La sobrepoblación pone en riesgo a las cárceles argentinas

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Argentino Peloso Iturri tenía 38 años y llevaba preso desde los 18, acusado de matar a un policía. El 8 de abril de 2008, sus carceleros informaron a las autoridades de un caso de "muerte súbita" y entregaron el cuerpo de Iturri a su familia. El 20 de marzo pasado, un tribunal condenó a prisión perpetua a ocho agentes penitenciarios por torturas continuas. La sentencia, sin precedentes, puso luz sobre la violencia en las cárceles argentinas, un sistema sobrepoblado propicio para todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Un informe de la Procuración Penitenciara advierte que la política punitiva oficial ha desbordado las prisiones y urge a buscar soluciones "alternativas" al encierro.

"Si las cárceles se convierten en depósitos humanos, crece el número de personas que son devueltas a la sociedad peor de lo que entraron", dijo este martes el procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, durante la presentación del informe de situación en cárceles federales que cada año deben entregar al Poder Ejecutivo y al Congreso. El hacinamiento en las prisiones es una preocupación prioritaria. En marzo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, declaró la emergencia carcelaria.

"En 2014 se rompió la barrera de los 10.000 presos en cárceles federales y la cifra no ha dejado de subir. En 2018 se sumaron 1.500 y durante los primeros cinco meses de este año tenemos otros 900. Hoy tenemos 2.000 presos por encima del cupo máximo", explica Marta Monclús, directora del Observatorio de Cárceles. La población carcelaria federal es de 13.940 personas (hasta abril), frente a las 9.249 registradas hace 10 años. El crecimiento ha sido exponencial a partir de 2016, en sintonía con el discurso de mano dura contra el delito impulsado por el Gobierno de Mauricio Macri.

Hacinamiento

En las prisiones federales están los acusados de delitos vinculados, por ejemplo, con el narcotráfico. Por eso las cifras se multiplican si se suman los presos comunes, que dependen de los sistemas provinciales: 85.200 presos en 2017, último año de cifras disponibles. "El ascenso acelerado en el último período muestra que la cifra de 2017 sobrepasa en más de 9.000 casos la cantidad de detenidos del año anterior y representa un aumento de 12.590 personas en solo dos años", dice el informe de la Procuración. El aumento en el número de presos, un 23% desde 2015, no acompaña, no obstante, las estadísticas de delincuencia, que incluso ha reducido el número de casos en un 0,2% entre 2017 y 2016.

Argentina está en el puesto número 16 en el mundo según su tasa de encarcelamiento, con 194 casos cada 100.000 habitantes. Y la cifra sigue subiendo. Para paliar el déficit habitacional, el servicio penitenciario aplica estrategias variadas, como sumar colchones en calabozos para un solo recluso o convertir gimnasios en nuevos pabellones de detenidos. La Procuración advierte que, en cualquier caso, la solución no está en construir nuevas prisiones, sino en cambiar el modelo de detención. "Hay que buscar alternativas a la prisión, que sean más efectivas y reparadoras. El problema es que es más fácil decirle a la gente que [para mejorar la seguridad] los encerramos a todos", dice Mugnolo.

El hacinamiento coincide con una situación de violencia ya es estructural y tiene "un rol de control", según dijo Ramiro Gual, jefe de investigaciones sobre fallecimientos en prisión. "El 45% de las muertes registradas en las prisiones son por causas violentas. La muerte recorre toda la prisión, pero el riesgo de morir no es el mismo para todos", explica Gual. En ese grupo están los más jóvenes y también las mujeres, un grupo minoritario que representa el 4% de la población carcelaria. "Hay mecanismos específicos de violencia contra las mujeres, como la sobremedicación y el traslado a anexos psiquiátricos", dice Mariana Lauro, jefa del área de Grupos. Las mujeres integran, hoy, el grupo más vulnerable de las prisiones argentinas.