El infierno de las cárceles guatemaltecas

En Guatemala se ha vuelto común afirmar que sus cárceles son una sucursal del infierno. También se las llama "universidades del crimen" porque los reos, lejos de rehabilitarse, suelen volver a las calles más peligrosos de cuando fueron internados, muchas veces por delitos menores. Las estadísticas hablan por sí solas: una recopilación de cifras del Sistema Penitenciario realizada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN, de tendencia liberal) arroja que del 1 de julio de 2015 al 31 del mismo mes de 2016, han muerto 146 reos en las prisiones, en su mayoría por actos violentos.

El documento puntualiza que estas muertes tienden al alza. Si durante los años 2012, 2013 y 2014 la cantidad de reos asesinados fue, en promedio 41 por año, durante 2015 se triplicaron y la tendencia es que este año se registre una cifra igual o mayor. “En 2012 era tres veces más probable morir en una cárcel que en la ciudad de Guatemala. En 2015 era nueve veces más”, subraya el documento. Guatemala, de acuerdo al Centro de Investigación InSight Crime, ocupa el quinto puesto entre los países latinoamericanos con más altas tasas de asesinatos, con 30 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Las cifras oficiales del Sistema Penitenciario ayudan a explicar las condiciones de hacinamiento. Al 15 de agosto el número de recluidos era de 20.702, cuando la capacidad instalada es apenas de 6.809. “Llega a tal extremo, que los reos tienen que turnarse para poder tumbarse en el suelo, sin colchones, sin mantas, sin almohadas (…) y los pocos que tienen acceso a ellas se las encuentran tan sucias que contraen enfermedades de la piel”, dice a EL PAÍS María Fernanda Galán, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes, independiente).

A esto habría que sumar que las condiciones higiénicas son inexistentes. Las instalaciones carecen de agua corriente y los reos no tienen acceso a utensilios tan elementales como jabón, toallas o papel higiénico. Si las carencias materiales son así de penosas, el Estado tampoco cumple con su tarea de brindar a la población penitenciaria la atención debida en materia de salud física y mental.

Así, el pretender que se garantice a los reclusos sus derechos constitucionales como la garantía de no ser maltratados o tener una readaptación psicológica, moral o intelectual, pertenece, de momento, a la utopía. Un estudio de Asíes titulado Consideraciones sobre el sistema penitenciario señala que no hay diagnóstico, observación y evaluación de los detenidos previo a su internamiento, por lo que una persona que cayó por una infracción de tránsito debe convivir con criminales de la peor calaña. No hay fuentes de trabajo para los condenados, sobre quienes queda el sambenito de ‘delincuentes’, lo que les cierra, al término de su condena, un futuro dentro de la normalidad.

Cuando a esto se suma una guardia de presidios reclutada dentro de la más absoluta marginalidad, con salarios de hambre y sin ninguna preparación técnica, se comprenden en toda su dimensión las palabras del ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, quien en declaraciones a la prensa local señaló que para que el Estado pueda recuperar el control de las cárceles –ahora en manos de los reclusos– harían falta por lo menos 12 años, siempre que se defina una política y esta tenga continuidad.

El asesinato de reos pasa desapercibido y solo en casos de acciones sanguinarias, como el ocurrido el 18 de julio cuando fue asesinado el reo Byron Lima, considerado el auténtico ‘amo’ de las prisiones, alcanzan notoriedad. Al respecto, la Fiscal General del Estado, Thelma Aldana, dijo a este periódico que en el esclarecimiento de ese crimen se investigan las 14 muertes. “A la fecha hemos recabado testimonios, abierto líneas de investigación y trabajamos de manera conjunta con la Comisión internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG, patrocinada por la ONU). Será difícil llegar a la verdad, pero no imposible”, afirmó.