Daniel Ortega busca legitimidad internacional al amparo de la OEA

Daniel Ortega era un férreo crítico de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, a quien el gobierno de Nicaragua acusó de “conducta injerencista” a inicios de junio de 2016, durante la 46 Asamblea General de la OEA, que se realizó en República Dominicana.

En esa ocasión, el embajador de Nicaragua en Washington, Denis Moncada Colindres, dijo que “Nicaragua espera, para lavar las manchas y vergüenzas de la OEA, que el secretario general señor Almagro ponga de inmediato su renuncia irrevocable ante este plenario”.

Siete meses después, sin embargo, la opinión del líder sandinista cambió radicalmente y hoy Ortega se ha convertido en un defensor de la organización y de su líder, a quien ha pedido iniciar un diálogo que dé legitimidad internacional a su mandato, el tercero consecutivo desde que regresó al poder en 2007 y que ha sido producto de un proceso electoral seriamente cuestionado.

Este giro inesperado en la opinión del presidente de Nicaragua comenzó a producirse a partir de agosto de 2016, cuando Almagro anunció que preparaba un informe sobre la situación política de Nicaragua, que sería presentado a los países miembros de la OEA. El 30 de julio del año pasado, Ortega dio un golpe de Estado contra el parlamento, al despojar a la oposición de sus escaños parlamentarios e impuso un régimen de partido único. Más tarde, a través de una orden judicial, Ortega excluyó a la oposición de participar en las elecciones generales de noviembre, en las que el mandatario se impuso como ganador, con su esposa, la poeta Rosario Murillo, como vicepresidenta. Almagro ya había expresado su preocupación por el deterioro democrático en este país de seis millones de habitantes, donde el presidente Daniel Ortega controla en sus manos todo el poder.

Tras conocer sobre la preparación del informe, Ortega movió a su diplomacia en Washington para buscar un acercamiento con el “injerencista” Almagro. Ambas partes acordaron iniciar una “mesa de diálogo” para encontrar una salida a la crisis política de Nicaragua y organizar una visita del secretario general a Managua, la que se produjo el primero de diciembre, en medio de fuertes protestas del movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico en este país, el movimiento feminista y el opositor Frente Amplio por la Democracia, que reúne a una parte de los opositores excluidos del proceso electoral de noviembre, y otras organizaciones opositoras.

Almagro llegó, escuchó y se fue, sin siquiera pronunciarse públicamente por la fuerte represión por parte de la Policía y el Ejército de la protesta campesina durante su visita, que dejó varios heridos. También obvio las irregularidades denunciadas durante las elecciones presidenciales del seis de noviembre, en las que Ortega resultó electo con más del 70% de los votos, según el conteo oficial del Tribunal Electoral, controlado por el mandatario.

El pasado 20 de enero, después de más de dos meses de negociaciones secretas, el gobierno de Ortega y la OEA publicaron un informe conjunto en el que el primero se compromete a “fortalecer” la institucionalidad electoral en Nicaragua con la firma, el próximo 28 de febrero, de un “Memorándum de Entendimiento” que establecerá los “aspectos técnicos” del trabajo conjunto que el gobierno de Ortega y la OEA desarrollarán durante los próximos tres años.

Este acuerdo, para la oposición, es un “borrón y cuenta nueva” de todas las arbitrariedades cometidas por Ortega desde 2007, además de un oxigenar al mandatario y darle la legitimidad internacional perdida, principalmente en momentos cuando el contexto internacional se vuelve incierto para el líder sandinista, con la llegada del populista Donal Trump al poder en Estados Unidos y su discurso antiinmigrante, y la retirada de la cooperación petrolera venezolana, el combustible que le permitió sortear la crisis económica internacional y desarrollar un liderazgo clientelista para granjearse el favor de los más pobres en el país que, según el Banco Mundial, es el segundo más pobre de América Latina y el Caribe.

Está por verse hasta dónde Daniel Ortega estará dispuesto a ceder en lo relacionado a las reformas que permitan rescatar el sistema electoral aplastado por él. Y también hasta qué punto podrá presionar la OEA para que esas reformas se realicen.

Lo cierto es que el mandatario necesita la legitimidad internacional para evitar sanciones como las anunciadas el año pasado por el Congreso de Estados Unidos, a través de una iniciativa de ley que pretendía prohibir la entrega a Nicaragua de préstamos de organismo internacionales, lo que abriría una herida de muerte en la débil economía de este país centroamericano. La iniciativa quedó estancada en la tubería legislativa, pero congresistas como la republicana Ileana Ros-Lehtinen, impulsora de las sanciones, mantienen los ojos puestos en el régimen de Ortega.

Muy pocos en Nicaragua esperan de Ortega un giro de sensatez, un cambio extremo como el ocurrido con su opinión sobre la OEA y su secretario general, que pasaron de ser los protagonistas de las incendiarias arengas del mandatario, al salvavidas que puede garantizar la supervivencia de su régimen familiar en esta pequeña nación atormentada a lo largo de su historia por los desmanes de sus políticos.