El exdirector de Pemex acusa a tres expresidentes de México de recibir sobornos de Odebrecht

Finalmente, la bomba Lozoya estalló con todo su poder destructor y promete arrasar. La política mexicana vive horas convulsas después de que se filtrara la denuncia completa de Emilio Lozoya, quien fuera director de la petrolera Pemex entre 2012 y 2016 y uno de los hombres más cercanos al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

En los 63 folios de su denuncia, Lozoya acusa de recibir grandes cantidades de dinero a 16 políticos, entre los que están citados tres expresidentes —Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari—, dos exministros, tres gobernadores en activo, dos exdirectores de la paraestatal Pemex, un excandidato presidencial de la derecha y varios senadores de los dos partidos que han gobernado México durante los últimos 90 años, el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el conservador Acción Nacional (PAN).

En su denuncia Lozoya confiesa que se repartieron maletas de dinero de la constructora Odebrecht para la campaña de Peña Nieto así como a distintos diputados para que empujaran la reforma energética, un controvertido cambio legal considerado como una de las reformas estrella del Gobierno de Peña Nieto, que permitió la entrada de empresas privadas en la explotación del petróleo mexicano.

En el documento, que llegó la noche del miércoles a todos los medios de comunicación y de cuya filtración se desmarcó la Fiscalía, Lozoya detalla fechas, lugares y cantidades concretas de los pagos realizados. Sin embargo, más allá de los nombres y cargos concretos, los 63 folios resultan un crudo retrato de la corrupción en México y del papel de la constructora y el PRI, una alianza que “sometió” al Estado mexicano, resume Lozoya en su denuncia, con la que aspira a librarse de la cárcel a cambio de esta confesión.

Según Lozoya todos los pagos se hicieron por orden de Luis Videgaray, secretario de Hacienda y hombre fuerte de Peña Nieto durante sus seis años de Gobierno. El exdirector de Pemex admite, sin embargo, que conocía a Luis Weyll, director de Odebrecht México, desde antes de incorporarse a la campaña de Peña Nieto y que le ayudó en diversos negocios en el país, “pero para el 2013, Odebrecht ya tenía al presidente de su lado. En el 2013, la relación entre Odebrecht y el Estado Mexicano no era una relación de contratos, sino de poder”.

Lozoya confiesa que pidió a la constructora brasileña seis millones de dólares por órdenes de Peña Nieto para la campaña presidencial de 2012, un dinero que sirvió para pagar a consultores electorales en Estados Unidos y Alemania, y que se trató de dinero que Marcelo Odebrecht había ofrecido a Peña Nieto desde su etapa de gobernador del Estado de México.

Según detalló Lozoya, Weyll (el hombre de Odebrecht en México) le dijo que podría aportar cuatro millones de dólares, “de los cuales 2,5 serían íntegros para la campaña” y “el 1,5 restante fue para mí” e insistió en que Peña Nieto “estaba perfectamente enterado de las aportaciones que darían”.

El dedo acusador de Lozoya dice del expresidente Felipe Calderón que durante su gobierno (2006-2012) “se gestaron sólidos esquemas de corrupción con Odebrecht”, y de Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994) que presionó para lograr contratos de Pemex para su hijo.

En cuanto al excandidato presidencial de la derecha Ricardo Anaya, la denuncia habla directamente de “extorsión” de este a cambio de apoyar la reforma energética y revela que los pagos se hicieron en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. También se entregó dinero a los senadores Ernesto Cordero, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas. “Odebrecht sabía de su influencia y sometimiento, por lo que no la iba a perder —ni la quería perder—, ya que participaba de manera activa en la política energética del país”, señala Lozoya.

Calderón se ha defendido diciendo que se trata de una persecución política orquestada por López Obrador. Según el expresidente, desde la detención de Lozoya en el mes de julio, López Obrador ha ido detallando en sus ruedas de prensa diarias los nombres que debía incluir la imputación de Lozoya. Por su parte, Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, dijo que se trata de un acto desesperado de un culpable y para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, “Lozoya es un delincuente confeso que debería estar entre rejas pero se ha convertido en un aliado político-electoral de López Obrador”.

En la única referencia en la denuncia al partido en el poder, Emilio Lozoya señala al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de Morena, diciendo que le pidió un favor personal, el traslado de su hermano de una oficina en Guerrero a Ciudad de México, a cambio de no oponerse a la reforma energética.

La filtración de la denuncia ha proporcionado la artillería perfecta para López Obrador, al ver señalados en un solo documento a todos sus enemigos políticos. El presidente, quien cada mañana celebra la puesta en marcha del ventilador, ha dado por bueno todo lo que incluye la denuncia y ha dicho que se trata de una denuncia grave y escandalosa: “El pueblo se cansa de tanta pinche transa [tanto tramposo despreciable]”.

La acusación de Lozoya también incluye excéntricos detalles que revelan una forma de hacer política como es el regalo de un bolso Chanel a una periodista, el Ferrari que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, le regaló a Peña Nieto, los vinos Vega Sicilia que este abrió para celebrarlo o el museo que pretendía construirse. Según Lozoya, Juan Armando Hinojosa, dueño del Grupo Higa, construyó en el Estado de México una casa en la que pretendían abrir un Museo del Presidente para Enrique Peña Nieto, pero finalmente el inmueble terminó convertido en un almacén de dinero en efectivo, se lee en la denuncia.

Esta filtración del documento acusatorio llega tres días después de que López Obrador pidiera a la Fiscalía que se diera a conocer la denuncia completa de Lozoya, protegida, sin embargo, por el secreto de sumario debido a que Lozoya, quien sigue el proceso en su contra desde su casa, se ofreció a colaborar con la justicia a cambio de beneficios penitenciarios. La fiscalía mexicana ha abierto una carpeta de investigación tras la filtración y ha anunciado que citará “a quienes hayan tenido acceso a ese documento”. Según distintos abogados, la masiva filtración y las injerencias desde el poder podrían afectar gravemente el debido proceso y la celebración de un juicio llamado a marcar un antes y un después en la política mexicana.