El partido de Evo Morales impone primarias obligatorias a todos los partidos bolivianos

Las elecciones primarias serán obligatorias para todos los partidos políticos bolivianos. La mayoría parlamentaria, del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) encabezado por Evo Morales, ha aprobado una ley que exige —por primera vez en la historia del país sudamericano— que los futuros candidatos presidenciales sean elegidos en elecciones primarias por los militantes de su formación.

La decisión ha sido criticada por algunos sectores del país como un intento de ungir con votos la candidatura de Morales para la que sería su cuarta reelección —que la oposición considera inconstitucional— y para obstaculizar el paso del exmandatario Carlos Mesa, hoy opositor sin partido que figura en las encuestas como el político con mejores mimbres para arrebatar el poder al presidente en los comicios de octubre del año que viene, a pesar de no haber expresado su voluntad por volver a aspirar a la presidencia. En una última encuesta, su intención de voto solo estaba dos puntos porcentuales por debajo de la cosechada por Morales.

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Las primarias obligatorias formaban parte de un proyecto de ley de partidos que el Parlamento estaba considerando desde hace semanas, pero para concretarlas dentro de cinco años. Repentinamente, sin embargo, el oficialismo determinó que se realizarían antes de las próximas elecciones, lo que significa que en solo dos meses más los partidos deberán haber formado alianzas, en caso de que quieran participar con otros partidos, y haber inscrito a sus precandidatos. Esta premura puede dificultar la unificación de la oposición, que algunos analistas consideran un requisito imprescindible para que Morales sea derrotado en las elecciones de 2019.

Si Mesa diese finalmente el paso y se lanzase a la carrera electoral, tras la aprobación de la ley tendría que encontrar un partido dispuesto a elegirlo en las primarias de enero del año que viene. Aunque esto no es imposible, sí resultaría más difícil de arreglar que un acuerdo político tradicional y por tanto constituye un elemento de disuasión para el expresidente, ya de por sí reacio a comprometer su participación.

Periodista e historiador de 65 años, Mesa llegó al poder como vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002. Le sucedió un año después tras su derrocamiento, y gobernó muy presionado por los movimientos sociales del MAS. Evitó reprimirlos hasta 2005, cuando un levantamiento popular por la nacionalización de la industria del gas lo obligó a renunciar a la presidencia. Desde entonces se ha mantenido en activo en cuestiones de escaso peso político, como representar a Bolivia en el debate con Chile en torno al centenario diferendo marítimo entre ambos países. Recientemente ha sido llevado a los tribunales por el MAS por la única nacionalización que decretó, pero el proceso aún no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa.

La oposición teme que las primarias se usen como un mecanismo para facilitar la inscripción de Morales en las elecciones, la cual es fuertemente objetada por los antagonistas del presidente. La Constitución prohíbe que este se postule de nuevo con una cláusula que fue ratificada por el referendo del 21 de febrero de 2016 (conocido como "21F"). Sin embargo, a finales del año pasado el Tribunal Constitucional suprimió esta cláusula mediante un fallo que desde entonces ha sido rechazado por un activo y extenso movimiento ciudadano, en el cual participa toda la oposición. Este movimiento tiene el objetivo de impedir la participación de Morales en las elecciones.

Tanto Rubén Costas —gobernador de Santa Cruz, la región más rica y contraria al hoy presidente—, como el rival del presidente en las últimas elecciones, Samuel Doria Medina, han cargado contra una primarias que, dicen, buscan impulsar una candidatura que ellos consideran ilegal. Solo aceptarían esta solución si llevase aparejada la no participación de Evo Morales en el proceso. Todavía es pronto para saber qué harán estos líderes en caso de que el presidente finalmente decida presentarse: si continuar en la pugna electoral o, a imagen de lo hecho por la oposición venezolana, optar por no participar.