El jefe de gabinete de López Obrador garantiza que se respetarán los contratos petroleros

"No nos vamos a pelear con lo exitoso". Con estas palabras, el jefe de gabinete del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, trató de despejar este miércoles cualquier posible duda sobre los contratos petroleros firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI). "En los últimos dos años pasamos de un rechazo a la reforma [energética] a decir 'vamos a respetar los contratos", dijo Alfonso Romo tras un foro económico organizado en la Ciudad de México por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), que reúne en su seno a los principales bancos del mundo. "Estamos tratando de darle más confianza a los inversionistas para que nos ayuden a tener más petróleo. Si los contratos se cumplen como están, va a ser un buen negocio para los inversionistas y para el Gobierno".

Romo no aclaró cuándo se convocarán nuevas rondas de licitaciones –pospuestas por el Gobierno saliente a la espera de que el equipo de López Obrador mueva ficha–, pero sí anunció una serie de encuentros entre representantes de la Administración entrante y las empresas ganadoras de los contratos para darles certidumbre. Y se mostró abierto a cambiar lo que fuera necesario para garantizar un aumento de la inversión en un sector que fue clave para la economía mexicana, pero que en los últimos años –crisis de producción mediante– ha ido perdiendo peso en favor de las manufacturas, impulsadas por la apertura comercial. "Ya ganaron las licitaciones. [Nos gustaría saber] si tienen problemas de permisos o lo que sea que tenemos que hacer para que ustedes cumplan e inviertan y nos demuestren que la reforma sí va a traer más inversión y más petróleo". Aumentar los bombeos de crudo y la capacidad de producción de gasolina con la construcción de nuevas refinerías y la actualización de las que ya están en uso es una de las prioridades económicas de López Obrador, que quiere dejar de depender de Estados Unidos en este ámbito.

En los meses previos a las elecciones del pasado 1 de julio, en las que López Obrador se impuso con holgura, el político tabasqueño cargó duramente contra la reforma energética del Gobierno saliente y prometió una revisión minuciosa de todos los contratos firmados. "Todo aquello que perjudique el interés nacional lo vamos a anular, lo vamos a cancelar", dijo. Ese discurso ha ido virando, poco a poco, hacia un terreno mucho más pragmático.

La futura titular de Energía, Rocío Nahle, también han matizado sus posiciones iniciales de rechazo frontal a la apertura del sector a la iniciativa privada, pero mantiene que se llevará a cabo una auditoría de todos los contratos sellados hasta la fecha. Este miércoles, Romo –el nexo entre el presidente electo y los empresarios, abanderado del ala moderada del próximo Ejecutivo y cuya labor principal ha sido insuflar confianza en el sector privado– dijo sentirse "bastante cómodo" tras haber revisado "casi todos los contratos". La figura del jefe de Gabinete y responsable de campaña de López Obrador fue esencial para que el líder de Morena y la plana mayor del empresariado mexicano pasasen, en cuestión de días, de un clima de enfrentamiento público y notorio durante la larga campaña electoral a una luna de miel que, con altibajos, todavía dura.

La reforma energética del PRI supuso la entrada, por primera vez, de la iniciativa privada tanto en la fase de extracción del crudo -a través de permisos para explorar y explorar conjuntamente bloques petroleros- como en la de comercialización de la gasolina, cuyo precio ha quedado parcialmente liberalizado en el país norteamericano. Según los cálculos de las autoridades mexicanas, en el sector petrolero hay comprometidos 200.000 millones de dólares en inversiones para los 15 próximos años.