LA CIDH exige a Mauricio Macri que la activista Milagro Sala salga de la cárcel

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 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resuelto que la activista argentina Milagro Sala debe dejar cuanto antes la cárcel que ocupa desde enero de 2016. En una resolución difundida el viernes, dejó en claro que la situación de la activista social es de “tal gravedad y urgencia” que una extensión de su prisión preventiva expondrá sus “derechos a la vida e integridad personal” a “un riesgo de daño irreparable”. Por eso ha exigido al gobierno de Mauricio Macri que busque en un plazo de 15 días alternativas como el arresto domiciliario, “o bien que la señora Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”. El Estado argentino, que está obligado por convenios internacionales a acatar cualquier medida cautelar de la CIDH, se limitó a decir que trasladará el pedido “a las autoridades judiciales de la provincia de Jujuy”, donde se tramitan las causas judiciales que mantienen a Sala en prisión, con el argumento de que respeta “la independencia de poderes y las autonomías provinciales”.

“Que la CIDH otorgue una medida cautelar, que haya visitado a la beneficiaria de las medidas, que haya evaluado todas las causas por las cuales el Gobierno justifica su detención y que ratifique la nulidad de la detención es un triunfo de la lucha por los derechos humanos”, dijo Gastón Chiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las ONG que llevó el caso de Sala ante instancias internacionales.

El encarcelamiento de Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru, ha sido uno de los principales focos de conflicto de Macri con los movimientos sociales más vinculados al kirchnerismo, quienes consideran a la mujer una detenida política. La Tupac Amaru que lidera Sala pasó de ser una organización de parados en la crisis argentina de 2001 a una que con fondos estatales construyó en los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner miles de viviendas, pequeñas fábricas, centros educativos y sanitarios y en el que trabajaban más de 6.000 personas. Sin embargo, su actividad siempre fue polémica por formar una especie de estado paralelo. El nuevo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aliado de Macri, acusa desde hace años a Sala de haber montado “un sistema de desvío de dinero público”.

Por eso, apenas asumió el poder en diciembre, se negó a seguir dando fondos a la Tupac Amaru y dijo que solo se los enviaría directamente a las 300 cooperativas que la integraban. Ante esa decisión, Sala organizó una acampada frente a la Casa de Gobierno jujeña y prometió multiplicar las protestas en otras plazas de la provincia y del resto de Argentina. Un juez jujeño la detuvo el 16 de enero de 2016 y desde entonces la mantuvo presa, mientras otros magistrados avanzaban en otras causas paralelas vinculadas a supuestas maniobras de malversación de fondos públicos.

El problema fue que la detención de Sala se convirtió pronto en mucho más que un conflicto doméstico. En octubre del año pasado, el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ONU) pidió a Macri que Sala fuese liberada de “inmediato” por considerarla una detenida política. Atendió así un pedido del CELS y Amnistía Internacional (AI), organizaciones impulsoras de la demanda ante la ONU.

El gobierno argentino rechazó entonces que Sala fuese considerada una presa política, recordó que los fallos del grupo de trabajo no son vinculantes e invitó a la CIDH, dependiente de la OEA, a que visite Jujuy para vea “de primera mano” la situación procesal. Esa visite se cumplió en junio. Una misión de la CIDH se reunió con Sala en la cárcel y escuchó los argumentos de todas las partes, incluido el gobernador Morales y los jueces que llevan adelante los procesos contra la activista social. Este viernes presentó finalmente su informe. En el texto, la comisión alertó sobre el “hostigamiento” que Sala recibe en la cárcel y, si bien no se refirió a ella como una presa política, destacó que se trata de “una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la provincia, parte representativa de un sector de la oposición”.

“La CIDH ratificó en diciembre pasado, a través de un comunicado de prensa, la decisión del grupo de trabajo de la ONU y dijo que Sala debía ser inmediatamente liberada. Ahora lo hace de nuevo pero mediante una resolución cautelar que es de cumplimiento obligatorio por parte del Estado. Además dice de manera contundente que existe un impacto negativo en la integridad personal de Milagro Sala por el incumplimiento de Argentina de la decisión internacional. El estado tiene que acatar esta decisión. Si no lo hace la CIDH puede pedir una medida provisional a la Corte Interamericana”, explicó Gabriela Kletzel, directora del equipo internacional del CELS.

El gobierno, en tanto emitió un breve comunicado donde dijo que respeta el sistema interamericano de Derechos Humanos. En un comunicado firmado en la secretaría de Derechos Humanos, dijo que comunicará el pedido de la CIDHA “a las autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales”. Más tarde, el secretario de la cartera, Claudio Avruj, aclaró que "la CIDH no habló de cese de la detención [de Sala] sino de analizar alternativas". Fiel a esa interpretación será, seguramente, la respuesta oficial en el caso Sala.