Corrupción en Latinoamérica: el vaso medio lleno

Es pan de cada día: titulares de noticieros o de periódicos, encuestas de percepción sobre corrupción, importantes personajes de empresa o expresidentes enmarrocados —o prófugos— acusados de graves hechos de corrupción. Probablemente nunca se ha visto en la historia latinoamericana tantas señales de corrupción simultáneamente presentes en la información diaria y tan altos índices de percepción ciudadana sobre la corrupción.

Parecería, pues, que se va de mal en peor en esta materia. Así, el último Barómetro sobre Corrupción Global en América Latina y el Caribe, publicado la semSinana pasada producido por una entidad seria como Transparencia Internacional, da cuenta de que dos de cada tres personas encuestadas afirman que en los últimos 12 meses la corrupción habría aumentado. Uno de cada tres encuestados de quienes habían usado algún servicio público (policía, justicia, etcétera) reconocía haber pagado una coima o "mordida".

Graves constataciones que expresan un extendido —y creciente— malestar ciudadano que ya viene teniendo tremendas repercusiones políticas. En países como Guatemala o Brasil, el tema puso a millones en las calles, jaqueó Gobiernos y los tumbó. En otros, llueven las denuncias sobre autoridades regionales como ocurre ya con más de una docena de gobernadores estatales (o regionales) detenidos o procesados, en cada caso, en países como México o Perú.

Lo que estas encuestas y mediciones de percepción y "fotos" de sucesos judiciales y policiales no revelan, sin embargo, es la evolución real de la corrupción. Es decir, los datos objetivos de recursos desviados por la corrupción de donde deberían estar hacia las manos de algunos sinvergüenzas. Las percepciones tienen conexión, por cierto, con la realidad de los hechos, pero no son lo mismo. Con este comentario no pretendo invalidar la importancia de los índices o mediciones sobre "percepción", pero sí ubicarlos en su justo contexto.

Hay tres aspectos sobre los que es necesario hacer una acotación.

El primero es que la corrupción no sólo no es nueva en la historia latinoamericana, sino que, si se hiciera un estudio de todo lo robado "en dólares constantes" a lo largo de la última centuria, probablemente concluiríamos que antes era peor. Varias razones podrían sustentar esa conclusión, pero, acaso, la central estaría en los regímenes políticos prevalecientes durante el siglo XX que lo permitían todo... o casi todo.

Así, dictaduras militares con poder absoluto y cero control por instituciones como jueces independientes, Contraloría, medios de comunicación libres o una vigorosa sociedad civil (con la que sí se cuenta hoy) harían empequeñecer a los corruptos actuales. Cleptocracia y dictadura fueron el anverso y reverso de Trujillo, Somoza, Odría, Stroessner o Pinochet. En obras públicas sobrevaluadas y en comisiones jugosas por compra de armas probablemente se batieron récords mundiales.

El segundo aspecto es que, a diferencia de ese pasado no tan lejano, hoy se cuenta con regímenes democráticos. Con todas sus carencias y limitaciones, incluyen: a) espacios de independencia judicial, siempre perfectibles, pero sin precedentes en la historia; b) más y mejor libertad de expresión de los medios clásicos y vigorosas redes sociales; c) una sociedad civil activa y muy sensible a cualquier sospecha, hecho o evidencia de corrupción.

Todo esto explica en buena medida por qué en estos tiempos hay tantas investigaciones y procesos judiciales que tocan a presidentes, expresidentes, empresarios connotados y políticos de distinta naturaleza. Expresa eso una percepción ciudadana vigorosa e indignada y posibilidades de acción institucional; un "combo" que no se daba en el pasado.

El tercero, un entorno internacional que contribuye de manera decisiva. Pongo el principal ejemplo. Es de concreción relativamente reciente la Convención de la ONU contra la Corrupción (2003). Lejos de ser un texto retórico o vago, este tratado fundamental del que son parte 168 países (incluido EE UU) tiene "dientes". Por ejemplo, procedimientos muy concretos de cooperación internacional entre jueces y fiscales que permiten, entre otros resultados, la actual cooperación entre fiscales de distintos países en la investigación de casos como los de las empresas constructoras brasileñas.

Percepciones crecientes y concernidas expresan, pues, todo esto. Más información disponible y mejor capacidad de reacción por la sociedad, pero también posibilidades sin precedentes de ver acciones y resultados por instituciones como la justicia. Vaso, pues, medio lleno.