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Un megaproyecto de una incineradora desata una guerra política en la Ciudad de México

El Gobierno asegura que es "la obra de infraestructura más importante de América Latina", mientras la oposición denuncia “el mayor escándalo de corrupción” en la historia de la capital

Termovalorizadora
Diputados de Morena y el PRD discuten en la Asamblea de la Ciudad de México. Cuartoscuro

Nunca se había visto algo similar en la historia de la Ciudad de México. El Congreso local se ha convertido desde hace una semana en el escenario de una batalla campal en la que ha habido insultos, rasguños, jaloneos y mordidas. En el centro del conflicto hay millones y millones de toneladas de basura. El Gobierno de Miguel Ángel Mancera y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) defienden a toda costa la creación de una planta termovalorizadora, la primera en su tipo en América Latina, que incinerará a diario 4.500 toneladas de residuos y las transformará en electricidad que alimentará al metro capitalino por 30 años.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la principal fuerza opositora y el partido político con más escaños, afirma que el contrato comprometerá más de 100.000 millones de pesos (alrededor de 5.000 millones de dólares) en recursos públicos y asegura que es “el mayor escándalo de corrupción” del que se tenga memoria en la capital mexicana. La llave para poner en marcha o detener el megaproyecto y destrabar la parálisis política está en la Asamblea Legislativa, sin que ninguno de los dos bandos esté dispuesto a ceder un palmo de terreno.

¿Qué es la planta termovalorizadora?

El Gobierno de Mancera allanó desde diciembre del año pasado el terreno para la construcción de una planta que procesara residuos inorgánicos y que produjera electricidad. “El Sarape” fue presentado en septiembre como una obra que sería “un ejemplo” en México, lo pondría a la vanguardia mundial en el manejo de residuos y abastecería a la red de transporte público más importante de la capital.

Termovalorizadora
El terreno de 13 hectáreas en el Bordo Poniente.

"Es un ganar-ganar", dijo Mancera sobre la construcción que costará 11.000 millones de pesos (alrededor de 500 millones de dólares), durará alrededor de 18 meses y se edificará en la zona del Bordo Poniente, que alguna vez fue el vertedero más grande del mundo hasta su cierre en 2011. El jefe de Gobierno señaló también que los costos serían absorbidos por la compañía francesa Veolia, la ganadora de la licitación. Además, se incluiría la creación de un parque ecológico en Tláhuac, en el sureste de la ciudad, con un valor que ronda los 65 millones de pesos (tres millones de dólares).

La acusación

Morena se ha opuesto al proyecto desde su concepción, pero el conflicto se agudizó cuando el PRD quiso que pasara un dictamen el pasado 7 de noviembre en la Asamblea capitalina para crear un fideicomiso que funcionara como garantía de pago a Veolia y que le permitiera adquirir un préstamo bancario por el 80% del valor del proyecto. La fecha es clave porque dos días después se vencía el plazo para que Veolia consiguiera el dinero para construirla. "Ese es el robo, le estamos garantizando el negocio a un particular con nuestros recursos, con cada predial que paguemos, con cada multa estamos asegurando el negocio de estos ladrones", recrimina César Cravioto, líder de Morena en la Asamblea.

Termovalorizadora
El pago del servicio de la planta.

Las alarmas se encendieron en Morena cuando vieron que en el dictamen se estipulaba que el fideicomiso ascendía a más de 100.000 millones de pesos, lo que tilda Cravioto de “un acto de corrupción gigantesco” y un "endeudamiento masivo" para la ciudad. Esa cifra sale de un pago de más 2.316 millones de pesos anuales por 30 años para el proyecto de la termovalorizadora y de 1.000 millones de pesos anuales por 25 años para una planta de biodigestión de residuos orgánicos (el proyecto Bio, que está en licitación). La suma de las contraprestaciones más el Impuesto de Valor Agregado supera los 109.000 millones de pesos.

La discusión del dictamen se hacía, además, "a ciegas", ya que la versión pública del contrato ocultaba todos los montos del mismo: lo que gastaba el metro en electricidad y la nueva tarifa, la duración máxima del acuerdo, las multas por la recisión del pacto y 11 páginas de pagos mensuales por la prestación del servicio. El dictamen que proponía el PRD hablaba de 2.300 millones al año, pero no quedaba claro si era solo una parte de lo que se iba a pagar. "Es completamente ilegal. ¿Para qué queremos un documento que no tiene los números, si es un contrato público que viene de recursos públicos?", cuestiona Cravioto.

Termovalorizadora
La versión reservada del contrato.

Morena presentó una moción suspensiva para retrasar la aprobación del dictamen hasta que se despejaran las dudas alrededor de la termovalorizadora. Pero mientras se desarrollaba la exposición de argumentos a favor y en contra de la moción, el PRD aseguró que no se había presentado tal moción y que no constaba un acuse de recibo por la división de Servicios Parlamentarios. Ese fue el origen del sainete de la semana pasada, que, a los ojos de Morena, acabó con una deposición ilegal de la presidenta de la Asamblea y una votación irregular del dictamen, sin cuórum suficiente y una vez que ya se había clausurado la sesión.

La defensa del Gobierno capitalino

El PRD sostiene que se trata de una guerra política, con la mira puesta en las elecciones locales y federales de julio de 2018. "Son falsedades dolosas y malintencionadas", espeta Jaime Slomianski, director de la Agencia de Gestión Urbana (AGU). El signatario del contrato asegura que es completamente falso que la ciudad vaya a endeudarse y que se trata de una reorientación del gasto, porque el Gobierno no tiene la facultad de aumentar su techo de deuda sin autorización del orden federal.

Termovalorizadora
La versión íntegra del contrato.

Slomianski justifica que partes sustanciales del contrato se hayan reservado con el fin de "no reventar" la licitación. Slomianski explica que si el proyecto fracasaba, el Gobierno se arriesgaba a volver a abrir las bases y a que los proveedores se hubieran confabulado para ofrecer la obra a un margen mucho mayor al que había negociado. La versión íntegra del contrato, salvo algunos datos personales de los concesionarios, ya se encuentra disponible en el sitio web de la AGU.

Si se decidió apostar por el fideicomiso, dice Slomianski, es porque era prioritario sacar adelante el proyecto y reitera que el uso de recursos públicos como fuente alterna de pago está justificado porque es una obra "de interés público". El funcionario dice que la creación de fondos fiduciarios para asociaciones público-privadas "no es nada nuevo" y que sólo sirve para amparar el flujo de recursos en un escenario de insolvencia. "Sería muy lamentable" y "un absurdo" que el proyecto se cancelara por la apuesta "beligerante" y "violenta" de Morena de politizar "una obra necesaria para la ciudad".

Los más de 2.300 millones de pesos se desprenden del gasto que hace el metro en electricidad (1.973 millones de pesos) y de la parte proporcional por el traslado y disposición final de la basura. Veolia estima ganancias acumuladas por más de 1.000 millones de dólares durante la gestión de la termovalorizadora. Al terminar la vigencia del contrato, la planta pasará a manos del Gobierno de la Ciudad de México.

"Es el proyecto más importante de infraestructura para la gestión de residuos sólidos urbanos en México y América Latina", apunta el funcionario. Slomianski argumenta que el modelo actual de manejo de la basura es insostenible y solo incurre en costos para la capital: impacto negativo para el medio ambiente, grandes pagos para deshacerse de la basura y falta de autonomía de gestión. El plan ha sido avalado por el Secretaría federal de Medio Ambiente y busca ser replicado por los gobernantes de otros Estados, asegura.

La deriva ambientalista

"Este sería el mayor retroceso ambiental en la historia de México (…) Nunca he visto un crimen ambiental en el continente americano como el que piensan crear", acusa Ramón Ojeda Mestre, creador del programa Hoy No Circula y galardonado con el premio Elisabeth Haub. Ojeda Mestre se opone al establecimiento de la planta en el Bordo Poniente, una zona azotada por los estragos del antiguo vertedero y por la alta densidad poblacional. "La ubicación es mala desde el punto de vista geográfico, geológico, topográfico, edafológico (suelos), hídrico-hidrológico, atmosférico y desde la perspectiva demográfica", expone.

Greenpeace califica al proyecto de caro, ineficiente, dañino para la salud y el medio ambiente. “Esta tecnología va de salida (…) Es un error porque ata a la ciudad a un modelo de gestión que no es el ideal”, afirma Carlos Samayoa, coordinador de la campaña de tóxicos de la organización. “Se obliga a la Ciudad de México a producir basura por los próximos 30 años, cuando la tendencia ya no es eliminar los residuos, sino reutilizarlos”, añade. Otros critican que se ate al metro a pagar una cuota fija de energía por tres décadas, sin que se aproveche el avance tecnológico de energías más baratas en el futuro.

"La postura de Greenpeace es una postura histórica contra las emisiones tóxicas, pero no tienen elementos técnicos contra esta planta", responde el químico Carlos Álvarez, con 30 años en el tema de los residuos. "La Ciudad de México no podía seguir así, qué bueno que finalmente vamos a salir de las cavernas", ironiza Álvarez, que ha visitado cinco plantas similares en otras partes del mundo y celebra que se evitará que se liberen 700 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera desde los tiraderos de cielo abierto.

"La tecnología está muy probada y no deberíamos de tener ningún problema siempre y cuando se lleve a cabo bien la separación de residuos", concuerda la bióloga Irma Rosas, especialista del Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. "Reforzar la vigilancia y las normas ambientales va a ser crucial para que esto funcione", matiza.

El siguiente capítulo

El PRD ha tomado la tribuna en la sesión del martes pasado, replicando lo que había hecho Morena una semana antes. El caos sigue en la Asamblea Legislativa. El cálculo de fuerzas en la Cámara es que 40 legisladores respaldan la termovalorizadora y 26 están en contra. Morena ha lanzado un órdago contra el proyecto y su bancada asegura que “va a tirarlo” cueste lo que cueste, ya sea desde la oposición con una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte o cuando llegue al Gobierno de la capital, para el que encabezan la intención de voto.

El Gobierno de Mancera intentará blindar el proyecto, el cual consideran necesario e impostergable. "Si el próximo jefe de Gobierno quisiera echar abajo el proyecto ya estaría casi construida la planta y si no hay una causa de justificación para terminar anticipadamente el contrato, le va a salir muy caro", contesta Slomianski. La construcción o la cancelación de la planta termovalorizadora más grande del mundo pueden ser determinantes en el horizonte político, financiero y ambiental de la ciudad, que produce 13.000 toneladas de basura a diario y es ya la segunda más contaminante, solo detrás de Nueva York.

La adjudicación y las sospechas sobre Veolia

Veolia compitió con otras dos compañías por el proyecto de la termovalorizadora. La empresa ha estado operando en el país por más de 25 años y presta servicios a más de 13 millones de personas. La empresa opera 63 plantas similares en Asia y Europa, pero también ha estado envuelta en varios escándalos de corrupción y supuesto fraude alrededor del mundo, sobre todo en operaciones de suministro de agua, su principal negocio.

La compañía enfrenta investigaciones y demandas en Estados Unidos y Rumanía, pero ha sido particularmente señalada por una supuesta negligencia en medio de la crisis de Flint, una pequeña ciudad de Michigan afectada por altos niveles de plomo y contaminantes en el agua. La empresa dijo que las acusaciones eran "indignantes" y que los únicos responsables eran las autoridades locales.

"[De las tres propuestas que se presentaron] la de Veolia era la que mejor cumplía la parte de ingeniería, la parte técnica", aclara Slomianski. Entre los requisitos estaba apegarse a la norma europea de control ambiental, la más estricta en el mundo. "Tiene demandas en algunas actividades de aguas, pero no de termovalorización (...) Creo que el que tiene que señalar cómo está su situación legal es Veolia, son ellos", dice el titular de la AGU sobre los señalamientos.

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