Muere Juan Guzmán, el primer juez chileno en procesar a Augusto Pinochet

Juan Guzmán Tapia, el primer juez chileno que procesó a Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos, ha fallecido este viernes en Chile a los 81 años. El magistrado corrió los cercos del Poder Judicial de su país cuando, en democracia, el dictador ejercía de senador vitalicio en el Parlamento. Primero logró un histórico desafuero en 2000 en el marco de la investigación de la Caravana de la Muerte, la comitiva de militares que tras ...

Juan Guzmán Tapia, el primer juez chileno que procesó a Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos, ha fallecido este viernes en Chile a los 81 años. El magistrado corrió los cercos del Poder Judicial de su país cuando, en democracia, el dictador ejercía de senador vitalicio en el Parlamento. Primero logró un histórico desafuero en 2000 en el marco de la investigación de la Caravana de la Muerte, la comitiva de militares que tras el Golpe de Estado de 1973 recorrió el país en helicóptero Puma y terminó con la vida de decenas de personas en diferentes ciudades de Chile, la mayoría prisioneros que esperaban ser sometidos a Consejos de Guerra ilegítimos. En 2001, Guzmán rechazó las razones de salud invocadas por la defensa y encauzó a Pinochet como autor intelectual de 57 homicidios y 18 secuestros, porque en su investigación demostró que la operación para asesinar opositores fue una decisión del propio general.

Aquel procesamiento quedó sin efecto, sin embargo, porque la defensa del excomandante en jefe del Ejército presentó un recurso de amparo alegando motivos de salud. Pinochet, fallecido a fines de 2006, murió a los 91 años en una clínica de Santiago de Chile, sin haber sido nunca arrestado en su país.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) mostró su pesar tras el deceso del magistrado: “El INDH lamenta profundamente la partida del abogado y juez don Juan Guzmán Tapia. Él fue un gran defensor de los derechos humanos, que luchó incansablemente por hacer justicia tras la dictadura. Nuestras condolencias a su familia y amigos”. En la misma línea, la diputada comunista Carmen Hertz, abogada y viuda de un político ejecutado por una comitiva militar en 1973, expresó un “gran dolor por la muerte del ministro Juan Guzmán”. “Fue un magistrado valiente y digno que posibilitó el primer desafuero del genocida Pinochet por crímenes de la Caravana de la Muerte y su procesamiento como autor. Nunca aceptó presiones del establishment y poderes fácticos”, escribió la parlamentaria.

Guzmán fue uno de los jueces que no aplicó el decreto ley de Amnistía de 1978. Basado en las normas jurídicas chilenas, que no permiten decretar una muerte sin el cadáver, sentó jurisprudencia al determinar que los detenidos desaparecidos permanecían secuestrados por los órganos represivos. Como no habían sido liberados ni se habían encontrado sus restos, por lo tanto, el delito era permanente en el tiempo, lo que posibilitó la indagación de la verdad judicial de decenas de las muertes de opositores ocurridas en los 17 años de dictadura (1973-1990). En su carrera, Guzmán tramitó al menos 200 querellas contra Pinochet, entre las que se cuenta la de la Operación Cóndor, la coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores. Fue por aquella causa por la que el juez español Baltasar Garzón decretó en octubre de 1998 una orden internacional de detención contra Pinochet y solicitó la extradición a España del dictador, que había viajado a Londres siendo senador vitalicio.

“¡Ustedes no tienen ni un derecho a hacer esto, no pueden arrestarme! ¡Yo estoy aquí en una misión secreta!”, exclamó Pinochet, de 82 años, la noche del 26 de octubre de 1998 cuando fue detenido en la London Clinic de la capital británica, según relata el libro Yo, Augusto, de Ernesto Ekaizer. Luego de una fuerte arremetida diplomática del Gobierno chileno, Pinochet regresó a su país en marzo de 2000. Lo esperaba el juez Guzmán, que desde comienzos de 1998 investigaba al senador vitalicio por el delito de genocidio, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal, en el marco de la querella presentada por dirigentes del Partido Comunista.

Guzmán había nacido en El Salvador en 1939, mientras su padre ejercía de diplomático en el país centroamericano. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego viajó a Francia a especializarse en Filosofía del Derecho en París, donde conoció a su esposa francesa, con la que tuvo dos hijas. Ingresó en 1970 al Poder Judicial chileno y llegó a ser ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que ejercía cuando le designaron la investigación de las querellas contra Pinochet, en un caso que marcó definitivamente su carrera. Sobre el procesamiento al dictador, alguna vez afirmó: “No fue una decisión difícil, fue bastante fácil”, aunque luego reconoció que lo quisieron presionar.

Antes de cumplir los 65 años en 2005, sin embargo, cuando investigaba causas sobre derechos humanos y llevaba 35 años de ejercicio público, sorprendió con la petición de su retiro anticipado, con lo que echó por tierra la posibilidad de llegar a la Corte Suprema. Tenía una relación tirante con sus superiores: “Desde que estoy con estos casos tengo una calificación no muy buena, bastante regular, porque crea anticuerpos y el pretexto son mis audacias”, relató Guzmán.

Una de sus grandes pasiones era la escritura, probablemente un gusto heredado de su padre, Juan Guzmán Cruchaga, que combinó la diplomacia con la poesía. En su niñez y adolescencia llegó a conocer a grandes escritores latinoamericanos, como Pablo Neruda, Gabriela Mistral o Jorge Luis Borges. Su amor por las letras lo empujó a escribir sus memorias sobre el proceso contra Pinochet, En el borde del mundo, que presentó apenas unos meses después de salir del Poder Judicial. En el libro, relata que el anuncio de la acusación contra el dictador “resonó como un cañonazo, pero la ebullición duró poco tiempo”. “Emplazada por los abogados de Pinochet, la Corte de Apelaciones dejó sin efecto el procesamiento, al acoger un recurso de amparo. La Corte Suprema confirmó dicha decisión: ordenó sin embargo que debería proceder al interrogatorio de Pinochet dentro de 20 días”.