La ONU pide la libertad de una ultrakirchnerista que lleva 10 meses presa

La detención de Milagro Sala ha dejado de ser un problema doméstico en Argentina. El grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Mauricio Macri que la activista social y actual diputada del Parlasur sea liberada “de inmediato” por considerar “arbitraria” su detención en enero pasado. Según un comunicado firmado en conjunto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional (AI), organizaciones impulsoras de la demanda ante la ONU, el grupo de trabajo determinó que hubo una trama de “acusaciones consecutivas" destinadas a dejar en prisión a la militante ultrakirchnerista que vulneraron “la independencia judicial". La Cancillería argentina remitió los detalles del estudio a la justicia de la provincia de Jujuy (norte), responsable de la detención, con la advertencia de que se trata de una opinión no vinculante.

“El Grupo entendió que la detención de Sala ‘se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos’, solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse. El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo”, dice el comunicado del CELS y AI. El encarcelamiento de Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru, ha sido uno de los principales focos de conflicto de Macri con los movimientos sociales más vinculados al kirchnerismo, quienes consideran a la mujer una detenida política. La Tupac Amaru que lidera Sala pasó de ser una organización de parados en la crisis argentina de 2001 a una que con fondos estatales construyó en los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner miles de viviendas, pequeñas fábricas, centros educativos y sanitarios y en el que trabajaban más de 6.000 personas. Sin embargo, su actividad siempre fue polémica por formar una especie de estado paralelo. El nuevo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aliado de Macri, acusa desde hace años a Sala de haber montado “un sistema de desvío de dinero público”.

Por eso, apenas asumió el poder en diciembre, se negó a seguir dando fondos a la Tupac Amaru y dijo que solo se los enviaría directamente a las 300 cooperativas que la integraban. Ante esa decisión, Sala organizó una acampada frente a la Casa de Gobierno jujeña y prometió multiplicar las protestas en otras plazas de la provincia y del resto de Argentina. Un juez jujeño la detuvo el 16 de enero pasado, Amnistía Internacional pidió su liberación y, dos semanas más tarde, otro juez añadió otro motivo para su detención: la imputó por fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión por la gestión de los fondos para viviendas sociales. Desde el kirchnerismo acusaron enseguida a Macri de criminalizar la protesta social, mientras los medios difundían a cuentagotas nuevas denuncias que impidieron hasta ahora la libertad de la dirigente.

La detención dirigente social foto también tensionó la relación entre el papa Francisco y Macri. El 16 de febrero, días antes de recibir por primera vez a Macri en el Vaticano, en aquella recordada fría  visita de 22 minutos que puso en evidencia la distancia entre ambos líderes, Francisco envió a Sala un rosario con su bendición. El macrismo quedó desconcertado ante el gesto, sobre todo porque Sala ya era para el gobierno la encarnación de las denuncias de corrupción que se sumaban una a una contra el kirchnerismo y su entorno. Salas sigue presa casi 10 meses después de recibir aquel rosario papal. La ONU ahora ha sumado un nuevo elemento de presión a Macri.