Los mercados avalan la reforma tributaria de Ecuador para sostener el acuerdo con el FMI

No es la gran reforma económica con la que Ecuador quería sanear su crónico déficit fiscal ni generará los 1.400 millones de dólares anuales que necesitan las cuentas ecuatorianas, pero la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria aprobada el lunes en la Asamblea es suficiente para los mercados. Como gesto de aval, los bonos soberanos del país latinoamericano han recuperado parte de su valor y el riesgo país comienza a desinflarse con un paquete de medidas que combina incentivos fiscales a las empresas, condonaciones de deudas a los ciudadanos y nuevos gravámenes para bolsas de plástico y plataformas digitales como Netflix, Spotify o Uber.

Hace poco más de 20 días, el Parlamento ecuatoriano tumbaba la primera propuesta del Gobierno para aumentar los ingresos anuales y corregir la abultada brecha respecto de los gastos. Era una iniciativa legislativa con la que Lenín Moreno pretendía sortear el revés de las protestas indígenas y sociales de octubre que le forzaron a mantener un costoso subsidio a los combustibles. La reprobación de los legisladores puso en el disparadero el riesgo país, que alcanzó más de 1.400 puntos solo por detrás de Venezuela y Argentina, y desató el nerviosismo en los mercados internacionales. El acuerdo con el FMI quedaba en entredicho y con ello, los desembolsos por 500 millones de dólares pendientes para cerrar el año y los 1.400 millones de dólares para el próximo ejercicio.

En consecuencia, los bonos soberanos con vencimiento en 2030 cayeron a hasta los 72,5 centavos por dólar el mes pasado y tras recuperarse a 85 centavos por dólar, desde ayer han subido otros 1,6 centavos de dólar, según Bloomberg. "Los bonos deberían seguir mejorando de aquí a que termine el año", ya que la votación de la Asamblea abona para que el directorio del FMI se decida a desembolsar los tramos pendientes, dijo a Bloomberg, Ramiro Crespo, presidente Analytica Securities, especialista de inversión con sede en Quito.

Tras un intenso ejercicio de diálogo y reuniones con los asambleístas para recoger sus correcciones y asegurarse el apoyo final, el Gobierno presentó una nueva reforma tributaria en trámite urgente -máximo 30 días- que consiguió este lunes salir del bloqueo político derivado de las protestas de octubre y que cosechó el visto bueno de 83 legisladores de 128 presentes, con 37 abstenciones. La nueva norma pretende recaudar 600 millones de dólares adicionales cada año con el gravamen del 12 % de IVA al uso de plataformas digitales como Netflix, Spotify o Uber, con la imposición de Impuestos a los Consumos Especiales (ICE) en un 10 % a los planes de telefonía, con un nuevo tributo a las bolsas de plástico -0,04 centavos por cada una que irá aumentando a 0,08 centavos de dólar en 2022-, con la contribución obligatoria de empresas que tengan ingresos de más de un millón de dólares anuales durante tres años y con la eliminación de exenciones fiscales para los contribuyentes con más de 100.000 dólares de ingresos al año.

Además de nuevos gravámenes, la reforma aprobada incluye incentivos para los sectores productivos y condonaciones de deudas adquiridas con entidades del Estado para estudiantes y agricultores. Se elimina el Anticipo al Pago a la Renta, un reclamo histórico del gremio empresarial que obliga a hacer un pago adelantado sobre las rentas previstas y que mermaba la liquidez de los negocios. Los productores agrícolas, florícolas, ganaderos o turísticos, entre otros, que quedaron afectados por la paralización de actividad durante los 15 días que duraron las protestas de octubre se beneficiarán de una reducción del Impuesto a la Renta del 10 %.

El Ejecutivo también formaliza un mecanismo para aliviar sus problemas de liquidez, permitiendo que pague deudas atrasadas con los municipios y gobiernos provinciales y con proveedores públicos a través de bonos, teniendo en cuenta las cifras para 2020 presentadas en la propuesta de presupuesto.

La brecha fiscal entre ingresos y gastos de casi 3.400 millones de dólares (más del 3 % del PIB) y la necesidad de financiamiento será de 6.700 millones de dólares, que incluyen 1.400 millones de dólares derivados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Solo en intereses, el país pagará este año 3.365 millones de dólares. A este panorama, se suman unas cifras muy modestas de crecimiento previstas para el ejercicio de cierre (0,2%) y el próximo (0,57%), según el Banco Central de Ecuador.