correctas pero insuficientes. Porque las políticas públicas generan la impresión de que en México no se respetan los contratos y las reglas del juego pueden cambiar en medio de la partida”, señala Carlos Serrano, economista-jefe del BBVA-Bancomer. En la misma línea se pronuncian los analistas del Banco Base, destacando “acciones como la cancelación de la construcción de una planta cervecera en Mexicali, cambios sustanciales al marco regulatorio del sector energético o una campaña en contra de la autonomía del Banco de México y algunos órganos reguladores en materia de competencia”.

El estallido de la pandemia expandió las turbulencias previas para una economía abierta, muy interconectada y que llegó a esta crisis con las defensas bajas. La respuesta del Gobierno ante la sacudida también ha estado rodeada de polémica. Mientras la mayoría de los países no dudaron en poner en marcha ambiciosos planes de estímulo fiscal y apoyo a las empresas, López Obrador se limitó a amarrar bien los subsidios para los más pobres y lanzó un modesto balón de créditos para las empresas más pequeñas y los funcionarios.

“No hubo una identificación de los sectores estratégicos que había que proteger y la incertidumbre ha dañado profundamente al mercado interno”, señala José Luis de la Cruz, encargado de asuntos económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Más de un millón de pequeñas y medianas empresas no han sobrevivido a este 2020, según datos del INEGI. Mientras que la doble subida del salario mínimo, el mayor incremento en 40 años, se ha visto ensombrecido por el golpe al empleo durante la pandemia. La pobreza laboral, la población cuyo salario no le alcanza para adquirir la canasta alimentaria básica, subió hasta el 44%.

De la Cruz prefiere hablar, en todo caso, “de divergencias y no de divorcio con el sector privado”. Desde la patronal celebran los proyectos de infraestructura lanzados conjuntamente con las empresas por valor de 42.000 millones de dólares, pero subrayan la preocupación en el sector energético, donde incluso los congresistas estadounidenses levantaron la voz en octubre para denunciar un supuesto trato regulatorio preferente a las paraestatales -Pemex y CFE-, hasta el extremo de postergar o incluso cancelar totalmente permisos para empresas energéticas estadounidenses.

La paradoja de la deuda

La respuesta del Gobierno a la pandemia, su tajante negativa aumentar el gasto púbico mediante la contratación de deuda, encierra además una paradoja, quizá marcada por el pasado económico del país repleto de traumáticas devaluaciones y graves problemas con la deuda externa. “México ha sido bastante disciplinado y ortodoxo en la política macroeconómica. Incluso demasiado. Tiene espacio fiscal suficiente para tomar medidas expansivas. Mucho más que por ejemplo, Brasil, que sí lo ha hecho”, añade el analista de Goldman Sachs. Mientras que la deuda pública de Brasil supera el 90%, en México apenas ronda el 50%. El déficit, pese a doblarse este año, supone el 5.2% del PIB. Y la inflación, un 4%, ligeramente por encima del objetivo del Banco de México.

La austeridad, además, tampoco ha sido premiada por los mercados. “Uno pensaría que un programa de contención el gasto tan fuerte tendría el visto bueno de las agencias de calificación y aliviaría el coste de los bonos. Sin embargo, no ha sido así”, subraya el economista-jefe del BBVA-Bancomer. La calificación de la deuda soberana ha ido empeorando hasta colocarse en el nivel más bajo dentro del grado de inversión, a un baso del llamado bono basura, en las tres agencias de referencia.

Una de las causas principales de las malas notas es Pemex, cuya salvación es una de las prioridades de López Obrador, corriendo el riesgo de arrastrar consigo a las finanzas públicas mexicanas. Su producción de crudo no deja de menguar, arrastrando pérdidas millonarias y engordando una deuda −110.000 millones de dólares en 2019− que la convierte en la petrolera más endeudada del mundo. El presidente, sin embargo, no desiste en su empeño con un millonario plan de rescate y polémicas decisiones como la construcción de una nueva refinería. Otros proyectos, como el Tren Maya o la reforma del aeropuerto militar de Santa Lucía, con presupuesto de unos 20.000 millones de dólares entre las tres obras, también han despertado críticas acerca de su idoneidad en un contexto de tanta exigencia para las arcas públicas.

El futuro, coinciden en aconsejar los analistas, debería pasar por recuperar el vigor en la inversión privada -que representa más del 85% de la total- y encaminarse definitivamente a una reforma fiscal, uno de los motivos de la renuncia de Urzúa al frente de la Secretaría de Hacienda. La recaudación en México es la más baja de la OCDE y también menor que la mayoría de países latinoamericanos. “México tiene un problema estructural con la recaudación -apunta Serrano- que durante mucho tiempo se compensó con los ingresos fiscales de Pemex. Hoy ya no es posible y la presión sobre el gasto y el aumento de la deuda pública obligarán a por fin elevar la base imponible y quitar excepciones”.