Madres extranjeras con hijos peruanos denuncian exclusión

El colectivo Madres Migrantes Maltratadas, formado por decenas de extranjeras que se casaron o tuvieron hijos con ciudadanos peruanos y se separaron o divorciaron debido a la violencia doméstica, protestó este viernes —con un plantón— contra la discrecionalidad de los funcionarios de Migraciones que afrontan al quedarse sin papeles o cuando les exigen “requisitos inalcanzables” para renovar la residencia o nacionalizarse.

Perú modificó las normas sobre migraciones en diciembre, pero la fundadora del colectivo, la colombiana Inés Agressot, sostiene que “hay un problema entre lo que dice la ley y lo que aplica”. Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el tratamiento de las personas extranjeras en Perú, indica que entre 2012 y 2014 recibieron unas 100 quejas de mujeres contra la sede de la oficina de Migraciones en Lima, aunque la entidad no dispone de cifras actualizadas.

La activista colombiana refiere que desde 2015 la norma para el trámite de nacionalización ya no exige una carta aval del cónyuge, pero los funcionarios de la Superintendencia de Migraciones la siguen exigiendo. La mayoría de las mujeres con problemas migratorios han sido víctimas de violencia doméstica y algunas, incluso, de tentativas de homicidio. Por esto, dicen desde el colectivo, les es imposible obtener la carta aval del cónyuge. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2015 81 extranjeras denunciaron violencia familiar.

“La semana pasada una de ellas fue a una Defensoría de la Mujer (Demuna) a denunciar la agresión y le dijeron: ‘¿Qué hace aquí? Si no quiere que le peguen, váyase a su país”, asegura Agressot.

“Los funcionarios no deberían pedir la carta aval, es una práctica equivocada. Entendemos que no es una posición institucional de la Superintendencia”, asegura Percy Castillo, adjunto de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo.

Casos en el limbo

Agressot explica que pocas mujeres se atreven a exponer públicamente sus casos por temor a la deportación. Por ejemplo, la dominicana Yesenia Báez tiene carnet de extranjería y llegó a Perú con su madre. Sin embargo, cuando su esposo peruano empezó a maltratarla, dejó de hacer los trámites en Migraciones para ella y su madre. Ha renovado su residencia con un permiso temporal de un año, pero no tiene la carta aval para nacionalizarse, ni puede demostrar la cantidad de ingresos anuales que le exige la nueva ley.

Otros casos son los de mujeres extranjeras que, al haberse separado de sus parejas, han esperado a que sus hijos cumplan los 18 años para que tramiten el llamado de familia para la madre. Sin embargo, Agressot resalta que a los jóvenes les exigen acreditar un ingreso anual de 6.074 dólares, cuando la remuneración mínima en Perú es de 258 dólares mensuales.

El Gobierno peruano destaca la entrega de permisos temporales de permanencia a inmigrantes venezolanos, pero las mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad indican que las normas migratorias han sido pensadas para favorecer a los inversionistas y que las facilidades para los ciudadanos venezolanos esconden la arbitrariedad que ellas encaran.

“Ningún funcionario puede dejar de resolver una situación porque la ley no lo prevea”, agrega el adjunto de la Defensoría del Pueblo, quien espera que la aprobación del nuevo trámite único de procedimientos administrativos de la Superintendencia de Migraciones, en junio, resuelva los casos denunciados.