La OEA pide a Macri que excarcele a la poderosa líder social Milagro Sala

Mauricio Macri tiene un problema grave para su imagen internacional, y se llama Milagro Sala. La dirigente social kirchnerista, diputada del Parlasur, lleva casi un año en la cárcel por supuesta malversación de fondos, pero aún sin juicio. Macri insiste en defender que siga en prisión preventiva, una decisión judicial. Pero la movilización del kirchnerismo para liberarla ha sido fortísima. Primero fue Amnistía Internacional, después el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU y ahora el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Todos piden la liberación inmediata de Sala. La carta de Almagro da un salto complicado para Macri: el uruguayo lleva meses reclamando la liberación del venezolano Leopoldo López. Cualquier comparación haría mucho daño al prestigio exterior de Macri, la gran estrella del giro hacia la ortodoxia en Latinoamérica.

Las noticias en Argentina se producen casi siempre en Buenos Aires, donde vive el 40% de la población. Pero las verdaderas batallas de poder, los negocios millonarios, las peleas encarnizadas, se dan en las provincias del interior. Allí se disputan el territorio caciques locales, sindicalistas, empresarios y multinacionales mineras que luchan por una porción de la enorme riqueza del país. Y es una de esas provincias, Jujuy, una de las más pobres, al norte, donde se vive una batalla definitiva entre Gerardo Morales, el nuevo gobernador, cercano a Mauricio Macri, el presidente, y Milagro Sala, una dirigente social que llegó a construir un estado paralelo con su grupo Tupac Amaru, en el sus militantes recibían vivienda, educación y salud gestionada por la organización, al margen del Estado. Construyó incluso un barrio cerrado para pobres, llamado irónicamente “el cantri” –los argentinos de clase media-alta llaman “country” a las urbanizaciones valladas que se no paran de crecer para protegerse de la inseguridad-.

El poder de Sala creció gracias al dinero que le enviaba directamente el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, su gran aliada. Jujuy tiene 85.000 empleados públicos, ella tenía 80.000 militantes. Miraba al Estado de igual a igual. Pero la expresidenta perdió el poder en diciembre de 2015, Jujuy cambió de manos al mismo tiempo y Morales, que venía de una guerra de casi 10 años contra Sala, no tardó en reaccionar. Ella se resistió y exhibió su poder: le montó una acampada frente a la gobernación durante un mes. Él reforzó la apuesta: promovió su detención el 15 de enero por “tumulto”. Después le añadió otras acusaciones: “malversación y blanqueo”.

“Hemos encontrado 1.700 casas sin hacer que estaban pagadas. Desde 2004 la Tupac Amaru recibió 1.300 millones de pesos (casi 90 millones de dólares) y no se sabe dónde fueron. Ella utilizaba un sistema extorsivo para entregar las viviendas, decidía a quién, exigía fidelidad. Tres jueces distintos lo están evaluando y coinciden. Era un régimen cuasimilitar, fascista. El Estado pagaba los docentes pero las clases eran solo para socios. Lo mismo con los institutos de salud. La Tupac Amaru tiene una fábrica textil, una metalúrgica, mucho poder. Entiendo que los jueces la mantienen en prisión porque si sale va a interferir en la búsqueda de la verdad”, explicaba Morales recientemente a EL PAÍS.

La batalla pasó a la justicia de Jujuy, en teoría independiente, pero en la práctica sensible a presiones políticas. Sala ha perdido una tras otra todas sus peticiones de libertad. Y se le van acumulando cada vez más cargos. Morales está aprovechando el encarcelamiento para desmontar pieza a pieza la estructura de la Tupac Amaru, para destruir ese Estado paralelo. Ella desde la cárcel trata de mantener a sus fieles unidos, pero cada vez es más difícil. Ya no tiene fondos ni ayuda política para seguir.

Pero mientras pierde las batallas en Jujuy, las gana internacionalmente. Ha tenido el respaldo indirecto hasta del Papa Francisco, que le regaló un rosario. “Ella lo engañó al Papa, no es una dirigente social, es una delincuente urbana”, dice Morales. Sala, hija de indígenas kolla, abandonada en una caja de cartón de bebé y criada por una familia de clase media de la que huyó al descubrir que era adoptada, es una mujer dura que genera adhesiones y odios muy fuertes en Argentina. Pero lo de Almagro es un salto complicado para Macri, que siempre ha reivindicado el papel del uruguayo en su batalla contra los encarcelamientos de Nicolás Maduro.

Macri asegura que este caso no tiene nada que ver con los de Venezuela, dice que Sala es una corrupta acusada de graves delitos de desviación de fondos por varios jueces y fiscales con pruebas contundentes y no una presa política, pero Almagro, la ONU y Amnistía Internacional no están de acuerdo. “El más firme apego al pleno respeto de los derechos civiles y políticos, a la libertad de expresión, así como a las garantías del debido proceso y al no abuso del instituto de la prisión preventiva me convencen de la necesidad de su inmediata liberación. Su caso, a estudio de la CIDH, me lleva a compartir las conclusiones del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU. No se demostró riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad”, señala Almagro en una carta pública en la que además reivindica su “reconocido trabajo social en favor de los desposeídos”. Ahora es Macri y su aliado Morales los que tienen que dar una respuesta. La imagen internacional del Gobierno argentino está en juego cuando se va a cumplir el primer año de mandato.