Abastecer de agua a México, la batalla del futuro

Despertar sin agua en el grifo es parte de la rutina del 15% de los capitalinos en México. Las causas son varias. Van desde el deterioro de la red hidráulica de la Ciudad de México al aumento de la demanda del líquido, pasando por los estragos causados por los sismos, y recientemente, por la manipulación del sistema de manos de los propios ciudadanos. En marzo se detectaron 50 puntos donde los usuarios cerraron las válvulas intencionalmente, afectando a seis delegaciones de la metrópolis. "Se empezó a gestar una estrategia orientada a desestabilizar a los gobiernos y a generar molestia en los vecinos con una clara intencionalidad política", señala Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

En México, nueve millones de habitantes carecían de agua en 2015. Por ello es fácil recurrir a la falta del líquido para generar discordia. Con el 57% de la población mexicana concentrada en las zonas metropolitanas y la proyección de que el país superará los 137 millones de habitantes para 2030, según cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), incrementar las fuentes de abastecimiento y de reutilización del agua es una necesidad latente. El altiplano y los estados del norte del país, como Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, son algunos de los más afectados por la escasez del recurso. "Son zonas con poca precipitación en donde el consumo humano de extracción de los acuíferos excede por mucho la capacidad de recarga de los mismos", asegura Eduardo Cota, director de conservación de Pronatura.

Pero el Gobierno federal no logró consolidar los grandes proyectos hidráulicos que tenía previstos al principio de la administración. "El Acueducto Monterrey VI fue cancelado por el gobernador de Nuevo León [Jaime Rodríguez Calderón, conocido como 'El Bronco'] y el acueducto el Zapotillo, que se suponía iba a ir de los Altos de Jalisco a León, está parado por supuestos problemas financieros de sus concesionarios", comenta Ignacio García de Presno, socio líder de asesoría en infraestructura para la consultora KPMG en México.

A esto se suma el desplome en el presupuesto federal para el agua y el saneamiento en zonas urbanas y rurales, que se redujo de 12.600 millones de pesos en 2016 a 3.600 millones de pesos en 2017, representando un recorte del 72%. Esta disminución ha sido considerada como dramática por diversos ambientalistas, entre ellos Teresa Gutiérrez, directora del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental.

La Ciudad de México ha sido una de las entidades más afectadas por los draconianos recortes al prepuesto, se queja Aguirre, de Sacmex. "Mucha de la infraestructura que tenemos ya cumplió con su vida útil", dice. "Para mejorar la calidad de los servicios es necesario prever, tanto en el siguiente año como en las siguientes administraciones, que se deben ir incrementando los recursos al sector agua".

Teresa Gutiérrez también hizo énfasis en la importancia de dar mantenimiento a los sistemas de distribución de agua. "El subsuelo está en constante movimiento porque vivimos en un lugar sísmico, que además está siendo sobre explotado y es muy necesario estar monitoreando las fugas", comenta. "Aproximadamente 40% del agua en las redes se fuga y esto genera un costo económico y energético enorme para que finalmente acabe desperdiciada".

Los especialistas coinciden en que la prioridad debe ser apostar a una visión sustentable del uso y abastecimiento del agua. "Tenemos muchas plantas de tratamiento, pero la mayoría están subutilizadas, algunas por temas de diseño, otras por temas económicos, incluso hay unas a las que ni siquiera les llega el agua porque nunca hicieron las obras de recolección", dice García, de KPMG. "Hay que ir avanzando progresivamente, buscando implementar todas las acciones complementarias que permitan que la ciudad funcione con menos agua para disminuir su extracción del subsuelo", comenta Aguirre.

Gutiérrez espera ver reflejado este cambio de paradigma en la nueva Ley General de Aguas, en manos de la Cámara de Diputados y cuyo tercer borrador ha generado polémica. El texto, que aún no logra el acuerdo entre las bancadas del Congreso, pretende dar atribuciones a la federación, a los Estados y municipios en el manejo del líquido. Las ONG expertas rechazan el contendido de la iniciativa de ley, que tiene 248 artículos, porque creen que tiene cierto carácter privatizador. "Se escuchan rumores de que van a pasar una nueva ley sin haber sido consultada y hay una gran paranoia al respecto", señala Gutiérrez, que se muestra escéptica de lo que el texto pueda lograr. "Si bien urge que se instrumente ese derecho humano al agua, debe hacerse a partir de una ley bien reflexionada que considere todos los elementos".