Venezuela: el golpe desde el Estado

No ha habido semana, en los últimos meses, en la cual el presidente venezolano Nicolás Maduro no denuncie públicamente un intento de golpe de Estado en contra de su gobierno. Ninguno ha ocurrido realmente hasta ahora. Sin embargo, lo que sí ha tenido lugar en Venezuela, diríamos que en cámara lenta, es un golpe desde el Estado, que ha tenido como guinda el anuncio presidencial -este 4 de octubre- de que no habrá elecciones en este país ni en 2016 ni en 2017.

La no realización de elecciones, bajo la excusa de que la prioridad es enfrentar la crisis económica, es un asunto que viola a todas luces la letra constitucional. No es la primera vez, en verdad, que se incumple de forma flagrante con la constitución de 1999, tan golpeada por el régimen de Maduro, en especial durante este año 2016, en el cual se ha profundizado el descontento popular contra el “hijo político” de Hugo Chávez, como suele llamarse a sí mismo el presidente venezolano.

En 2016 debían ocurrir dos consultas electorales. La primera, las elecciones regionales para escoger a los gobernadores de los estados (provincias) deberían tener lugar en diciembre de 2016. La constitución es muy clara en señalar que los gobernadores deben ser electos por voto popular cada cuatro años y la última vez que se votó por estos cargos fue justamente en diciembre de 2012.

La tesis de Maduro de es que la prioridad para el país es resolver la crisis económica que agobia a Venezuela (crisis que por otro lado el propio régimen fomentó con su política de controles y de expropiaciones al sector productivo). Esto ya había sido adelantado por el diputado del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Carreño, quien incluso llegó a decir el 21 de septiembre que la elección de gobernadores regionales no era una prioridad para el país.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ha guardado completo silencio sobre estas elecciones. El ente electoral, cuya directiva está en una proporción de 4-1 a favor del chavismo, sencillamente no ha dicho nada, es como si estos comicios no existiesen.

La otra consulta latente para este año es el referendo revocatorio para poner fin anticipado al período presidencial de Nicolás Maduro (2013-2019). En este caso el ente electoral ha aplicado lo que en Venezuela se conoce popularmente como una operación “morrocoy” (una tortuga terrestre de patas rojas que se caracteriza por su lentitud). De acuerdo con las estimaciones de expertos, los lapsos para realizar esta consulta se han alargado indebidamente por más de 140 días.

Dos ejemplos sobre estas dilaciones y obstáculos. Entre el 26 y 28 de octubre está prevista la recolección del 20 por ciento de voluntades para que finalmente se le ponga fecha a la consulta. Se van a colocar sólo 30 por ciento del número de máquinas requeridas, con lo cual se generarán cuellos de botella; y luego el CNE se tomará 17 días para desmontar las máquinas biométricas y recopilar las actas, cuando se trata de un proceso justamente automatizado.

El ente electoral ha postergado todo lo posible el proceso y sólo sería el 2 de diciembre cuando daría la fecha para el referendo, pero ya ha dicho que habrá 90 días entre el anuncio y la realización de la consulta. Tentativamente sería el 2 de marzo de 2017, con lo cual el chavismo estaría burlándose del descontento popular, ya que según la firma de opinión pública Datanálisis el 75 por ciento de los venezolanos votaría en contra de Maduro en un referendo.

Si esta consulta se hace en 2016 habría nuevas elecciones presidenciales. Si se hace en 2017 el mandato presidencial lo culminaría (una vez que Maduro deje el poder) el vicepresidente ejecutivo, un cargo de confianza del jefe de Estado. En este punto el chavismo si se apega fielmente a lo que dice la constitución.

Ha sido Maduro, y no el órgano electoral, quien ha dicho que no habrá elecciones en Venezuela ni en este 2016 ni en 2017 (el año entrante deberían realizarse elecciones municipales para escoger alcaldes).

Se está en presencia de un golpe en varios sentidos: se viola el derecho a escoger autoridades por parte de los ciudadanos; se irrespeta abiertamente la independencia de poderes, y es una señal clara -políticamente- de que el chavismo maneja la institucionalidad y el Estado de derecho como una plastilina, amoldándola según su conveniencia.

Hay otras señales del golpe desde el Estado que viene ocurriendo en cámara lenta en Venezuela, ante la mirada impasible de la comunidad internacional.

El presupuesto de la nación de 2017 no será presentado ante la Asamblea Nacional (el parlamento dominado ahora por la oposición democrática) lo cual es otra violación de la letra constitucional; se mantienen las detenciones políticas sin que haya ninguna orden judicial previa y colocando a los presos en situaciones violatorias de sus derechos fundamentales. Sobre esto último un ejemplo: el exlíder estudiantil Yon Goicochea fue arrestado a fines de agosto y su primer mes en prisión no vio la luz el sol y se le impidió a sus abogados reunirse con él durante casi dos semanas.

Con menos resonancia pública internacional de la que tuvo “el fujimorazo”, décadas atrás cuando el entonces presidente peruano Alberto Fujimori dio un golpe desde el Estado para anular al Congreso de su país, en Venezuela hoy -como lo ha señalado el politólogo Piero Trepiccione- se está en presencia de “el madurazo”, otro golpe de Estado desde el poder.

Andrés Cañizález es analista e investigador titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Twitter @infocracia