'CASO ODEBRECHT'

Las filtraciones y la mediatización del ‘caso Lozoya’ amenazan el buen término del proceso judicial

Los juristas alertan de que la difusión de informaciones vinculadas a la causa tras la petición de López Obrador expone las posibles condenas a una futura impugnación

López Obrador en la Suprema Corte de México, en enero de este año.
López Obrador en la Suprema Corte de México, en enero de este año.Cuartoscuro

El caso Lozoya es el escándalo del momento. Una telenovela político-legal alimentada por las filtraciones y comentada en los grupos de whatsapp familiares. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha azuzado en sus mañaneras la expectación por las revelaciones del ex director general de Pemex Emilio Lozoya sobre la presunta corrupción de políticos de primer orden. Sin embargo, en un país donde el 99% de casos no termina en sentencia, la mediatización y la reciente difusión de elementos vinculados a la causa, entre ellos un vídeo y la denuncia de Lozoya, hacen temer un descarrilamiento de la misma. Las filtraciones pueden llegar a constituir violaciones al debido proceso y exponer las sentencias a una impugnación por parte de los posibles condenados, apuntan los expertos legales consultados.

Las intervenciones presidenciales no ayudan. En la conferencia de prensa matutina del lunes, el mandatario pidió que se difundieran la denuncia de Lozoya y un vídeo presentado a la Fiscalía como parte de su colaboración. “Que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional (...). Conocer todo, porque esto ayuda a purificar la vida pública. Nada de ocultar, transparencia total”, declaró. Dicho y hecho. El martes se filtró el vídeo y el miércoles, la denuncia en la que el exdirectivo imputado embadurna a tres expresidentes y a un séquito de legisladores. El que las filtraciones se dieran poco después de solicitarlo el presidente ha sembrado las dudas sobre la autonomía del Ministerio Público, pese a haber negado este toda participación en los hechos.

La “transparencia total” reclamada por el mandatario puede ir en detrimento de la causa judicial. El conocido como “efecto corruptor”, un criterio desarrollado por la Suprema Corte de Justicia desde hace casi una década, permite desechar las pruebas si las autoridades han incurrido en violaciones del debido proceso o si han provocado “condiciones sugestivas” que conlleven “la falta de fiabilidad” de las pruebas, como reza un criterio del máximo tribunal de mayo de 2013. En otra interpretación legal de diciembre de 2016, la Suprema Corte apunta, además, al efecto que puede tener la cobertura mediática en la estigmatización del acusado. “Cuando el Estado es quien deliberadamente interviene para crear una imagen negativa y contribuye a su formación, los jueces deben ser especialmente escépticos para juzgar el material probatorio”, reza el documento. Aunque tienen un carácter orientador y no son vinculantes, tesis de este tipo pueden ser utilizadas por las defensas de los implicados para reforzar sus argumentos.

Los abogados Gerardo Carrasco y Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coinciden en que este criterio es relevante en el caso Lozoya y sus potenciales ramificaciones. “Esta norma y los precedentes pueden llegar a afectar en favor de Lozoya, Peña Nieto, Videgaray [exsecretario de Hacienda] y de las personas presuntamente implicadas. En caso de que sean condenados, un tribunal de amparo puede llegar a tomar en cuenta el show mediático de la palestra de las mañaneras y que termine en una evidente impunidad”, dice Carrasco. “Dejando las valoraciones políticas de lado, nos podríamos estar enfrentando a un escenario desafortunado. Un escándalo mediático que genera una genuina indignación pública pero que paradójicamente, por la manera en que el Gobierno esta desahogándolo, podría crear impunidad y que las eventuales sentencias sean muy vulnerables”, opina, por su parte, Salazar.

El exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío Díaz señala que el vídeo filtrado esta semana de un presunto soborno a políticos podría ser utilizado con un “valor de indicio” pero no ya como prueba. “Sí podría llegar a haber un ‘efecto corruptor’ si se sigue ensuciando el proceso y filtrando pruebas. Todos esos elementos no podrían ser utilizados”. El abogado penalista Erik Rubí coincide en que las defensas de cualquier imputado pueden reclamar la exclusión de una prueba que haya sido difundida previamente. “Las violaciones al debido proceso son argumentos sumamente fuertes que pueden servir a cualquier abogado defensor en cualquier instancia”, sostiene.

Públicamente, la Fiscalía General de la República se ha mostrado preocupada por las filtraciones que han marcado el caso desde su inicio. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, llegó a criticar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por la publicación extemporánea de información. Cuando Lozoya huyó de México, Gertz Manero sostuvo que el exdirector de Pemex había podido escapar gracias a que las filtraciones lo alertaron. Esta vez, horas después de difundirse la denuncia de Lozoya, el Ministerio Público negó estar detrás y anunció la apertura de una carpeta de investigación para descubrir su origen.

Pedro Salazar, de la UNAM, alerta de que estas acciones pueden no ser suficientes. “Que la Fiscalía sancione al filtrador es una cuestión disciplinaria interna pero no quita que haya sido la propia autoridad quien lo haya filtrado y con eso se estaría violando el principio básico de la presunción de inocencia. Y, en paralelo, tienes las declaraciones del presidente para que eso suceda”. El exministro Cossío Díaz, por su parte, ve un doble juego de parte del Ministerio Público, el estrictamente procesal y el político, que transita por un hilo muy fino. “Nos irán echando un vídeo hoy y un vídeo mañana. Creo que no van a quemar todas sus pruebas para seguir atacando en la mañanera. Sería un error histórico aventar todo para el espectáculo”, asegura.

El miedo a volver a la casilla de salida está bien fundado. En los últimos años, el Ministerio Público ha visto cómo fallos en la construcción de los expedientes y violaciones al debido proceso tumbaban causas de gran relevancia mediática. En 2018, durante el último año de Enrique Peña Nieto, la poderosa líder del sindicato de maestros Elba Esther Gordillo fue liberada tras cinco años de prisión, al no haber logrado la entonces Procuraduría General de la República probar la acusación de lavado de dinero de la que pendía todo el expediente. El caso Florence Cassez, germen del criterio del “efecto corruptor”, es otro ejemplo paradigmático. En 2013, esta ciudadana francesa, acusada de secuestro y delincuencia organizada, fue liberada tras pasar seis años encarcelada. La falta de asistencia consular así como el montaje televisivo organizado para recrear la detención y las declaraciones públicas de las autoridades exponiendo a Cassez como una criminal corrompieron todo el expediente, concluyó en su día el máximo tribunal.

Con estos antecedentes, la proclividad de López Obrador a expresarse sobre investigaciones en curso hacen temer una repetición de los reveses del pasado. “Es una denuncia muy grave”, ha dicho este jueves. “Desde luego esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en este caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen”. Además, ha reiterado su deseo de someter a consulta ciudadana el iniciar investigaciones contra los expresidentes, una iniciativa de legalidad ambigua. La Fiscalía es independiente y no puede recibir órdenes del Ejecutivo. El resultado serviría, a lo mucho, para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigara las cuentas de los exmandatarios, lo que podría eventualmente acabar en la mesa del Ministerio Público si se descubren actos sospechosos.

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