Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los diputados mexicanos fulminan el fuero del presidente y los servidores públicos

La reforma constitucional aún debe ser aprobada por el Senado y los congresos locales para entrar en vigor

La sesión de la Cámara de diputados del 4 de abril.
La sesión de la Cámara de diputados del 4 de abril. Cuartoscuro

México se adentra en las campañas presidenciales con un hito. La Cámara de Diputados ha abierto la puerta este jueves a sepultar definitivamente la inmunidad de los altos funcionarios del Estado mexicano, incluyendo al presidente. Los legisladores de todos los partidos aprobaron la modificación de ocho artículos de la Constitución para ceder ante un clamor popular que se ha agudizado con la multiplicación de políticos envueltos en escándalos de corrupción. La reforma que pretende despojar del fuero a los servidores públicos tendrá que ser aprobada por el Senado y la mayoría de Congresos locales para entrar en vigor.

Fue el PRI, el partido en el poder y quien tiene control de las dos cámaras del Congreso, quien finalmente se decidió a romper el cerrojo del fuero. Su candidato presidencial, José Antonio Meade, había marcado el rumbo a los congresistas de su partido. En el arranque de una campaña que ha tenido como uno de sus temas centrales el combate a la corrupción, el aspirante presidencial dijo que de ganar se convertiría en el primer mandatario sin inmunidad. La promesa seguía la estela de propuestas similares formuladas por Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Esa coincidencia entre los principales partidos mexicanos hizo que este jueves se aprobara el dictamen con el voto unánime de los 370 diputados presentes, una mayoría calificada para reformar la Constitución. “Se avanza en el combate a la corrupción a pasos agigantados. Desde la punta de la pirámide del organigrama político, todos tendremos que dar la cara y ajustarnos a la ley. Ser apresados o encarcelados si fuera el caso de que existiera una condena o sentencia”, dijo desde la tribuna Braulio Guerra, diputado del PRI.

El PRI, que tiene 40% de los 500 diputados, ha cambiado de opinión. Esta es la segunda ocasión en este sexenio que se discute una reforma al artículo 108 de la Constitución, que dice que el presidente solo podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. En abril de 2015, algunos legisladores de la oposición intentaron tocarlo mientras le daban forma al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, el PAN decidió mantenerlo intacto para no perder el frágil acuerdo que tenía con la bancada del PRI. “Creo que fue un error no modificarlo”, dijo entonces el senador Héctor Larios.

Los tiempos electorales han soplado nueva vida a un viejo tema. Los diputados se aplaudieron esta tarde y congratularon por haber recogido una petición de la sociedad civil. Macedonio Salomón, de Movimiento Ciudadano, una de las tres patas del Frente, dijo que el fuero “tuvo su razón de ser en otras épocas”, pero que hoy se ha convertido en una figura obsoleta “porque se ha abusado de ella”. El fuero se incluyó por el Constituyente de 1917 en los Artículos 109 y 110 para darle protección e independencia al Poder Legislativo frente a los designios del Ejecutivo.

Imputar a un presidente 

El dictamen de modificación a los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución señala que el presidente “podrá ser sujeto de juicio político”. Para la aplicación de sanciones al titular del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados será la encargada de proceder a la acusación respectiva ante el Senado. Esta tendrá que votarse por una mayoría calificada y dándole audiencia al imputado.

Las reformas constitucionales también eliminan la inmunidad a los legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Estado, el Fiscal general y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la autoridad electoral.

Los servidores públicos que sean vinculados a un proceso por un juez no podrán ser enviados a prisión preventiva ni serán suspendidos temporalmente en el ejercicio del cargo sino hasta que haya una sentencia condenatoria o termine el periodo para el que el funcionario fue electo. Tampoco se les quitará el poder de voz o voto dentro de sus funciones. El dictamen señala que si el servidor público fuese condenado por un delito cometido durante su encargo, no se concederá “la gracia del indulto”.

Entre el júbilo de la Cámara de Diputados también hubo voces de cautela. Una de ellas fue la de Agustín Basave, diputado del PRD, otro de los partidos del Frente. “La razón es que aún falta que el Senado apruebe esto, pero también de que el resto del Constituyente permanente apruebe esto”. Basave aseguró que es importante que se reforme también el Artículo 102 de la Constitución para quitar al poder Ejecutivo su autoridad frente al Procurador General. El PRD y el resto de los partidos del Frente se encuentran en una cruzada por convertir la Procuraduría en una Fiscalía autónoma. “Si el presidente tiene el monopolio de la acción penal puede usarla de forma facciosa en contra de los legisladores”, aseguró Basave desde la tribuna. La advertencia, ante un nuevo Gobierno, fue lanzada en una tarde de aplausos.