Buenos Aires, al borde del colapso total por los cortes diarios de las protestas

En Buenos Aires los cortes no son noticia. Lo que en otra ciudad sería un escándalo, en esta es normal. La capital argentina se acostumbró desde 2001 a sufrir manifestaciones diarias que retrasan hasta tres horas la entrada y salida del centro de los automovilistas. Pero esta vez parece diferente. Los cortes se acumulan desde hace tres semanas, y nada parece detenerlos. La situación está alcanzando tal nivel que ya ha llegado a las portadas de los diarios. Vuelve a ser un asunto de máxima relevancia política que nadie sabe cómo resolver. Según un informe de una consultora privada, los bloqueos aumentaron un 20% en febrero con respecto al mes anterior. Y al 15 de marzo, ya fueron 62, por encima de los 53 registrados hace un año para el mes completo. El miércoles pasado fue un ejemplo de hasta donde ha aumentado la conflictividad, con decenas de miles de docentes marchando hacia la Plaza de Mayo. La ciudad reacciona con más agentes de tránsito. Pero no basta. Según datos de la secretaría de Transporte de la ciudad de Buenos Aires, hoy trabajan en la calle un total de 1.840 agentes de tránsito a los que se sumarán a otros 760. En 2015 había 1.400 y sólo en el primer trimestre de 2017 ingresaron 900.

El Gobierno debate cómo hacerle frente. Pero nadie se anima. El alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, dice que la policía está disolviendo los cortes pequeños, de 20 personas que cortan una calle. Pero con los grandes nadie se atreve. "No entraremos en provocaciones", asegura. Todos temen una tragedia como la que en 2002 acabó con la vida de dos manifestantes, Maximiliano Kosteki, y Darío Santillán, de poco más de 20 años, a manos de la policía. Fue el final de la carrera política de Eduardo Duhalde, entonces presidente. Todos le temen a la policía argentina, también sus jefes políticos, y nadie se atreve a ordenar una represión de consecuencias imprevisibles. Pero los ciudadanos afectados, hartos de pasar horas en el auto o el colectivo, exigen una solución. La presión política es muy fuerte.

“Durante 12 años la violación de la ley fue constante y hasta premiada y reconocida”, expresa el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien insta a la policía a actuar para romper los bloqueos. “Lo que vivimos en los últimos días es inaceptable. No sólo perjudica a la gente en la vida diaria, sino que perjudica a este proyecto que estamos impulsando los argentinos”, asegura el presidente Macri; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advierte: “Si nosotros actuamos (por la fuerza), que después no se critique”. Pero Rodríguez Larreta pide calma.

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Los primeros días de marzo han encontrado a mucha gente en la calle, protestando, y el resto del mes seguirá igual. La triple jornada de protestas de los días 6, 7 y 8 agruparon a docentes, sindicalistas y mujeres que coparon el centro de la Ciudad. Se ha intentado de todo sin éxito. Una prueba es el protocolo antipiquete ideado por Bullrich, a comienzos de 2016. El punto más polémico de la iniciativa ordenaba liberar en cinco minutos la arteria bloqueada mediante el uso de la fuerza. Se presentó con gran bombo y polémica pero nadie se atrevió nunca a aplicarlo. La clave la da Garavano: "Las fuerzas de seguridad no están preparadas para actuar en piquetes y manifestaciones, salvo algunos grupos pequeños de Gendarmería que tuvieron varios procedimientos relativamente exitosos”.

José Pepe Peralta es secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una de las más combativas en el conflicto que mantuvieron los funcionarios un año atrás. No obstante, en diálogo con EL PAÍS afirma que la tensión “es mucho mayor este año, con una característica que hay que tener en cuenta: las convocatorias ahora son masivas, con columnas mayores que el año pasado y eso marca el nivel de la conflictividad. El año pasado estuvimos todos los días en la calle por los despidos de funcionarios pero eran marchas muy focalizadas”.

El problema afecta principalmente a los automovilistas pero también a todo aquel que usa el transporte público. Enrique Celi, dueño de la empresa de taxis Pídalo, explica la situación a EL PAÍS: "Nos genera muchos problemas. La realidad es que nos cuesta llegar a los lugares, el centro está totalmente cortado y estamos esperando a ver que va a pasar para poder circular. Los pasajeros se enojan porque piensan que uno no hace nada por llegar rápido pero las zonas están totalmente congestionadas, al punto que viajes de 10 o 15 minutos hoy demoran entre 40 minutos y una hora. Cada día está empeorando y esto parece no tener fin. Esperamos que el gobierno trate de solucionar este tema”.

Durante la semana pasada, los bloqueos fueron periódicos y sorpresivos, perpetrados en su mayoría por pequeños grupos de organizaciones piqueteras. La Corriente Clasista y Combativa (CCC) es una de esas organizaciones. Juan Carlos Alderete, su coordinador nacional, justifica para EL PAÍS los cortes: “El Gobierno Nacional ha incumplido todos los compromisos asumidos y lejos de acercarse a la pobreza cero (en referencia a una de las promesas de campaña hecha por Mauricio Macri) aumenta notablemente". El dirigente estima que la reactivación de la obra pública -en particular la finalización de 85.000 viviendas sociales que se construyen en la zona metropolitana- ayudaría a poner paños fríos a la situación.

Marzo continúa su marcha, esta semana pasó la  doble jornada de protestas educativas, el viernes es el día de la Memoria y se avecina la movilización de la CTA del día 30. Llega el otoño pero Buenos Aires está empecinada en seguir ardiendo a fuego lento.