Diputados de Durango denuncian torturas a la doctora acusada de desconectar al magistrado internado con covid
El Partido del Trabajo afirma que Azucena Calvillo fue obligada a confesar su culpa y pide a la Fiscalía que asuma el caso
Azucena Calvillo, la doctora del hospital 1 del IMSS en Durango acusada de haber intentado desconectar del equipo respiratorio al magistrado Héctor Silva Delfín, no deja de recibir apoyos. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) ha salido también en su defensa: ha pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso porque no encuentran suficientes garantías en Durango. En una rueda de prensa afirmaron que la doctora, en las casi 20 horas que estuvo detenida mientras su marido denunciaba su desaparición, fue “torturada física y psicológicamente”. Según los diputados de este partido, al salir del trabajo, el pasado lunes, fue secuestrada por la policía y conducida a una casa, “se supone que de seguridad”, donde la amenazaron con matarla a ella, a su hija y a su marido si no firmaba una declaración inculpándose de haber intentado asesinar al magistrado, ingresado por la covid-19. El marido de Calvillo, Leonel Soto, no ha querido hablar acerca de las torturas para “no perjudicar el proceso”.
A pesar de que la Fiscalía da por seguro que la doctora Calvillo es la autora del intento de homicidio, el magistrado ha sido trasladado a otro hospital. El caso se complica por momentos. Nadie ha citado todavía un posible móvil que incitara a la doctora a acabar con la vida del magistrado. Las pruebas de la Fiscalía se limitan a la grabación del supuesto vehículo de Calvillo entrando a las cuatro de la madrugada del pasado domingo en el hospital y a un vídeo donde una persona cubierta por completo con el equipo de protección anticovid entra en el cuarto del magistrado y manipula los aparatos de la respiración asistida. “Había tres doctores atendiendo al paciente durante el día. De todos, quién más le gustó [a la Fiscalía] fue Azucena Calvillo”, ironizó el diputado del PT Alfredo Femat Bañuelos, quien dijo, además, haber sido vecino de la doctora, a quien conoce desde niña.
El diputado hizo una leve cronología de lo sucedido en la habitación del magistrado el pasado viernes cuando Calvillo llegó a su turno vespertino y encontró al paciente con “una saturación del 63%”. Estaba, dijo Femat, acompañado por su hermana Velia Patricia Silva Delfín, quien fue delegada del IMSS en Durango hasta enero. Ahora tiene el mismo cargo en Tamaulipas. A decir del diputado, la hermana del paciente reprochó a la doctora haber descuidado por unos momentos al magistrado en plena crisis respiratoria, a lo que Calvillo respondió que acababa de entrar en su turno, se había puesto el equipo protector y acudido por anestesia para intubarlo. Siempre según la versión del diputado, la hermana del paciente “estaba molesta y preocupada y mandó llamar a los funcionarios del hospital y a una doctora anestesióloga”. “Azucena, a las 20.30 horas, [cuando acabó su jornada] dejó al paciente estable”, ha dicho Femat.
El lunes, cuando la jefa de terapia intensiva acudió de nuevo al trabajo, los compañeros le comentaron que había rumores que la acusaban de haber tratado de asesinar al magistrado, a quien salvó el equipo médico gracias a que sonaron las alarmas de las máquinas al ser desconectado. Si Azucena salió preocupada del trabajo ese día no le faltaban razones. Fue secuestrada por “los gorilas vestidos de policía” por casi 20 horas. Nadie le dijo al marido que estaba detenida cuando acudió a denunciar su desaparición. El martes de madrugada salió en libertad, agradeciendo entre lágrimas, conmocionada, a los compañeros que la aguardaban manifestándose a las puertas de la fiscalía. Su caso tiene similitudes con otro ocurrido en Chiapas entre un médico y un paciente de renombre enfermo de coronavirus.
Los diputados del PT pidieron este miércoles al jefe del IMSS, Zoé Robledo, que investigue el proceder de la actual delegada del IMSS en Tamaulipas, mientras acompañaba a su hermano en el hospital. Y reprocharon la actuación de la Fiscalía: “Creíamos que con la 4T se habían acabado las prácticas de García Luna de sacar rápido un responsable. Nos preocupa”. La fiscal, Ruth Medina Alemán, ha asegurado también que en la habitación del magistrado se halló una jeringuilla con una sustancia que no han determinado y que “intentaron aplicarle”.
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