Italia condena a cadena perpetua a un exdictador peruano por el Plan Cóndor

Una corte de Roma condenó este martes a cadena perpetua a ocho militares sudamericanos, entre ellos el exdictador peruano Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y el exdictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), por el secuestro y asesinato de 42 jóvenes, incluidos 20 ítalo-argentinos. Los militares perpetraron los asesinatos en Argentina, Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay, como parte del Plan Cóndor, que consistía en la coordinación de operaciones encubiertas de persecución y eliminación de opositores políticos de los Gobiernos militares en la región entre 1973 y 1978.

Morales Bermúdez, que se encuentra en Perú, fue presidente en la segunda fase de la dictadura militar y bloqueó reformas sociales de su predecesor, pero permitió el retorno a la democracia mediante una asamblea constituyente en 1978. El exdirigente y otros dos exjefes militares peruanos, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, fueron hallados culpables de homicidio de dos de las víctimas.

Luis Vargas Valdivia, abogado del expresidente, declaró a EL PAÍS que “no cabría la extradición si la solicitasen las autoridades italianas”, pues la ley del país sudamericano “prohíbe la condena en ausencia”. “En el proceso en Italia se han cometido irregularidades [con respecto de los tres sentenciados peruanos] como no haber sido citados a declarar, ni haber solicitado su extradición”, aseguró Vargas Valdivia. Este defiende al expresidente en la Sala Penal Nacional de Perú, en otro proceso relacionado con el Plan Cóndor. Esta vez se trata del secuestro de 13 peruanos opositores a la dictadura en mayo de 1978 que fueron trasladados por militares de Perú a una sede del Ejército argentino en Jujuy durante el Gobierno militar de Jorge Rafael Videla. El abogado asegura que la “investigación [en Perú] fue puesta en conocimiento de los jueces y fiscales italianos, quienes la ignoraron”.

La ONG Aprodeh, que defiende a uno de los peruanos secuestrados a Argentina en 1978, indica que los ciudadanos salvaron la vida debido a una intensa campaña de organismos internacionales. Entonces, la dictadura argentina y la embajada peruana en Buenos Aires les entregaron pasaportes de emergencia y no pasaron a la lista de los desaparecidos en las dictaduras del Cono Sur.

El proceso penal en Lima empezó en septiembre de 2015, poco después de inicio del juicio en Italia. Este último fue el resultado de una denuncia de 1999 de seis mujeres, esposas y madres de algunas de las víctimas: Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno, Andrés Bellizzi, Daniel Banfi y Lorenzo Viñas.

Los otros condenados son los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, y el boliviano Luis Arce Gómez. El juicio había sido abierto contra 27 exmilitares, pero terminó con la absolución de la mayoría de los imputados. La lluvia de exculpados sumió en el desánimo a los acusadores, que han sacado adelante el proceso durante dos años y un total de sesenta audiencias, encabezados por el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, principal investigador.