Mauricio Macri recurrirá la prisión domiciliaria de un represor ante la presión social

El Gobierno de Mauricio Macri ha sufrido un fuerte desgaste en las últimas semanas por las dudas sobre su política de memoria y derechos humanos, un asunto muy sensible en el que Argentina ha sido en los últimos años un modelo mundial. En medio de fuertes críticas por unas declaraciones de Macri en las que decía que no tenía "ni idea" de si habían sido 9.000 o 30.000 los desaparecidos, un juez decretó la prisión domicialiaria -cumplir el resto de la condena en su casa- para Miguel Echecolatz, uno de los más crueles genocidas argentinos, condenado a cuatro cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la última dictadura (1976-1983) y sospechoso de ordenar la muerte del único desaparecido durante la democracia, Julio López, cuyo rastro se perdió después de declarar en un juicio contra el genocida.

En ese ambiente de gran tensión, el Gobierno niega que haya habido ningún cambio de política y ahora ha decidido dar un paso para desmentir esas críticas: según explica Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de Macri, en conversación con EL PAÍS, el Ejecutivo no apelará la decisión del juez, porque cree que jurídicamente no es correcto hacerlo al no ser parte en la fase en la que se decide la prisión domiciliaria, pero sí presentará hoy o mañana un recurso dentro de la causa contra Echecolatz en la que explicará que entiende que las pericias presentadas no avalan la concesión de la prisión domiciliaria y reclama al juez que la revise. "No podemos apelar porque entendemos que el Código Penal no nos lo permite, el Gobierno anterior lo hacía en algunos casos pero sin valor jurídico, más bien como una cuestión simbólica o de presión política. Nosotros vamos a hacer lo que creemos que jurídicamente es lo correcto", explica Avruj. El diario La Nación había adelantado que estaban estudiando algún tipo de fórmula y el dirigente explica a EL PAÍS la decisión que finalmente han tomado, que no es la apelación que les reclamaban pero podría tener un efecto de presión sobre el juez.

Avruj, cuyas oficinas están en la ESMA, que fue el principal centro represor de la dictadura, en un barrio residencial de Buenos Aires, insiste una y otra vez en que la política no ha cambiado. "Hay un dato claro: con el anterior Gobierno había 441 presos en prisión domiciliaria. Ahora hay 462. En los ocho meses de gestión que llevamos han aumentado solo en 21, no se puede hablar de ningún cambio de tendencia. Nosotros respetamos las decisiones de los jueces".

El caso Echecolatz ha removido profundamente el ambiente político en Argentina, un país en el que la dictadura y los juicios de lesa humanidad son un asunto clave que moviliza incluso a los más jóvenes, que no vivieron los años duros pero mantienen firme la voluntad de que los represores cumplan hasta el final sus condenas. Algunos señalan que Macri y su equipo no han hecho un cambio radical, pero hay un nuevo ambiente que los jueces, muy sensibles al humor político, detectan enseguida. Una prisión domiciliaria como la de Echecolatz, decidida por un juez aunque de momento aún no cumplida, habría sido imposible con el anterior Gobierno, señalan en la oposición. La presión ha surtido efecto y ahora parece que será difícil que Echecolatz pueda volver de la prisión a su casa.

"Hay cambios. Siguen los juicios, la Corte Suprema ha dicho que es una política de Estado, pero hay expresiones del presidente tratando de minimizar y eso genera incertidumbre", señala a EL PAÍS Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980 por su lucha contra la dictadura. "Es preocupante que les den arresto domiciliario a los represores. Deben ser tratados con humanidad pero Echecolatz se burló del tribunal. Es una aberración que vaya a su casa. Nunca se arrepintió de nada, para Argentina es como el nazi Adolf Eichmann [secuestrado en Argentina y juzgado en Israel], él dice que la misión de un soldado es obedecer. Ya sabemos lo que es la prisión domiciliaria, es como la libertad vigilada, luego se lo encuentran los vecinos en la calle paseando al perro, ya ha pasado con otros", se inquieta Pérez Esquivel. El Nobel contesta a Macri, que dice que no va interferir en la justicia. "Los jueces argentinos no toman decisiones sin impulso gubernamental. Se mueven si les piden aflojar. Los jueces son muy permeables a la presión política. El Gobierno no puede lavarse las manos".

Otra de las cuestiones que más han inquietado es que Macri utilizó la expresión "guerra sucia" para referirse a la represión. Es un término vetado en Argentina porque se entiende que lleva a la idea de que hubo "dos demonios", los represores y los grupos como Montoneros o ERP que luchaban contra la dictadura, y coloca en el mismo plano a víctimas y victimarios. En Argentina se usa el término "terrorismo de Estado" que no lleva a confusión. Macri habló de "guerra sucia" y la polémica saltó enseguida.

"Hay mucho resquemor, se han ocupado de llenar de desconfianza a la sociedad y cualquier elemento por pequeño que sea se utiliza. Pero el presidente no se apartó del discurso que mantenemos, dejó claro que al hablar de guerra sucia se estaba refiriendo al abuso de poder de la dictadura. Es cierto que ese término no es el adecuado porque en Argentina no es aceptado por los organismos de derechos humanos pero hay una claridad absoluta del Gobierno en este tema y además hablamos con los hechos", contesta Avruj.

Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, el organismo que sigue más de cerca los juicios de lesa humanidad, en los que es denunciante -mañana llega la sentencia de uno de los más importantes, el del centro de represión de La Perla en Córdoba- coincide en que no hay un cambio radical de política pero "hay un dato ineludible que es el tema de la agenda de justicia y verdad no ocupa el msmo lugar, no es un eje central del gobierno como lo era en la anterior etapa. El argumento de Macri de que quiere respetar a la justicia es engañoso porque la justicia argentina sigue los vientos de la política y si hay ambiguedad los primeros que leen esos mensajes son los operadores judiciales. Muchos van a bajar el pie del acelerador".

"Es cierto que no hay medidas fuertes como indultos o una ley de amnistía. El Gobierno ha entendido que internacionalmente Argentina ocupa un espacio ejemplar por este asunto. Lo comprobó cuando vino Obama y le pidió visitar la ESMA o el Espacio de la Memoria, que Macri nunca había visitado", remata Chillier. "No hay cambios significativos pero si se intenta diluir el peso que tiene el tema en la agenda política, hablan de mirar al futuro, pero aún hay más de 400 niños robados sin identidad, por ejemplo, hay agenda que sigue en el presente", insiste.