De Ayotzinapa a la matanza del líder de H2: los múltiples interrogantes del pasado de Cienfuegos

En junio de 2015, Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército mexicano, concedió una entrevista a un diario nacional. Era extraño, los secretarios de la Defensa no suelen prodigarse en los medios, pero Cienfuegos, que cumplía tres años en el cargo, decidió hablar. Entre otras cosas, el general identificó media docena de riesgos para la seguridad nacional. Uno era la corrupción: “Se puede convertir en una amenaza si no se pone la atención debida para que esta sea contenida”.

Vistas las acusaciones de narcotráfico en su contra, la pregunta es a qué corrupción se refería. Según el escrito de la fiscal del distrito este de Nueva York, Cienfuegos intercambió miles de mensajes con el grupo delictivo del H2, una escisión de la red criminal de los Beltrán Leyva. El general aseguró el trasiego de drogas a este grupo y evitó que el Ejército les molestara, según el escrito del fiscal. Los investigadores manejan una horquilla temporal que arranca en diciembre de 2015 y concluye en febrero de 2017, aunque abren la puerta a que la colaboración del militar con grupos de narcotraficantes hubiera empezado desde antes. “Entre las comunicaciones interceptadas en el curso de esta investigación (...) las hay en las que el acusado comenta su ayuda histórica a otra organización de traficantes de droga”.

La aparente contundencia de la acusación abre cantidad de interrogantes, muchos sobre el pasado del general. Cienfuegos, que se retiró al concluir el Gobierno de Enrique Peña Nieto (20012-2018), vistió de verde olivo durante más de 50 años. Pasó por cuarteles de todo el país y comandó las regiones militares de Chiapas, Ciudad de México, Jalisco y Guerrero.

Sin mencionarlas, el escrito de acusación apunta directamente a dos regiones: la costa del Pacífico, de Jalisco a Nayarit y el Estado de Guerrero. Nayarit era el feudo del grupo del H2. Mediáticamente no se sabía demasiado de ellos, hasta que en febrero de 2017, un grupo de marinos liquidó a 14 integrantes de la red en Tepic, la capital de Nayarit. Más allá de la cantidad de muertos, los medios voltearon a Tepic por la espectacularidad del enfrentamiento. Durante semanas, vídeos del operativo circularon por redes sociales. En algunos aparece un helicóptero artillado que tirotea a los presuntos criminales desde el aire. Uno de los muertos fue precisamente Francisco Patrón, alias el H2.

Con la muerte de Patrón, la colaboración de Cienfuegos con su grupo terminó. Al menos eso se desprende del escrito de acusación, que dice que el general colaboró con esta red desde diciembre de 2015 hasta entonces. No se sabe todavía de dónde nace la acusación contra Cienfuegos, pero justo hace un año, la justicia de Estados Unidos condenó al exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, a 20 años de cárcel por narcotráfico. La acusación era parecida a la que hay contra Cienfuegos: colaborar con el grupo del H2. Durante las últimas semanas, ha trascendido que Veytia ha pedido que se revise su sentencia, presuntamente por su colaboración con la justicia.

Original de Sinaloa, justo al norte de Nayarit, el grupo criminal de los Beltrán Leyva extendió sus tentáculos hace más de una década por el Estado de Guerrero, clave en la producción de marihuana y amapola. Cienfuegos fue comandante de la región militar de Guerrero de junio de 2005 a enero de 2007. Tras la muerte y la captura de sus líderes, la red de los Beltrán Leyva se deshizo en grupúsculos criminales, caso por ejemplo de Guerreros Unidos.

Durante los últimos 15 años, las capacidades de estos grupos parecían menores, pero el caso Ayotzinapa mostró que esto no era del todo cierto. En septiembre de 2014, Guerreros Unidos atacó a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Los criminales obtuvieron ayuda activa o pasiva, consciente o inconsciente, de policías de varios municipios, policías federales, policías ministeriales y militares. Durante la investigación trascendió que Guerreros Unidos manejaban rutas de trasiego de droga hasta Estados Unidos.

Desde el principio, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos durante el ataque de Iguala pidieron a los investigadores que indagaran al Ejército. Sin ser los que lanzaron el ataque, los militares evitaron proteger a los estudiantes, incluso cuando vieron a alguno herido de bala en el hospital. Las familias pidieron entrar en los cuarteles de Iguala, investigar la cadena de mando, pero no se hizo. La última palabra siempre la tuvo Cienfuegos.