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López Obrador gastó en propaganda la tercera parte que Peña Nieto en su primer año de Gobierno

La inversión de la Administración en publicidad oficial benefició principalmente a Televisa, Tv Azteca y el diario 'La Jornada'

Luis Pablo Beauregard
López Obrador y Ricardo Salinas Pliego, en diciembre de 2018.
López Obrador y Ricardo Salinas Pliego, en diciembre de 2018.Misael Valtierra (cuartoscuro)

El gasto del Gobierno en publicidad oficial en el primer año de Andrés Manuel López Obrador está compuesto de claroscuros. La Administración de Morena ha cumplido en 2019 la promesa de invertir menos en propaganda, una sofisticada forma utilizada por los políticos para manipular medios y líneas editoriales. Sin embargo, la inversión en comunicación repite los mismos vicios y la falta de transparencia que marcó el gasto en el rubro hecho por Enrique Peña Nieto, del PRI, y Felipe Calderón, del PAN. Dicho de otra forma, el Ejecutivo ha dado menos a los medios pero los grandes beneficiados son los mismos que antes. Las empresas que más han ingresado en el primer año de la autodenominada Cuarta Transformación son Televisa, con 360 millones de pesos (16 millones de dólares); Televisión Azteca, con 346 millones (15.4 millones de dólares) y el periódico La Jornada, con 251 millones (11.1 millones de dólares) de acuerdo a los datos oficiales, retomados este jueves por la organización Artículo 19.

Por primera ocasión en varios años, no es el escandaloso despilfarro lo que marca el anuncio de estas cifras. El Gobierno de López Obrador gastó en su primer año 3.245 millones de pesos (144 millones de dólares). Ni siquiera ejerció la totalidad del monto presupuestado, 5.212 millones de pesos. En este caso, la inversión sigue las líneas dibujadas por la estricta política de austeridad y combate a la corrupción del mandatario. El monto ejercido representa una tercera parte de lo que gastó Enrique Peña Nieto en 2013, 9.600 millones, su primer año. Es también algo más de la mitad de lo invertido en medios por Felipe Calderón, del PAN, durante 2007 (7.381 millones). Y hasta aquí el cambio.

“La concentración es una práctica constante, son los de siempre quienes ocupan los principales puestos”, explica Ricardo Reyes, un abogado de Artículo 19 especializado en derecho a la información. “No hay gran diferencia con las 20 empresas más beneficiadas por Peña a lo largo de seis años. Es lo que llama la atención. Se nota la política de austeridad, pero esta no ayuda si la concentración es la misma y no cambian las dinámicas entre el poder y los medios”, añade el especialista, quien analizó las cifras definitivas de gasto avaladas por la Secretaría de la Función Pública, el ministerio encargado de combate a la corrupción.

La televisión de Emilio Azcárraga, Televisa, ingresó el 11% del gasto total del Gobierno. La empresa es dirigida por Bernardo Gómez, quien forma parte del consejo asesor empresarial del presidente. Televisión Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, otro de los hombres de negocios del sanedrín de López Obrador, ingresó un porcentaje similar de la apetitosa tarta. Ambas compañías también fueron las más beneficiadas durante el sexenio de Peña Nieto, que gastó 3.000 millones de dólares en publicitarse. La Jornada, sin embargo, se ha abierto camino entre los medios más beneficiados por la Administración actual. El emblemático diario de la izquierda mexicana se embolsó un 8% del total invertido por el Ejecutivo y desplazó a diarios como Excélsior o El Universal, que continúan entre los 20 medios con mayores ingresos. La veintena obtuvo el 66% de todo lo ejercido en el primer año de mandato, unos 2.100 millones de pesos. El resto se repartió entre 544 medios.

El análisis elaborado por Artículo 19 encontró que Gobernación fue la secretaría que más invirtió en publicidad. Algo inusual que llamó la atención dentro de esta organización dedicada a la libertad de expresión. “Normalmente es el Instituto Mexicano del Seguro Social, Turismo o Pronósticos para la Asistencia Pública quienes ocupan los primeros lugares pero Gobernación, el órgano de control político del Estado, se lleva el 34% de la publicidad”, indica Reyes. Son más de 1.100 millones de pesos.

Los activistas pretenden que el Congreso abrogue la actual Ley General de Comunicación Social y que los diputados la sustituyan por una con criterios y reglas claras para el reparto de recursos. El texto ideal debería fijar topes presupuestales y buscar equidad y mismas oportunidades para los medios que busquen recursos públicos. El problema, explica Reyes, es que ha dejado de ser una prioridad para las bancadas legislativas. Hace dos años fue un tema importante para el grupo de Morena y la agenda de su candidato presidencial. Ahora, la organización intenta que el grupo mayoritario en el Congreso recupere el interés. “No hay respuesta de Morena, que lamentablemente nos ha orillado a estar a la espera”, revela. La última esperanza está en una acción de inconstitucionalidad que está a la espera de ser discutida en la Suprema Corte de Justicia. El tema iba a ser abordado por los ministros en febrero, pero después llegó la pandemia, que reajustó la agenda del Tribunal Constitucional.

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Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard
Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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