Cientos de fosas, una nueva ola de ejecuciones y la amenaza de quiebra: el tsunami que sacude a Veracruz

A falta de pruebas irrefutables –un video, la confesión de uno de los autores del secuestro, el testimonio judicial de testigos presenciales– la desaparición de los primos Ramírez el pasado enero en México parece condenada al limbo de los casos irresolubles.

El 5 de enero, Jaciel y Levi Ramírez Ramírez desaparecieron junto a su primo Armando. Fue en el Puerto de Veracruz, en el marco de los disturbios por la subida del precio de las gasolinas, que tuvo contra la pared al Gobierno mexicano durante semanas. Aquella tarde, Jaciel, Levi, su otro hermano, Hugo Alberto, el primo Armando y Uriel, amigo de todos ellos, salieron en la camioneta a buscar combustible. Y ya no volvieron. Los dos hermanos y el primo desaparecieron. Hugo y Uriel murieron de sendos disparos, sus cuerpos abandonados entre el gentío y las protestas. No hay detenidos por ninguno de los casos. Ni siquiera se sabe qué ocurrió con exactitud.

El caso ha pasado casi desapercibido, más aun en Veracruz, donde los reporteros viven pendientes del conteo de fosas clandestinas, que las autoridades actualizan casi a diario. Después de los 250 cráneos del cementerio clandestino del Puerto, la mayor red de fosas descubierta hasta ahora en México, la fiscalía estatal informaba este fin de semana de un nuevo hallazgo: medio centenar de cráneos en ocho tumbas, escondidas en un pueblo al sur de la ciudad. De hecho, la fiscalía informaba este martes de que ya han detectado fosas en uno de cada cinco municipios del estado, 43 de 212.

Y no son solo las fosas. En el último mes y medio, tres marinos desaparecieron de las calles del Puerto; elementos de la Armada se enfrentaron a balazos con delincuentes a pocas calles de allí; un grupo delictivo abandonó 11 cadáveres en Boca del Rio, la hermana pequeña del Puerto. Para concluír, pistoleros balearon a un periodista el pasado domingo cuando salía de desayunar. El que hace 20 desde el año 2000 en Veracruz. Las ejecuciones se han sucedido en el centro, el norte y el sur del estado. El año pasado concluyó con más del doble de asesinatos que el anterior. Y este no pinta mejor.

El tercer estado más poblado de México afronta además la amenaza inminente de la quiebra. El gobernador, Miguel Ángel Yunes, del derechista PAN, batalla estos días por reestructurar el pago de la deuda del Ejecutivo estatal, que asciende a 2.420 millones de dólares.

Hasta ahora, Yunes ha culpado de los males del estado a los anteriores mandatarios, sobre todo a su antecesor, Javier Duarte, del PRI, hoy prófugo de la justicia, acusado de delincuencia organizada y desvío de fondos. Pasado el periodo de gracia de los 100 días, Yunes encara el resto de su mandato con la esperanza de resolver un caso que, como el de los primos desaparecidos, parece irresoluble.

Eduardo Guerrero, consultor en seguridad, dice que Yunes pelea con un "tsunami" que se gestó durante años. "Tiene que lidiar con una crisis de gobernabilidad y con otra de seguridad. Pocos estados presentan un panorama tan desolador como Veracruz", dice.

Guerrero, que lleva más de diez años estudiando la criminalidad en México, afirma que la descomposición del mundo del hampa en Veracruz viene de lejos. "Tiene que ver con un trabajo que hizo Duarte en sus primeros tres años. Su Gobierno y la Secretaría de Marina se comprometieron a sacar a Los Zetas. La estrategia fue muy agresiva y además dejaron entrar a grupos de Sinaloa, los Matazetas. Eso era cuando el Cartel Jalisco Nueva Generación era parte del Cartel de Sinaloa", dice. "El problema", cuenta, "fue que no solamente mataron zetas, sino su base social: vigías, parejas, familiares... Fue una matanzón y apenas estamos descubriendo la punta del iceberg".

Los Zetas, la banda criminal que elevó el sadismo a niveles nunca antes vistos en México, dejaron de ser una organización y mutaron en células aisladas, enganchadas a una batalla eterna por el control de las regiones del estado. Entre tanto acabó el sexenio del priista Duarte y empezó el bienio del panista Yunes, un mandato que concluirá en 2018, coincidiendo con las elecciones presidenciales.

"La alternancia partidista", dice Guerrero respecto a la nueva ola de ejecuciones, "generó una rotación en las agencias de seguridad, la policía estatal y la fiscalía. Seguramente algunos comandantes policiales habrán cambiado los pactos con criminales que existían con Duarte". Y así, la violencia.

La ingobernabilidad de Veracruz, la ola delictiva, impiden que casos como el de los tres primos Ramírez puedan avanzar. El Gobernador Yunes apenas se refirió a ellos un par de minutos la semana pasada. Los frentes son muchos, tantos que impiden incluso la atención de los medios de comunicación, de la sociedad. La "matanzón" es tal que la desaparición de tres jóvenes en condiciones sospechosas –la familia acusa a elementos de la Secretaría de Marina– apenas despierta una leve sensación en la memoria: esta historia ya la vi.