Exgobernadores corruptos ante el juez, la otra contienda de México
Los procesos contra Javier Duarte, este miércoles, César Duarte, y Roberto Borge se dan en medio de un contexto electoral, que los analistas temen que afecte a las investigaciones
Desde hace cosa de un mes, cualquiera que entre en una librería de Ciudad de México, encuentra en la mesa de novedades un título singular: Duarte, El Priista Perfecto. La imagen de un hombre orondo desborda la portada, un hombre de semblante confiado y sonrisa pícara: parece que sabe más que el resto de simples mortales. El hombre se mete algo en el bolsillo delantero de la camisa. ¿Es un sobre? ¿Un papel?
Se trata de Javier Duarte, exgobernador del Estado de Veracruz, el tercero más poblado de México. Una imagen de Duarte que ya no existe, ajena a la inexpresividad de su rostro en los últimos tiempos, sentado ante el juez, callado, contemplativo. Cuando le tomaron la foto, Duarte aún ignoraba que se sentaría en el banquillo de los acusados, señalado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El exgobernador vuelve al juzgado este miércoles, en una audiencia que inaugura la temporada de procesos mediáticos contra mandatarios acusados de corrupción. Mandatarios del PRI, el partido del presidente saliente, Enrique Peña Nieto. Gobernadores que en su día simbolizaron el renacer del Tricolor, emblemas de su nueva forma de hacer política. Y que ahora, a cinco meses de las elecciones presidenciales, ilustran su decadencia.
El de Javier Duarte es quizá el caso más importante porque fue el primero, el que destapó la lata, el primer gobernador del nuevo PRI acusado de corrupción. Luego vendrían César Duarte, de Chihuahua y Roberto Borge, de Quintana Roo.
Los tres enfrentan decenas de denuncias por desvío de fondos y sus casos coinciden con la campaña de las elecciones presidenciales, que se celebran el próximo 1 de julio. El juicio contra Javier Duarte podría entrar en fase intermedia, de desahogo de pruebas, en unos días. César Duarte podría llegar extraditado a México en cualquier momento, por los procesos en su contra que mantiene la fiscalía de Chihuahua. Panamá extraditó a Roberto Borge a México hace tres semanas. La justicia le acusa de lavado de dinero, entre otros delitos.
Lourdes Morales, directora de la Red de Rendición de Cuentas, apunta a las "redes de apoyo" de los tres exgobernadores. "Es probable que quieran cazar al pez gordo, pero si no se atacan las redes de apoyo, cosa que podría ocurrir en este contexto político electoral, no serviría de nada: hay que atacar el modus operandi".
Morales señala ese peligro, que la campaña congele los procesos menos mediáticos, los que atacan las telarañas de testaferros de los mandatarios. Que se usen electoralemente los procesos en su contra y escondan el resto. "Tienen que mapear bien las redes de apoyo de corrupción. Si no, no servirá de nada".
El panadero economista
El proceso que devuelve a Javier Duarte a la sala de audiencias es solo el primero de más de 60. La Procuraduría General de la República ha recibido decenas de denuncias en su contra durante el último año y medio, la mayoría de parte de la Auditoría Superior de la Federación, ASF. De fondo, una enorme maraña de empresas fantasma, testaferros y contratos de papel maché. Y todo para desviar dinero del presupuesto del estado. La ASF calcula el desvío en 2.500 millones de dólares.
Arturo Ángel es el autor de Duarte, El Priista Perfecto, una guía pormenorizada de los trapicheos del exgobernador entre 2010 y 2016, años en que estuvo al frente del Ejecutivo. Ángel es además reportero del portal local Animal Político, que hace año y medio abrió la lata de la podredumbre allá en Veracruz, deshilando en varios reportajes cómo Duarte y sus testaferros urdieron una red de compañías falsas, para triangular dinero y comprar propiedades en México y Estados Unidos. Fue el primer golpe certero contra un gobernador del nuevo PRI en México. Su trabajo cayó en cascada sobre el partido, que forzó la renuncia de Duarte y su posterior huída en helicóptero. La policía lo detuvo meses después en Guatemala.
Ángel explica que Duarte es el priista perfecto "porque no viene de la burguesía, sino de las clases populares. Era un aprendiz de panadero que se doctoró en Economía. Se supone que traería justicia social y termina robándose el dinero". El reportero añade que el caso Duarte, el primer caso Duarte, es importante "porque nos permite ver qué tan seria es esta cruzada del Gobierno contra la corrupción. El reto", añade, "no es que haya sentencia condenatoria, sino que se inicien otros procesos, se culminen las investigaciones atoradas y deriven en nuevos juicios". El reto, por tanto, no es sacar pecho por el primer juicio a Duarte, por su reanudación, sino porque el resto de casos sigan adelante, con o sin campaña, con este presidente o el siguiente.
"Sobre el nuevo presidente", dice Ángel, "recaerá la responsabilidad de llevar a buen puerto estos casos. Porque si no, todo esto podría quedar en una anécdota".
Una anécdota extraordinaria en todo caso. Juan Pardinas es el principal impulsor en México de la iniciativa 3 de 3, que pretende que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses. Es decir, que digan qué tienen, qué impuestos pagan y en qué empresas participan. Ante la perspectiva de que tres exgobernadores del PRI encaren sus procesos judiciales en plena campaña electoral, Pardinas contesta rotundamente que "no hay un paralelo histórico, porque México nunca ha pasado por una etapa tan explosiva de niveles de corrupción".
Pardinas toma el caso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua. El nuevo Gobierno, encabezado por Javier Corral, del PAN, denunció a Duarte por el desvío de cientos de millones de pesos del presupuesto estatal. El modus operandi del exmandatario habría sido parecido al del otro Duarte, en Veracruz. Uno de los testigos de los casos de la fiscalía, exsecretario de Hacienda del anterior Gobierno, declaró incluso que el dinero desviado sirvió para pagar campañas electorales del PRI.
"Es la primera vez que tenemos tan completo el tramo de financiación irregular de un partido político", dice Pardinas. "Y el Gobierno federal está tratando de garantizar la impunidad de Cesar Duarte". Se refiere, sobre todo, a lo costoso que está resultando el proceso de extradición en su contra.
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