Asociaciones de pueblos indígenas exigen al Gobierno que les reconozca sus derechos y sus territorios

La Alianza por la Libre Determinación y a la Autonomía (ALDEA), una unión de pueblos y comunidades indígenas, ha exigido este miércoles al Gobierno de México que pasen “del discurso a la acción” y aprueben la reforma constitucional que les prometió para ser reconocidos como sujetos de derecho público y tener autonomía sobre sus territorios. Efraín Avilés, vocero del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, ha expresado que a pesar de tener el reconocimiento de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, su comunidad es “violada” y los sistemas de autogestión gubernamental de su pueblo “son criminalizados", al grado de que tres defensores de su comunidad "están encarcelados”, ha informado. Antonia Urrejola, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha insistido en que garantizar la autodeterminación de los indígenas con una reforma en la Constitución les permitirá frenar la erosión de su territorio, y ha advertido de que otorgar permisos o concesiones sin el consentimiento del pueblo sobre sus tierras suele desencadenar conflictos sociales violentos.

Citlali Hernández, coordinadora de Línea de Defensa del Territorio de Serapaz, subraya que el eje de sus exigencias es que el Estado libere a los pueblos indígenas de su condición de “entidades de interés público”. Hernández explica que con esa condición legal es "cómo si fueran menores de edad tutelados por el Estado, y es este quien decide qué es lo mejor para ellos”. La reforma de la Constitución para que las autoridades reconozcan como sujetos de derecho público a las comunidades indígenas les daría autonomía propia en sus territorios con sus legítimas figuras gubernamentales, espirituales y militares.

Un ejemplo es el pueblo raramuri en Chihuahua, una comunidad de seminómadas cuyo territorio —amplio y privatizado— no está reconocido. Hernández indica que los raramuri no quieren ser comunidad agraria ni ejido, solo quieren “que se les reconozca que ese es su territorio, el lugar donde siembran y conviven”. Lo mismo ocurre en la selva Lacandona, donde los pueblos nativos han vivido en armonía con la naturaleza pero en tensión con los ecologistas, ya que no aprueban que siembren en la reserva de la biosfera que el Estado estableció. A nivel nacional no hay legislación para reconocer el territorio indígena, pese al apoyo de instituciones internacionales como la ONU o la Organización Internación del Trabajo (OIT).

ALDEA, que representa a indígenas de una decena de Estados, busca además que se validen los sistemas de seguridad que emplean los pueblos dentro de sus comunidades. Este conjunto de normas indígenas implican a toda la comunidad en la rehabilitación de los criminales. Felicitas Martínez, integrante de la Coordinadora Regional de Policía Comunitaria, defiende que sus mecanismos son igual de efectivos que los procedimientos penales y que están amparados dentro de la Organización Internacional del Trabajo y de la Constitución mexicana. La reforma constitucional otorgaría a Guerrero, su Estado natal, el reconocimiento pleno de los sistemas normativos propios de los pueblos. De aprobarse la reforma de la Constitución federal, pueblos como los de Santa María Ostula en Michoacán, donde los indígenas no tienen autoridad para defenderse, podrían mejorar las condiciones de su policía comunitaria en los conflictos con los grupos armados que asaltan su territorio.

El vocero Efraín Avilés reconoce que el proceso a la autodeterminación es largo y sacrificado. En 2017 un tribunal reconoció los derechos del pueblo indígena en Nahuatzen para que gestionen sus recursos en función del índice de población de la comunidad. Poco después, dos compañeros concejales que participaron en la lucha por la autonomía acabaron en la cárcel. Avilés sostiene que el Gobierno de Michoacán “vio sus intereses económicos afectados, ya que no tendrían acceso libre a los recursos” y por ello elaboraron delitos fabricados de robo de vehículo y sabotaje contra ellos.