Una víctima de violación: “El Estado mexicano no está interesado en resolver la violencia contra las mujeres”

Aída Mulato, de 35 años, se apoya sobre las más de mil hojas que tiene su carpeta de investigación por violación. La montaña de papeles pesa tanto que para transportarla, la joven de cuerpo delgado, cabello negro y ojos rasgados utiliza una bolsa de mercado. Parece una guía telefónica. Manoseada, señalada y estudiada al detalle. Mulato conoce los recovecos del expediente porque en estos dos últimos años, su vida ha girado en torno a él. Conseguir justicia se ha vuelto un proceso desgastante y revictimizante en el que ha aprendido junto a sus abogadas no solo a defenderse de su agresor, sino también del sistema de justicia. “Entiendo que las mujeres no denuncien o no concluyan sus procesos legales porque, tal y como funciona el sistema, los agresores nos pueden seguir violentando en complicidad con las autoridades. En este sistema machista en el que vivimos, pesa más cómo ibas vestida, si te defendiste, si te practicaste un aborto o si has tenido varias parejas. El Estado mexicano no está interesado en resolver la violencia contra las mujeres”, sentencia Mulato.

La mujer entra por la puerta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), un edificio que ocupa toda una cuadra y al que se conoce como “el búnker”, agarrada a sus papeles. Hace unas semanas, un grupo de mujeres encapuchadas atacaron las instalaciones y quemaron cajas con expedientes como protesta por la represión policial a tiros en una manifestación contra el feminicidio de la joven Alexis en Cancún, Quintana Roo. Este 25 de noviembre, día para erradicar la violencia de género, miles de mujeres protestarán en el país contra un Estado que no las protege. El hartazgo y la sensación de que la justicia nunca alcanza a las mujeres en México, ha convertido a las fiscalías y procuradurías ―encargadas de investigar las denuncias― en uno de los blancos de las protestas feministas. En un país en el que 10 mujeres son asesinadas al día y la tasa de impunidad de los delitos supera el 95%, solo una de cada diez se atreve a denunciar, de acuerdo con datos oficiales.

Hay una palabra que flota sobre todos estos casos de violencia: revictimización. A la sensación de inseguridad en el país, se suma un sistema incapaz de proteger a las mujeres que las violenta en cada paso. La investigación de Aída estuvo plagada de tantas irregularidades, que acabó en el fondo de un cajón, como la mayoría de experdientes. En el primer peritaje psicológico que le hicieron, las especialistas de delitos sexuales copiaron y pegaron la información de otro caso que no tenía nada que ver con la denuncia de Mulato. En 2020, la Fiscalía reconoció en un informe que había hecho mal su trabajo y por lo tanto, que no podía cerrar el caso. Se faltó al debido proceso y no se aplicó en ningún momento la perspectiva de género. Ahora, el Estado mexicano está obligado a reparar el daño. “Mi caso ya había sido archivado, pero fue rescatado de nuevo cuando la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo incluyó junto a otros 16 casos de víctimas de violencia sexual en la recomendación 08/2019, por violencia institucional”, subraya.

“La violencia institucional se ejerce contra las mujeres en todos los niveles del Estado y está recogida en la ley a nivel federal y en las leyes estatales”, explica Suhayla Bazbaz, directora de la organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS). Policías, fiscalías y jueces violentan a las mujeres cuando no les dan un trato digno, se las intenta disuadir para que abandonen la denuncia, se las prejuzga o no se aplica la perspectiva de género ni en la investigación ni en el juicio. Un ejemplo de ello es el feminicidio de Abril Pérez hace un año y la cadena de errores jurídicos y periciales que acabó con su vida, su marido, el principal sospechoso está prófugo.

“También violentan los funcionarios del poder legislativo y ejecutivo cuando se criminalizan las protestas feministas o se aprueban leyes en contra de sus derechos”, explica Bazbaz. Desde que llegó la nueva fiscal al cargo hace dos años, Ernestina Godoy, la FGJ ha abierto 300 carpetas de investigación por delitos sexuales contra policías y elementos de la Guardia Nacional y la Sedena. Ocho de cada 10 ocurrieron cuando los servidores públicos se encontraban de servicio, señalan desde CCIS. Solo han conseguido llegar ante un juez el 13% de ellas. “La Fiscalía de delitos sexuales tiene ahora mismo 9.000 carpetas sin resolver y otras 19.000 en la Fiscalía que se encarga de violencia familiar”, comenta Ximena Ugarte, Asesora Jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Aída, que forma parte de ese 10% visible que denuncia, se adentra en el laberinto de ventanillas y despachos del “búnker” hasta dar con el escritorio del ministerio público (MP) que lleva su caso. La silla está vacía. La funcionaria que investigaba su carpeta ha sido transferida a otra unidad sin previo aviso y su compañera será la encargada de dar continuidad a las investigaciones: 235 casos más que acaba de heredar además de los propios. La funcionaria comienza a leer un expediente equivocado hasta que la víctima le explica que ese no es su caso. Vuelve a revisar entre las montañas de archivadores y pasados unos minutos da con la carpeta correcta. Mientras, los papeles apilados y las cajas de cartón llenas de documentos se acumulan en los pasillos, sobre las mesas y las sillas. La sensación es caótica.

Como la nueva fiscal no conoce el asunto, la joven tiene que volver a contar, otra vez, detalles de su violación a manos de un médico, un funcionario público. Alguien que, según el relato de la víctima, se aprovechó de la relación de confianza para drogarla y abusar de ella. Pese al tirón de orejas de la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía volvió a incorporar una nueva evaluación psicológica llena de prejuicios, detalles de su vida personal que nada tenían que ver con la violación y nuevos datos falsos.

“Hay una falla sistémica que tiene que ver con la cultura patriarcal y con actos y omisiones de los servidores públicos que no cumplen la obligación del Estado de respetar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Decir que es un problema sistémico no reduce la responsabilidad de quienes están en un cargo público”, concluye Suhayla Bazbaz. Ximena Ugarte está de acuerdo con esta afirmación y agrega: “En este país las mujeres consiguen justicia a base de pelearla ellas mismas. Si ellas no luchan, el Estado no las protege”.

Después de más de dos horas, Aída Mulato sale de la Fiscalía con un sabor amargo en la boca. “Debemos hablar de la importancia que tiene poder juzgar y condenar a los agresores sexuales, porque la violación es la antesala del feminicidio. Si están matando a 10 mujeres al día en México es porque el Estado no está haciendo lo que le corresponde”. Su lucha por conseguir justicia todavía no acaba.