Luces y sombras del Gobierno de Ollanta Humala

El presidente de Perú, Ollanta Humala (Partido Nacionalista), cederá este jueves el testigo al liberal Pedro Pablo Kuczynski con un 23% de aprobación ciudadana —según la última encuesta de la firma GfK—, el nivel más bajo de cualquier presidente en los 15 últimos años. Esta cifra sube hasta el 43% en las zonas rurales, donde reside la mayoría de los beneficiarios de los programas sociales, que han recibido un fuerte impulso durante su mandato. Los especialistas consultados por este diario coinciden en que, a pesar del esfuerzo social, no se ha producido un verdadero vuelco en las grandes carencias, que persisten.

El mandato de Humala, que llegó con la vitola de izquierdista y que fue virando poco a poco hacia políticas más ortodoxas, quedó marcado desde el principio —2011— por un conflicto social: el de Cajamarca. Buena parte de la población de este departamento del noroeste del país se opuso al proyecto minero Conga, le plantó cara y derivó en un continuo cambio de ministros y en la pérdida de congresistas de su partido, que preferían dejar la bancada ante el viraje de los compromisos del presidente y la primera dama, Nadine Heredia.

Las protestas continuaron y las fuerzas del orden asesinaron a civiles durante una marcha; la promesa de defender el agua en vez del oro quedó desterrada y el presidente se distanció de los ciudadanos, que se dicen en riesgo ante proyectos de industrias extractivas. Según los datos del Observatorio de Conflictos Sociales, al menos 50 civiles han muerto y otros 700 han resultado heridos por dicha causa durante el quinquenio de Humala, la mayoría en enfrentamientos con la policía.

Durante su mandato, la imagen del presidente también se ha visto afectada por la sensación de corrupción imperante. El punto álgido llegó cuando la Fiscalía retomó sus investigaciones por lavado de dinero a Heredia y dos de sus familiares y los tribunales dictaron un impedimento de salida del país contra la primera dama. Además, Martín Belaunde Lossio, exasesor y amigo del presidente, está preso y es enjuiciado por formar parte de una organización criminal. Belaunde utilizaba su cercanía a Humala para beneficiar a firmas que concursaban para construir obras en los gobiernos regionales, pero la responsabilidad presidencial en la trama aún no ha sido determinada.

La principal promesa de Humala, combatir con la inseguridad ciudadana, sigue siendo también el mayor reclamo en las encuestas: seis de cada 10 peruanos cree que es uno de sus principales errores. Sin embargo, las cifras son volátiles. En 2011, primer año de gestión de Humala, el 13,6% de la población urbana denunciaba haber sido víctima de algún delito. Esta cifra aumentó hasta el 15,2% en 2015 y ha caído hasta el 12% en el primer tramo de 2016.

En la gestión de la pobreza, un problema capital en Perú, sí hay méritos de Humala. “Se ha notado un énfasis en la educación, cuyo gasto pasó de 2,4% al 4% del PIB, y se ha incrementado la cobertura del servicio de salud”, afirma el sociólogo y analista Santiago Pedraglio. “Sin embargo, no se ha dado un vuelco en las grandes carencias; deja poco frente a las expectativas previas de parte de la población”, añade.

Aunque la mayoría de programas sociales existían antes de que Humala asumiera el cargo, el todavía presidente ha aportado una dosis de innovación con la puesta en marcha de 240 tambos, locales con Internet y salones para atención en salud, charlas de capacitación para agricultores o vacunación de animales, situados en zonas rurales y aisladas. “Es una gran inversión, un hito. Descentraliza servicios y promueve mejoras a los agricultores”, señala el rector de la Universidad de Cusco Mario Tapia. “Hay una complacencia con la pobreza urbana”, critica, por su parte, el economista Álvaro Monge.

Cuando Humala accedió al poder, la economía peruana crecía al 6,5% pero el progresivo abara tamiento de las materias primas —sobre todo de los metales, de los que depende en gran medida— ha provocado una severa ralentización: 6% en 2012, 5,9% en 2013, 2,4% en 2014 y 3.3% en 2015.

Dos medidas para reactivar el crecimiento destacan por encima del resto: el impulso de los proyectos de infraestructura en colaboración con el sector privado y la flexibilización de las normas ambientales, con la que el Ejecutivo ha tratado de reactivar grandes proyectos extractivos. Además, ha perdonado 6.000 millones de dólares de deuda tributaria a unos 180.000 contribuyentes, entre ellos grandes empresas.