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EN ANÁLISIS COLUMNA i

La señora Bachelet va a Caracas

La Alta Comisionada tiene en sus manos la credibilidad del sistema de Naciones Unidas

La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el miércoles.
La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el miércoles. REUTERS

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o alguien de su oficina, viajará a Venezuela. Un anuncio que ha generado pocas certezas sobre su propósito, el éxito del viaje depende de que ocurra bajo ciertas condiciones.

Bachelet debe coordinar su visita con el Presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Es la autoridad con legitimidad de origen, y como tal ha sido reconocida por casi 60 naciones de las Américas, Europa y Asia. Es el mundo democrático que ha reconocido a Guaidó.

En tal sentido, solo trabajando con la Asamblea Nacional obtendrá la información relevante. Sería absurdo esperar que los funcionarios del régimen usurpador le proporcionaran acceso a las prisiones donde se tortura, los mercados donde la comida escasea y los hospitales donde no es posible curar por falta de insumos y ausencia de mantenimiento de los equipos.

Es improbable que quien ha causado la crisis humanitaria y cometido crímenes y violaciones a los derechos humanos durante años, suministre ahora la información para documentar tales hechos. Sin dicha información cualquier reporte sería parcial, incluso fraudulento. Maduro lo aprovecharían para intentar legitimar su dictadura usurpadora. La Alta Comisionada no puede prestar su nombre a semejante despropósito.

Por ello, la señora Bachelet debe llegar a Caracas con una guía en su mano, el informe sobre Venezuela publicado por su propia oficina el 22 de junio de 2018: “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”. En el mismo, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas documenta dichas violaciones y la severa crisis humanitaria en detalle.

Más aún, al presentar el informe, el entonces Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, afirmó que “dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”.

A dicho informe debería agregarse ahora el ataque deliberado contra las comunidades aborígenes pemonas en el sur de Venezuela. Tal vez se trate del crimen de limpieza étnica.

Es de esperar entonces que cualquier gestión que realice la actual Comisionada no signifique empezar de cero, volver a 2014 como si nada hubiera ocurrido desde entonces, como si ningún crimen hubiera sido documentado. Ello también sería aprovechado por el régimen para buscar su legitimación externa.

Es obligación de la Alta Comisionada construir sobre lo que existe, respetar y fortalecer la continuidad institucional de la oficina que hoy ocupa. Ese debe ser su canon, una continuidad análoga a la de los Estados. La historia no empieza de nuevo con cada cambio de administración. La Alta Comisionada tiene en sus manos la propia credibilidad del sistema de Naciones Unidas.

La comunidad internacional debe seguir el caso de manera vigilante. Se trata de la crisis política, económica, social y migratoria del hemisferio más grave que se recuerde en generaciones. Una tragedia que sigue profundizándose, ahora por un apagón en casi la totalidad del territorio del país. Ello causó más de un centenar de muertes—neonatos en incubadoras, pacientes en unidades de cuidados intensivos—y perjuicios económicos irrecuperables. El daño a la industria del aluminio podría ser terminal

La precariedad de la infraestructura eléctrica de Venezuela es tema antiguo, resultado de la corrupción y la incompetencia. Tan solo una semana atrás el sindicato de trabajadores del sector advirtió sobre una inminente crisis. No obstante, los funcionarios del régimen de Maduro atribuyeron el apagón a un sabotaje cibernético del gobierno de Estados Unidos y a las sanciones económicas impuestas por ese país.

Veinte años en el poder y la culpa siempre es de otro. El ministro de comunicación agregó que presentaría evidencia del supuesto sabotaje a la Alta Comisionada: “A ellos les vamos a llevar las pruebas, las confesiones de estos criminales”.

La Alta Comisionada debe tener cuidado con creerle al régimen de Maduro, prestarse al juego y repetir sus sinsentidos. Ella también ha dicho que la crisis ha sido exacerbada por las sanciones, soslayando que la tragedia humanitaria lleva varios años, mucho antes que cualquier sanción.

Si ahora repitiera las falsedades sobre la crisis energética, además podría quedar en ridículo. Debe saber que en 2010, y en ocasión de una crisis semejante, dijeron que el apagón fue culpa de una iguana que tenía predilección por morder cables eléctricos.

@hectorschamis

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