Paraguay anula el acuerdo energético con Brasil que amenazaba con hacer caer el Gobierno

El Gobierno paraguayo han anulado este jueves el acta secreta firmada con Brasil el pasado 24 de mayo sobre el reparto del excedente de energía que ambos países generan en la inmensa represa compartida sobre el río Paraná, la Itaipú, una de las mayores del mundo. El acuerdo, cuyos términos beneficiaban a Brasil, había provocado la primera gran crisis del Ejecutivo paraguayo y había desatado amenazas de juicio parlamentario al presidente Mario Abdo Benítez.

"La parte contratante paraguaya comunicó su decisión unilateral y soberana de dejar sin efecto el acta bilateral del 24 de mayo de 2019", dice el documento mostrado por la Embajada paraguaya en Brasilia, según el diario brasileño O Globo. Ambos países deberán redefinir ahora un nuevo cronograma.

"Es el momento para una reflexión, para volver a recuperar la bandera, hay que seguir insistiendo en la negociación y unión de nuestro pueblo", dijo Abdo Benítez desde el Palacio de Gobierno paraguayo. El mandatario destacó que no quería salir a hablar "antes de que la ciudadanía se informase de la gestión que se ha hecho para dejar sin efecto el acta".

Esta inédita crisis de Gobierno se desató la semana pasada con la renuncia del titular de la empresa nacional de energía eléctrica, que se negó a firmar el acuerdo, hasta entonces secreto. Le siguió la del canciller, Luis Castiglioni, la del titular paraguayo de Itaipú y la del embajador en Brasil.

La renegociación del acuerdo, firmada sin consulta al Congreso ni divulgación pública, encarecería hasta los 200 millones de dólares por año los costos de la energía que contrata la empresa paraguaya estatal del 2019 al 2022. Cuando Itaipú produce más energía de la acordada por ambos países en su tratado original, esa es revendida a los dos estados. La oposición denuncia que el pacto también establecía que a Paraguay pasaría a recibir menos cantidad de esa energía excedente. De un 50 por ciento a un 13 por ciento.

Juicio parlamentario para destituir a Abdo Benítez

Desde el estallido de la crisis, la oposición paraguaya ha tratado de recabar apoyos para promover un juicio parlamentario que concluya con la destitución del presidente Abdo Benítez y a su vicepresidente, Hugo Velázquez, en el cargo con el conservador Partido Colorado desde hace un año. El presidente paraguayo respondió por Twitter: "Acepto la pelea!".

Para el Partido Liberal, principal formación opositora, ambos mandatarios deben responder por “traición a la patria” y “mal desempeño de sus funciones” tras conocerse que Abdo Benítez firmó un acta secreta con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que perjudicaba económicamente a Paraguay. La bancada liberal acusa de “entreguista” y “vendepatria” a Abdo porque en la práctica provocaría a la empresa nacional de energía paraguaya un sobrecosto anual de unos 200 millones de dólares por el reparto de la energía excedente de Itaipú, la represa de mayor producción del mundo, y la segunda más grande después de la china Tres Gargantas.

Abdo Benítez estuvo reunido hasta las dos de la madrugada con senadores y diputados oficialistas. Despegó a las 6.30 en helicóptero de la Mburuvichá roga, (la casa del jefe en guaraní, residencia presidencial) y llegó al Palacio de López donde lo esperaban varios centenares de manifestantes en su apoyo. Allí se reunió con su aliado, el senador Silvio Ovelar quien a su salida dijo a la prensa que no hay votos para destituir al presidente.

“El proceso democrático va a seguir en Paraguay, no hay votos en el Senado”, declaró Ovelar. Su propia formación está dividida en dos principales grupos rivales: los que apoyan fielmente a Abdo (Colorado Añetete, auténticos en guaraní) y los pertenecientes a Honor Colorado (del expresidente Horacio Cartes) que anunciaron primero que apoyarían a la oposición en el pedido de juicio político, pero que ahora, al conocer la cancelación del polémico acuerdo con Brasil, han dado un paso atrás. Sin ellos pierde fuerza la amenaza de juicio político.

La Cámara de Senadores está conformada por 45 miembros y, según establece la Constitución paraguaya, se requiere de 30 legisladores para aprobar un juicio político. Sin el grupo colorado de Cartes, la oposición no alcanzaría los votos necesarios.

Paraguay y Brasil comparten la hidroeléctrica sobre el río Paraná, que produce energía vital para la industria del gigante sudamericano y que es imprescindible para el suministro paraguayo. La represa fue pactada en 1973 y fue construida entre las dictaduras militares que gobernaban ambos estados en la época. La construcción implicó para Paraguay pérdidas de territorio y la inundación de comunidades de pueblos indígenas por lo que siempre fue considerado un acuerdo injusto a este lado del río Paraná. Ambos tienen hasta 2023 para renegociar el tratado original.