“La red de diputados corruptos en Honduras podría ser de 140 y no 60”

Al exministro de justicia de Perú, Juan Jiménez Mayor (Lima, 1964), le tocó lograr la detención de Alberto Fujimori y conseguir después su extradición y encarcelamiento. Una etapa muy dura que, dice, le ha hecho de una pasta que le permite aguantar la embestida que está recibiendo en Honduras por su trabajo al frente de la Misión contra la Impunidad (Maccih), señala vía telefónica desde Tegucigalpa.

Entre el precio que debe pagar se incluye que, mientras habla con EL PAÍS, una compañía esté espiando en su natal Perú cualquier cosa que pueda ser reprochable sobre su pasado. Él, sin embargo, insiste en que no parará hasta acabar con la tarea que le encargó hace dos años la OEA; limpiar la corrupción en Honduras.

Pregunta: ¿Cómo valora la reforma legal que recorta competencias?

Respuesta: Se trata de una decisión irregular y muy negativa para el combate a la impunidad. Frente a un caso de corrupción tan grave la reforma trata de blindar a los diputados que han estado recibiendo fondos ilegales. Lo calificamos como un 'pacto de impunidad' el hecho de que el Tribunal de Cuentas sea el que determine la posibilidad de iniciar un juicio hasta tres años después.

P: ¿Se puede trabajar con estas limitaciones? ¿Se va a marchar la Maccih de Honduras?

R: Esa es una posibilidad pero después de analizar la situación hemos decidido que vamos a seguir en Honduras y vamos a presentar los próximos casos. Tenemos la satisfacción de que hemos trabajado como forenses en el caso de los diputados hasta el punto de que los afectados no se han defendido en los tribunales sino que han tenido que recurrir a una ley de impunidad para evadirlos...

P: ¿Hay una investigación sobre el expresidente Lobo y el cártel de Los Cachiros?

R: No puedo decirle. Tenga en cuenta que se trata de investigaciones reservadas. En este caso nos hemos visto obligados revelar la red sobre los 60 diputados implicados para explicar cuál es el trasfondo de la medida que tan nerviosa ha puesto a la clase política.

P: ¿Cómo describe la red?

R: Los diputados se apropiaban de fondos públicos destinados a las ONG. En Honduras el Congreso destina a los diputados fondos para sus comunidades y estos armaban proyectos falsos que no se ejecutaban. Hasta el momento están implicadas 30 ONG y 60 diputados.

P: La Misión tiene pruebas contra cinco y sospechas contra 60, pero otras fuentes señalan que podría haber otros 80 más implicados por recibir fondos ilegales. ¿Podría llegar a 140 diputados? 

R: Sí, podría ser. Se trata de una red muy amplia.

P: ¿es cierto que en una oficina encontraron material listo para ser falsificado?

R: Registramos varias oficinas y encontramos actos preparatorios para fabricar expedientes de ejecución de falsos proyectos.

P: ¿Cómo es la relación de la Maccih con el gobierno de Juan Orlando?

R: Nadie dice que esto es un trabajo fácil. Se han puesto en marcha mesas de diálogo, pero nosotros no necesitamos mediadores. Pero aquí somos abogados todos y sabemos pelear todos jurídicamente. Se ha apelado la decisión de la jueza Guzmán (que archivó el juicio contra los cinco diputados). Con las pruebas presentadas hay más que suficiente para ir a juicio. No hemos presentado indicios razonables sino pruebas contundentes sobre como salió el dinero del Estado y terminó en su cuenta. Sabemos hasta en que se gastaron la plata

P: ¿Ha recibido presiones?

R: Me consta que hay una firma internacional en Perú que está investigando mi pasado. Pero deben saber que no van a encontrar nada y es mejor no malgasten su plata y que la utilicen en contratar buenos abogados.

P: ¿Se ha sorprendido de lo que se ha encontrado en Honduras?

R: Me he sorprendido la maniobra burda y grosera del Congreso para hacer la reforma y la posterior reacción de la gente y del sector político. Igual que reconozco el apoyo de los empresarios si esto ocurre en mi país la gente habría salido a las calles, el ministro hubiera caído, se hubiera formado una comisión investigadora y el ministro hubiera sido interpelado para conocer el destino de los fondos.

Estoy sorprendido con cómo los corruptos se ponen de acuerdo rápidamente y la importancia que tienen mantener a la sociedad despierta para que se comprometa con las instituciones públicas. No pueden dejar todo a la Misión. Solo somos un catalizador, pero tenemos que estar unidos para acabar con los malos.

P: ¿Qué le falta a la misión hondureña para parecerse a la Cicig de Guatemala? ¿Qué hay que hacer para parecerse a la Cicig?

R: Para empezar, personal. La Cicig tiene 80 personas y nosotros diez, esperamos llegar a 39 este año y con ello poder mejorar nuestra capacidad de fuego.

P: ¿Qué significaría para Honduras fracasar en esta misión?

R: Sería lamentable y penoso si no conseguimos provocar los cambios necesarios. Pero, a pesar de todo, soy optimista en lograr cosas importantes. Hemos consolidado un modelo y ya está empezando a funcionar.