Represores condenados, pero aún policías: Argentina echa a 12 torturadores 40 años después
Son comisarios y oficiales que integraron la fuerza hace 30 años y entre los que está Miguel Etchecolatz
Fueron represores crueles, están en la cárcel con largas condenas por delitos de lesa humanidad, pero aún eran policías a todos los efectos, incluida la pensión. Después de 34 años de democracia, la provincia de Buenos Aires, gobernada ahora por la macrista María Eugenia Vidal, expulsó del cuerpo a Miguel Etchecolatz y a otros 11 policías que participaron en la represión ilegal durante la última dictadura. La justicia será ahora la encargada de trabar las pensiones que percibían.
El hallazgo fue producto de una investigación interna que permitió elaborar un listado con policías retirados que estaban involucrados en al menos 270 causas de delitos de lesa humanidad por las que habían sido condenados judicialmente con penas privativas de la libertad. Podría haber otra veintena de casos.
El exrepresor Miguel Etchecolatz se retiró de la policía de la Provincia de Buenos Aires en 1979, cuando tenía 50 años. Obtuvo su primera condena hace 31 años, como responsable de haber torturado a 91 personas, y con el tiempo llegaron nuevos cargos por robo de bebés, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones hasta que se conoció que durante la última dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, fue la autoridad principal de 21 centros clandestinos de detención. Hoy se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza cumpliendo condena de prisión perpetua.
Entre sus víctimas se encuentra el albañil Jorge Julio López, detenido durante el gobierno de facto y vuelto a desaparecer en Democracia, en el año 2006, pocos días después que atestiguara en contra del excomisario en uno de los tribunales que lo juzgaba. López aportó información clave en la investigación sobre el Circuito Camps, como se conoció al recorrido que hacían los detenidos por las dependencias policiales de la provincia. En 2014, antes de que lo condenaran, Etchecolatz escribió “Jorge Julio López” en un papel y lo mostró a la prensa. La misma actitud provocadora tuvo al momento de firmar el expediente de exoneración, el represor escribió “priosionero de guerra”, debajo de su rúbrica.
Rubén López, hijo del albañil desaparecido, dijo a EL PAÍS que “el Estado viene fallando desde 1986 para acá. Los jueces que lo condenaron, los fiscales que pidieron sus condenas, el que firmaba los cheques en el ministerio de Seguridad, los ministros, gobernadores y demás, ¿nadie se dio cuenta de qué seguía siendo policía?, ¿ni siquiera la Corte Suprema de Justicia que ratificó las condenas en su contra? Esto no es casual, pasaron diez gobernadores y muchos más ministros de Justicia. Es claro que hubo encubrimiento”.
“Para el que está en tema, esto no es una novedad”, aclaró Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), una de las organizaciones que trabajaron en la investigación. “Los querellantes y organismos de Derechos Humanos sabían que no se los había exonerado e hicieron presentaciones a los gobiernos anteriores pidiendo que se tomen medidas, pero les respondieron que hasta que no haya condena firme no iban a tomar la decisión”. Los gobiernos peronistas de Felipe Solá y Daniel Scioli no fueron capaces de expulsar a estos represores durante sus mandatos.
Además de Etchecolatz, los policías que figuraban como retirados de la policía de la provincia de Buenos Aires y conservaban sus condiciones son los excomisarios Carlos García, implicado en la desaparición de Clara Anahí Mariani, nieta de la segunda presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani; Horacio Elizardo Luján; Bernabé Jesús Corrales y Fernando Svedas, ambos condenados por participar en el Circuito Camps; Miguel Gerónimo Kearney, exjefe del centro clandestino de detención llamado Pozo de Arana y Raúl Orlando Machuca, condenado por el secuestro y la desaparición en La Plata del poeta Daniel Omar Favero y su pareja, María Paula Álvarez, en 1977.
Otros de los excomisarios exonerados son Sergio Arturo Verduri, acusado por 32 casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidos en el centro clandestino de detención Puesto Vasco y Pedro Antonio Ferriole, jefe de la brigada de investigaciones entre diciembre de 1977 y enero de 1979. Su segundo era Corrales y ambos están implicados en la desaparición de Raúl Bonafini, hijo de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Se suman los exsuboficiales Luis Vicente Patrault, Santiago Antonini y Mario Víctor Nicodemo Sita, acusado de participar en cinco homicidios y 50 detenciones, entre ellas, los familiares de Hebe de Bonafini y la actual titular de Abuelas, Estela de Carlotto. No obstante, fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense confiaron que están en estudio otra veintena de casos.
El titular de esa cartera, Cristian Ritondo, destacó que es importante está resolución debido a que “no podíamos dejar a estas personas con estado policial, ya que era una falta de respeto a la democracia y un mal ejemplo para la fuerza”. El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón, remató: “Que hayan pasado más de 30 años para exonerar a Etchecolatz, uno de los peores símbolos de la dictadura, es la evidencia de lo mucho que falta por hacer. Desde el primer día estamos trabajando en la Provincia para lograr justicia, verdad y memoria para todos los argentinos”.
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