Cuatro claves del ‘caso Ayotzinapa’ a seis años del ataque contra los 43

El ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa cumple este sábado seis años. La mayoría de interrogantes siguen abiertos, sobre todo los que hospedan preguntas importantes: ¿Qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos? ¿Por qué les atacaron? La noche de Iguala sigue siendo un misterio y no por falta de información.

Las investigaciones sobre el caso de la fiscalía mexicana, del grupo de expertos independientes auspiciado por la OEA, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del equipo de forenses argentinos, además de las publicaciones de periodistas, académicos y activistas conforman ya una tradición literaria, un campo tan profundo y extenso como caótico e inasible.

Es difícil saber qué ocurrió, porque es casi imposible saber qué es cierto y qué no. La primera parte de la investigación estuvo plagada de irregularidades. Los expertos independientes trataron de alumbrar la manipulación de sus pares oficiales y apuntaron la línea a seguir. Hasta hoy se sabe que un grupo creciente de autoridades -municipales, pero también de otros ámbitos- colaboraron con una red criminal, Guerreros Unidos, para atacar a los estudiantes. Este contubernio mafioso desapareció a 43 normalistas. Solo han aparecido los restos de dos, fragmentos óseos pequeños, sobre todo en el caso de Christian Rodríguez: las autoridades identificaron un trocito de su pie este año.

El motivo del ataque permanece en el campo de la rumorología. Los actuales fiscales tratan de poner orden dentro del caos, pero el reto es formidable y el nivel de exigencia no es menos intenso. Cansadas de buenas intenciones, las familias quieren respuestas y rechazan cualquier nueva narrativa que no esté basada en hechos concretos y probados. El hueso identificado este año les animó -y a la vez les hundió- pero la pregunta es cómo llegó ese hueso al lugar donde lo encontraron. Y qué ha pasado con ese y los demás estudiantes.

A continuación, varios puntos para tratar de poner algo de orden sobre el momento del caso:

Detenciones. Una de las principales exigencias de los abogados de los 43 es que se avance en las detenciones de personas implicadas en el ataque y de funcionarios que hicieron mal su trabajo. En el primer rubro, las autoridades capturaron en junio a uno de los presuntos líderes de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo. Según testimonios de otros detenidos, El Mochomo estaría detrás de la parte logística del ataque contra los 43. Su caso ha traído de cabeza a las autoridades, que han conseguido mantenerlo en prisión con una acusación ajena al caso Ayotzinapa. En cualquier caso, su testimonio es fundamental para mejorar el entendimiento de la noche de Iguala. En el caso de los funcionarios, las autoridades detuvieron recientemente a Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial, brazo ejecutor de la fiscalía. Arrieta aparece en un vídeo que trascendió el año pasado, torturando a uno de los detenidos, Carlos Canto, entre finales de 2014 y principios de 2015. El vídeo constata las denuncias sobre tortura que había hecho la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México. Según fuentes de la investigación que prefieren no identificarse, Arrieta se entregó a los funcionarios de la Comisión Presidencial para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, con sede en la colonia Roma de la capital. Menos conocida que Arrieta, la fiscalía ha detenido también a Blanca Castillo, ministerio público de la unidad de secuestros de la SEIDO, la fiscalía de delincuencia organizada, encargada de las pesquisas del caso Ayotzinapa durante el primer año. Castillo dio forma legal a las investigaciones lideradas por el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón y Gualberto Ramírez, jefe de la unidad de secuestros de SEIDO. La esperanza de los investigadores es que Castillo les ayude a llegar a Ramírez.

Tomás Zerón. El nombre más grande sobre la mesa es el de Tomás Zerón. Líder de los investigadores sobre el terreno, Zerón es el responsable de la famosa verdad histórica. Se trata de la versión del ataque y el destino de los 43 que dio el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). De acuerdo a esa versión, el contubernio mafioso asesinó a los muchachos, quemó sus cuerpos en el basurero de Cocula y arrojó los restos a un río. Negada por las investigaciones de los expertos independientes, la versión de Zerón y compañía acabó finalmente sepultada este año, con el hallazgo de los restos de Rodríguez, en un paraje a casi un kilómetro del basurero. La fiscalía busca a Zerón por delitos contra la administración y procuración de justicia. Zerón habría manipulado evidencia, que ayudó a construir su versión de los hechos. Según las mismas fuentes de la fiscalía, Zerón voló a Canadá a mediados de agosto del año pasado. Antes de que acabara el mes, viajó a Israel. Hace unas semanas, López Obrador pidió colaboración a las autoridades de aquel país para su entrega.

Órdenes de detención pendientes. Durante estos días se ha especulado con la posibilidad de que la fiscalía ordene, por primera vez, la aprehensión de militares vinculados al caso. Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, la fuerza de reacción del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, patrulló por el municipio, cerca de Juan N. Álvarez y Periférico, uno de los dos escenarios de los ataques. Hasta ahora, la CNDH y el grupo de expertos de la OEA habían probado que los militares llegaron pasada la medianoche a un hospital cerca de Juan N. Álvarez, donde un grupo de 25 estudiantes se refugió, después de un segundo ataque registrado en ese escenario. Los estudiantes estaban allí con un compañero, Edgar Andrés, con una herida grave de bala en la cara. Lejos de auxiliarles, los estudiantes dicen que los militares les regañaron, les amenazaron y no dejaron de apuntarles con las armas. Les decían cosas como “si se mueven les disparamos”, “sigan secuestrando autobuses”, “tengan los huevos suficientes para afrontar las cosas”. Luego les hicieron fotos, les tomaron los nombres y se fueron. El responsable de la Fuerza de Reacción esa noche era el capitán José Martínez Crespo. Si se confirma que la fiscalía busca capturar a militares vinculados al caso, Crespo podría ser uno de ellos. Aunque el caso podría escalar más. Recientemente, la revista Proceso publicó parte de la declaración de un viejo detenido, presunto integrante de Guerreros Unidos, que se ha acercado recientemente a la fiscalía a aportar información. La fiscalía lo llama Juan. Según su versión, los militares tuvieron un papel activo en la desaparición de los muchachos y su entrega a criminales de Guerreros Unidos durante el ataque.

La verdad histórica. El hallazgo de un hueso de Christian Rodríguez en la barranca de La Carnicería, a un kilómetro del basurero de Cocula, ha generado cantidad de especulaciones en torno al caso. Pero lo cierto es que ya hace años que nadie defiende que los 43 fueron quemados en el basurero. Primero el grupo de expertos independientes y luego el equipo de forenses argentinos negaron esa posibilidad, después de sus peritajes en el basurero. Desde entonces, el entorno de Zerón y de su superior en la época, el procurador Jesús Murillo Karam, han planteado que igual el grupo que fue quemado en el basurero fue menor a 43. La rectificación no oficial de la fiscalía ha ocurrido sin argumentos o pruebas. Los peritajes independientes en el basurero plantean que es difícil que se diera un fuego en el basurero de las dimensiones necesarias para deshacer a un grupo grande de personas. En todo caso, asumiendo la teoría de que un grupo menor de estudiantes acabó en el basurero, ¿qué fue del resto? El testigo Juan señala que los estudiantes fueron asesinados en diferentes lugares y sus restos repartidos en diferentes sitios. La veracidad del testigo sin embargo está en duda, dado su pasado criminal.