Proteger a los jueces

La función judicial es determinante para la operación de los órdenes jurídicos modernos. Mediante ella se aplican muchas de las normas generales establecidas por el legislador democrático, unas veces para resolver conflictos y otras para autorizar la privación final de bienes tenidos como valiosos (libertad, posesiones o derechos). Esa función, conviene recordarlo, es realizada por mujeres y hombres con competencias técnicas, bajo la presunción de que actuarán honesta e imparcialmente. Es esencial la combinación de estos tres elementos. En los litigios sólo deberá tomarse en cuenta lo que el juez entienda como jurídico, omitiendo todo tipo de subjetividades, ideologías o creencias.

Más allá de las posibilidades efectivas y constantes de realización de estos postulados, surge un cuestionamiento esencial, nuevamente, para el funcionamiento de los órdenes jurídicos en su totalidad: ¿qué sucede si las personas que se desempeñan como jueces, se ven amenazadas para ejercer su función como debieran hacerlo? Adicionalmente, ¿qué acontece cuando frente a tales amenazas, los órganos del poder público encargados de protegerlas, no lo hacen? Las respuestas a ambas preguntas, son fáciles. Las tareas no se realizarán de la manera prevista, las determinaciones democráticas y legítimas no podrán actualizarse, se terminará decidiendo con elementos distintos y existirá un algo que se constituya como solución alternativa. La fuerza, el dinero, la violencia u otros factores semejantes, pero no lo decidido democráticamente ni lo construido racionalmente.

En tiempos en los que la violencia se multiplica en contra de personas y colectivos, es necesario evitar que los jueces se vean amenazados en el ejercicio de su actividad. También, es imprescindible encontrar los remedios necesarios para enfrentar los casos en que, desafortunadamente, lo hayan sido. No se trata, desde luego, de suponer que los jueces son más importantes que las víctimas que a diario se nos acumulan. Se trata de entender que aquello que hacen tiene una particular relevancia para todos y por ello merece protección. Estas reflexiones vienen a cuento, porque en las próximas semanas, espero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habrá de resolver un caso en el que ese tema deberá definirse. Ante la falta de soluciones y protocolos nacionales para cuidar a los juzgadores y a sus tareas, lo que se diga por este órgano internacional será determinante para la construcción de las prácticas jurídicas de la región y del tan deseado Estado de derecho.

Lo que la Corte Interamericana habrá de resolver, tuvo su origen remoto en los homicidios, las lesiones y los negocios que diversos cuerpos de seguridad guatemalteca realizaron a finales del siglo pasado. Por ese motivo, se iniciaron diversos procesos judiciales que terminaron con la imposición de importantes penas. Al haber actuado en varios de ellos, la magistrada María Eugenia Villaseñor y su familia fueron amenazadas y violentadas sin que, a juicio de la Comisión Interamericana, el Estado guatemalteco hubiera hecho lo necesario para impedirlo ni remediarlo. Ello, a consideración de la Comisión, implicó la violación a los derechos de la magistrada y de sus familiares, pero también una seria afectación a los derechos de seguridad jurídica y a la impartición de justicia de un número

o indeterminado de personas. De este modo, la acusación se actualiza en dos planos: la forma en la que la protección a los jueces debiera llevarse a cabo y la manera en la que la falta de ella afecta al propio sistema de impartición de justicia.

Así como una golondrina, se dice, no hace primavera, una sentencia tampoco resuelve de suyo problemas generalizados y crecientes. Sin embargo, resulta importante destacar que el criterio que se dicte en el caso de la magistrada Villaseñor, servirá para que los Estados americanos sean juzgados en el futuro por la manera como cuidan a sus jueces y por lo que sus omisiones al hacerlo redunden en sus sistemas de justicia.

@JRCossio Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México