Los candidatos a alcaldes, el eslabón más débil de la violencia política en México

En las próximas horas los cuatro candidatos presidenciales arrancarán sus campañas en México. Esto marcará el pistoletazo de salida al proceso electoral más complejo jamás vivido por la nación norteamericana. El país elegirá el próximo 1 de julio más de 18.300 cargos entre federales y locales, entre ellos 1.200 concejales y más de 12.000 regidores. La lucha por el poder de miles de candidatos se llevará a cabo en un ambiente marcado por la violencia. 2017 dejó las peores cifras en más de dos décadas con 29.000 homicidios y una tasa de 20.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Más de 400 presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN), agrupados en la Asociación Nacional de Alcaldes, han realizado un mapa de riesgos para los candidatos que saldrán a buscar el voto de los mexicanos. La agrupación ha dividido al país en cuatro regiones según las amenazas que han recibido los políticos y el nivel de homicidios de cada entidad. Cuatro entidades, Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, son las más peligrosas. Esa zona de riesgo ha sido catalogada como de muy alta y los munícipes buscan que la seguridad de los candidatos en estas regiones corra a cargo de escoltas del Gobierno federal.

Los Estados marcados con riesgos altos son Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México y Puebla. Los gobernadores de dichas entidades, con apoyo de autoridades federales, serían los responsables de resguardar a los aspirantes a algún cargo. Esta será la primera elección en México en la que los presidentes municipales podrán reelegirse, por lo que muchos alcaldes que ya están en un cargo podrán aspirar a un nuevo mandato.

El mapa de la violencia apenas ha variado del de 2012. En ese entonces la guerra contra los cárteles del narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón enfilaba su sexto año. El conflicto que había dejado decenas de miles de muertos amenazaba el proceso electoral que votaría más de 2.100 cargos. Los focos rojos estaban en Nuevo León, Morelos y Guerrero, siendo estos los escenarios disputados por diversos grupos de la delincuencia organizada.

A lo largo del sexenio de Calderón fueron asesinados 28 alcaldes. En 2010, el candidato a gobernador del PRI por Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, el favorito para ganar la contienda, fue víctima de un atentado en el que perdió la vida. Si se pensaba que en ese entonces se había tocado fondo, la violencia aún tendría la última palabra.

La Asociación Nacional de Alcaldes asegura que solo de 2016 a marzo de 2018, durante la presente Administración de Enrique Peña Nieto, se han asesinado a 52 presidentes municipales en funciones. La suma de esta agrupación, que responde a un partido en la oposición, se eleva a 120 víctimas si se contabilizan los ataques a los munícipes electos y a los exediles (9 y 59, respectivamente). 2017 también fue el año más violento para los políticos con nueve alcaldes asesinados.

Los ataques contra los precandidatos y candidatos han marcado también la campaña de 2018. El más reciente atentado se registró el pasado martes. Israel Mendoza, un candidato a diputado federal por Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, fue atacado con un arma de fuego la madrugada del 27 de marzo en el municipio de Matehuala, en el Estado de San Luis Potosí. Ricardo Monreal, uno de los operadores políticos del líder en los sondeos rumbo a las presidenciales, asegura que la condición del aspirante es grave.

La campaña aún está por arrancar y ya se han registrado más de 30 ataques como el ocurrido en San Luis Potosí. La violencia ha tocado a todos los partidos en diversas entidades del país y se ha ensañado especialmente con los políticos que buscan cargos locales. Esto ha encendido las alarmas de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Va un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días, es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral”, dijo en Madrid el 16 de marzo el secretario general de la organización, Luis Almagro.

Alfonso Navarrete, el secretario de Gobernación (Interior) se ha reunido a lo largo de marzo con los gobernadores de cuatro partidos —PRI, PAN, PRD y Verde— para hacer un diagnóstico de la inseguridad en las diferentes zonas del país. Recientemente, el ministro aseguró que su oficina, que coordina el combate contra la delincuencia organizada, ya ha elaborado un protocolo de seguridad elaborado por Gobernación en conjunto con el Estado Mayor, un grupo de élite del ejército y quien suele encargarse de la seguridad de los candidatos presidenciales durante las elecciones. Navarrete también aseguró el 22 de marzo que firmará con la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, un convenio para “apoyar a las campañas con seguridad y protección”. Dicho acuerdo no se ha ratificado a pesar de que el proceso electoral está a la vuelta de la esquina.