La CIDH alerta de posibles ejecuciones extrajudiciales en las protestas de Nicaragua

Las denuncias de uso de francotiradores para reprimir las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua “habrían registrado ejecuciones extrajudiciales” en este país centroamericano, advirtió este lunes la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) en un demoledor informe presentado en Managua tras la visita de una misión de ese organismo para investigar los hechos ocurridos desde el 18 de abril, cuando el presidente Ortega ordenó una feroz represión contra los manifestantes que exigen la salida del mandatario tras 11 años de Gobierno autoritario.

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“Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional (en Managua) y en Matagalpa (norte del país). Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, se lee en el informe preliminar preparado por los miembros de la misión de la CIDH, que comenzó sus investigaciones el pasado jueves, liderada por la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua. En su informe el organismo afirma que escuchó “centenares” de testimonios y reunió información documental y audiovisual. De acuerdo a esos testimonios, explica el informe, la represión “estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales”.

Como resultado, agrega la CIDH, se registran según cifras recogidas durante su vista al país, 76 muertos y 868 heridos, “detenciones ilegales y arbitrarias”, así como prácticas de tortura y “tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Además menciona la censura y ataque contra la prensa y “amenazas, hostigamientos y persecución” para disolver las protestas.

El informe advierte sobre el uso desproporcionado de la fuerza durante las manifestaciones. La CIDH concluye que la Policía y las fuerzas antidisturbios utilizaron para la represión armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno “en forma indiscriminada, sin hacer uso de los protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza”. La Policía desató un “patrón de detenciones masivas y arbitrarias”, deteniendo a 438 personas, entre estudiantes, civiles, defensores de derechos humanos y periodistas.

Ausencia de autopsias

“El 20 de abril se desató en Managua una represión encabezada por fuerzas policiales y grupos motorizados que abrieron fuego e incendiaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería”, incide el informe sobre unos de los episodios más crueles durante la represión de las movilizaciones. “En los sucesos muchos estudiantes se dieron a la fuga, pero varios de ellos quedaron atrapados en el recinto y perdieron allí la vida o sufrieron graves heridas. Uno de los cuales fue el adolescente Álvaro Conrado de 15 años de edad, impactado de bala en su cuello y cara cuando ingresaba agua a la universidad, testigos afirman que los disparos fueron efectuados por francotiradores”, especifica el informe.

Otro de los hallazgos más delicados de la investigación está relacionado con el papel que han jugado el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía y otras instituciones que deberían esclarecer lo sucedido durante las protestas. La CIDH informa de que “identificó como patrón que no se documentaron fehacientemente las circunstancias en las que se produjeron las causas de las muertes y lesiones producidas a manifestantes”. Además, no realizaron autopsias de los fallecidos que llegaron a los hospitales ni de los cuerpos que fueron traslados a los forenses. “De acuerdo a los documentos a los que accedió la Comisión, en algunos casos se le requirió a los familiares firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar estas diligencias indispensables para alcanzar justicia”, afirma la CIDH.

Este informe es un duro golpe para el presidente Daniel Ortega, quien intenta mantener el poder en Nicaragua tras un mes de manifestaciones y un país semi paralizado. Ortega accedió a participar en una mesa de diálogo para encontrar una salida a la crisis, en la que la Conferencia Episcopal de Nicaragua funge como mediadora. El informe de la CIDH no abona a los esfuerzos de los delegados del Gobierno en la mesa, que intentan lograr un acuerdo para encontrar una salida a la crisis que no pase por la dimisión del mandatario.

Este lunes, sin embargo, los obispos presentaron públicamente el primer punto de la negociación, que establece la “democratización” del país a través de una reforma parcial a la Constitución a fin de adelantar las elecciones “a la mayor brevedad posible”. El Gobierno rechaza este punto de discusión, que sin embargo, fue aceptado por el resto de delegados, incluidos estudiantes, empresarios, representantes de organizaciones civiles, campesinos, indígenas y académicos. 

La CIDH presentó en su informe 15 recomendaciones que el Gobierno debe implementar, entre ellas “cesar de inmediato” la represión a los manifestantes y la “detención arbitraria de quienes” participan de las protestas contra Ortega. Y también recomienda “crear un mecanismo de investigación internacional” independiente “para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables” de los hechos violentos que han ensangrentado a este país centroamericano.