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Un general del Ejército mexicano es condenado a 15 años de prisión por nexos con ‘El Chapo’ Guzmán

La sentencia cala en las filas de la milicia porque en la historia del Ejército sería el tercer general condenado en un juzgado federal

Tanques militares en el desfile por la Independecia.
Tanques militares en el desfile por la Independecia. Notimex

Un general del Ejército mexicano fue sentenciado a quince años de prisión por negociar una reunión entre miembros del Cártel de Sinaloa liderado por Joaquín El Chapo Guzmán y el exsecretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván. La reunión nunca se llevó a cabo, sin embargo un juez federal encontró elementos para procesar al general brigadier Juan Manuel Barragán por delincuencia organizada en la modalidad de fomento a delitos contra la salud, revela el diario Reforma. Este año se cumple una década de que el Ejército fue sacado a las calles por el Gobierno del expresidente Felipe Calderón para combatir al narcotráfico y el mismo titular de la Sedena ha reconocido un desgaste en sus filas.

La sentencia a Barragán cala en las filas de la milicia. En la historia del Ejército sería el tercer general condenado en la justicia federal. En el 2000, el general de división, Jesús Gutiérrez Rebollo fue condenado a 40 años de cárcel por delincuencia organizada. El militar fue acusado de proteger al Cártel de Juárez y a su líder, Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, convirtiéndose en el oficial de mayor rango dentro de la Defensa Nacional detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico. El general falleció en diciembre de 2013 después de estar hospitalizado más de dos años por diversas complicaciones de salud. En abril de este año, el general Manuel Moreno Aviña fue sentenciado a 52 años de cárcel  por la tortura y el asesinato de un civil ocurrido en 2008. 

En la indagatoria se señala que Barragán fungiría como mensajero de los narcotraficantes para ofrecerle a Guillermo Galván, secretario de la Defensa durante el pasado Gobierno (2006-2012), un soborno de 140 millones de dólares. El dinero era para que desactivara los operativos realizado dese 2011 en contra de El Chapo Guzmán en la zona conocida como el triángulo dorado, que comprende los Estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua. Según consigna el diario Reforma, Barragán había pedido un adelanto de 10 millones de dólares para reunir a los emisarios con Galván, la entonces fiscal general y otro mando militar. En diciembre de 2011, al no concretarse hasta encones la reunión, dos miembros del cártel de Sinaloa visitaron al mando en su oficina y grabaron la reunión. El video fue enviado a las autoridades.

El general ya había sido condenado en la justicia militar. En febrero pasado un consejo de guerra lo sentenció a 16 años de cárcel. Actualmente está preso en el penal del Altiplano, el mismo donde estuvo encarcelado el capo Guzmán Loera. Otro de los altos mandos de la Sedena que fue señalado por presuntos vínculos con el narco fue Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa hasta 2008 cuando se retiró. El general fue detenido en mayo de 2012 acusado de proteger a grupos del narcotráfico, pero en abril de 2013 –en el Gobierno de Enrique Peña Nieto- fue puesto en libertad. La Fiscalía reconoció que no tenía pruebas suficientes contra el alto mando militar y que las acusaciones hechas durante la administración de Calderón sólo se basaron en los dichos de un testigo protegido.

Actualmente el Gobierno mantiene en las calles a 50.000 soldados que diariamente se movilizan en el combate al narco. Recientemente el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, reconoció que hay un desgaste en el Ejército después de diez años de haber salido a las calles. “Sí, claro que hay un desgaste, obvio. Estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento, en la sierra, en las ciudades… claro que hay un desgaste’’, aseguró en un evento. El titular de la Sedena ha reiterado en varias ocasiones que se necesita contar con un marco legal que regule las tareas de los militares en materia de seguridad y combate al crimen organizado. La normatividad tendría que ser analizada y discutida en el Congreso de la Unión, pero aún no hay una fecha para ello.

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