EE UU acusa al general Cienfuegos de producción, distribución de drogas y lavado de dinero

La justicia estadounidense ha dado a conocer detalles sobre el presunto papel criminal del jefe de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018. El exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos está acusado de producir y distribuir drogas hacia Estados Unidos, además de otros delitos por lavado de dinero entre 2015 y 2017. El que fuera la cabeza más alta después del presidente, encargado de la seguridad del país, ha sido señalado como un operador valioso para uno de los cárteles mexicanos más violentos, el de los Beltrán Leyva, una escisión del Cartel de Sinaloa con base en el Estado de Nayarit. Se trata de la primera vez en la historia de México que un máximo responsable de las Fuerzas Armadas es detenido. Su acusación por narcotráfico es un golpe al hígado de las estrategias de los dos Gobiernos anteriores en la lucha contra el crimen organizado.

La orden de detención del departamento de Justicia de EE UU sobre Salvador Cienfuegos

El exsecretario, a quien la justicia se refiere con el sobrenombre de El Padrino, fue acusado e investigado desde 2019 y los detalles se han hecho públicos este viernes. Las autoridades judiciales aseguran que tienen “miles de comunicaciones” entre Cienfuegos y “altos mandos” del cartel heredero de Los Beltrán Leyva, una escisión del poderoso cartel de Sinaloa. El documento de la Fiscalía de Nueva York, que lleva el caso, hace referencia al apodo por el que era conocido su líder, Juan Francisco Patrón, alias El H2, que tomó el control del cartel tras la detención de su fundador, Héctor Beltrán Leyva, El H, en 2014. El H2 fue abatido por una operación del Ejército en 2017, bajo las órdenes de Cienfuegos.

Detenido para evitar un “alto riesgo de fuga”

A las tres menos cuarto de la tarde de Los Ángeles, el general ha aparecido por videoconferencia ante el juez Alexander MacKinnon en la Corte Federal de Los Ángeles. Cienfuegos llevaba una chaqueta y una camisa aparentemente azul claro. Iba con mascarilla. Estaba en una pequeña habitación con azulejos blancos y una mampara delante que impedía verlo con claridad. Compartía la pantalla de la videoconferencia con otras siete personas.

El que fuera el jefe máximo del Ejército mexicano ha contestado en inglés al juez. Señaló una vez “es correcto” y seis veces “sí” a las preguntas protocolarias, como confirmar cuál era su nombre y si le habían leído los cargos en español. Cuando le preguntaron si entendía lo que el Gobierno de Estados Unidos afirma que ha hecho, contestó: “Lo entiendo, señoría”.

El Gobierno de Estados Unidos pide que Cienfuegos permanezca detenido de manera incondicional para evitar la fuga. Este viernes, en una audiencia preliminar de apenas seis minutos, no se entró en el fondo de esta cuestión. Se debatirá el próximo martes, a las 13.00 horas locales de Los Ángeles, en el mismo juzgado y por videoconferencia, en la que no es necesario que participe Cienfuegos en persona. En esa vista, la defensa prevé presentar una petición de libertad bajo fianza. Cienfuegos permanecerá detenido en Los Ángeles hasta entonces. Solo los primeros tres cargos le pueden suponer una pena mínima de 10 años de prisión cada uno, que la acusación puede incrementar hasta la cadena perpetua.

En las intervenciones a las que hace referencia la Fiscalía señala que el exministro se le identifica con nombre, apellidos, cargo, e incluso foto, como la persona que estaba ayudando a las operaciones de narcotráfico. Además, las comunicaciones coinciden con alijos incautados en Estados Unidos. “El acusado puso por delante su avaricia personal sobre las obligaciones que juró como servidor público, ya que aseguró la protección y el éxito de una de las organizaciones de narcotráfico mexicanas más violentas”, agrega el escrito.

Como titular de Defensa (2012-2018), Cienfuegos “abusó de su cargo público para ayudar al cartel del H2, una organización de tráfico de drogas mexicana extremadamente violenta, a introducir miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos”, asegura la Fiscalía de Brooklyn (Nueva York) en su petición de que Cienfuegos permanezca detenido en territorio estadounidense pues “presenta un alto riesgo de fuga”. El documento de la Fiscalía destaca además que Cienfuegos es ciudadano mexicano, reside allí y prácticamente no tiene relación con Estados Unidos. Antes de este viernes, la anterior vez que había cruzado la frontera fue en marzo de 2019.

Las pruebas obtenidas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra Cienfuegos incluyen “la interceptación de miles de mensajes de Blackberry” y revelan hasta qué punto el máximo responsable de Defensa en México ayudaba a las operaciones del cartel a cambio de sobornos. Entre otras cosas, “se aseguraba de que no hubiera operaciones militares contra el cartel del H2; lanzaba operaciones contra organizaciones de narcos rivales; buscaba transporte marítimo para envíos de droga; realizó acciones para expandir el territorio controlado por el cartel a Mazatlán y el resto de Sinaloa y presentaba a los líderes del grupo criminal a otros cargos del Gobierno dispuestos a ayudar a cambio de sobornos”, según se detalla en el comunicado de la Fiscalía. Gracias al presunto trabajo de Cienfuegos, el cartel del H2 llevó a cabo su actividad delictiva en México sin “interferencia significativa” del Ejército, señala la Fiscalía. Y la organización criminal se pudo dedicar impunemente al tráfico internacional de drogas.

Desde su cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, Cienfuegos dirigía la cooperación con Estados Unidos. Según los documentos entregados al juzgado, informaba al cartel de las investigaciones que llevaba a cabo su vecino del norte y les revelaba quiénes eran los testigos e informantes. “Esto llevó al asesinato de un alto mando del cartel que los narcos creyeron erróneamente que estaba ayudando a Estados Unidos”, se lee en el informe de la Fiscalía.

En 2017 en un espectacular operativo del Ejército en Tepic (Nayarit), sede del cartel de los Beltrán Leyva, El H2 fue abatido junto a otros 11 sicarios. Las autoridades mexicanas de entonces celebraban la captura de uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Peña Nieto, pero lo que registra la Fiscalía de Nueva York es que esto pudo deberse a una maniobra para silenciar al capo.

El documento de la Fiscalía estadounidense insiste en el alto riesgo de que Cienfuegos escape de la justicia si no permanece detenido en su territorio. “El acusado probablemente buscaría aprovechar sus conexiones con miembros de alto nivel del cartel del H2 en México, así como con altos funcionarios corruptos del Gobierno anterior para ayudarlo a huir”, señala en un ataque directo a las debilidades de la política mexicana.

El general, de 72 años, está siendo investigado por la misma Corte de Nueva York que lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, y que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Y su captura supone el golpe más importante al Ejército mexicano desde la detención del militar Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997 —considerado el zar antidrogas del Gobierno del expresidente Ernesto Zedillo—, condenado en 2007 a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado.

La detención de Cienfuegos este jueves en el aeropuerto de Los Ángeles supone un terremoto para la política mexicana y vuelve a poner en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado por sus posibles vínculos con el crimen organizado. La captura en diciembre, también en Estados Unidos, de Genaro García Luna, evidenció las primeras grietas por las que se introdujo el narcotráfico en los anteriores Gobiernos. El que fuera secretario de Seguridad Pública en la Administración de Calderón (de 2006 a 2012) está acusado de colaborar con el cartel de Sinaloa durante los años de la guerra que emprendió el entonces presidente mexicano contra este tipo de delincuencia tras su llegada al poder. Aunque en la última audiencia de la semana pasada se declaró inocente, el tribunal estadounidense que lo juzga lo señala como el brazo del Gobierno que permitió al cartel más poderoso del mundo operar con total impunidad en México a cambio de sobornos millonarios.

El nuevo golpe de la justicia estadounidense destapa la fragilidad del Estado mexicano, con dos ex altos cargos señalados por narcotráfico fuera de sus fronteras. Dos hombres directamente encargados de la seguridad de México durante las etapas más violentas del país, acusados por colaborar y operar militarmente con el crimen organizado, mientras sus Gobiernos, el de Calderón y el de Peña Nieto, se comprometían con Estados Unidos a combatir con dureza al narco mexicano.