‘The Jim Crow Treatment’ o el estalinismo competitivo

En 1890, el estado de Mississippi aprobaba una nueva Constitución, destinada a dejar sin efecto la vigente desde la postguerra civil. Mejor dicho: destinada a burlar la 15ava enmienda, que garantizaba a todos los ciudadanos el derecho al voto, excluyendo toda consideración de raza o previa servidumbre. No era posible repudiar la 15ava enmienda, pero el supremacismo blanco la parodió para impedir el voto negro.

Entre otras barreras, se puso en vigencia un requisito capacitario para votar. El ciudadano debía registrarse ante un funcionario que comprobaría, in situ, la capacidad lectora del sujeto, pidiéndole que leyera e interpretara un fragmento de la Constitución. El funcionario, siempre blanco, elegía las frases a interpretar; mientras que a los blancos les bastaba repetir las más sencillas, los negros alfabetizados, desde luego ya pocos en proporción a la población, eran interpelados para que explicaran la metafísica constitucional de los Padres Fundadores.

Hace mes y medio, en toda Venezuela, casi dos millones de personas formaron largas filas no ya para tantear la suerte de conseguir alimentos, sino para consignar su firma y su huella digital en el formato autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando la realización de un referéndum constitucional sobre la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia. El CNE, después de un intestino proceso de transcripción y examen de las firmas, descartó alrededor de 600.000 por razones tan claras como las que asistían a los funcionarios sureños o a los miembros del Ku-Klux-Klan: una letra manuscrita malformada; un error en la dirección de recolección; firmantes de otra circunscripción, huellas declaradas “ilegibles” por algún experto, nombres trasladados desde la planilla al “sistema” con errores, supuestos fallecidos, supuestos reos condenados, o incapacidad del “sistema” para aceptar nombres con “eñe” que el software no reconoce.

Casualmente quedó excluida la mayoría de los líderes políticos de la oposición. Y no nos detengamos en la violencia que gobierno y “paragobierno” en forma de motorizados armados ejercieron contra manifestantes que rechazaban este proceder.

Era la primera etapa de un viacrucis, de una estrategia Jim Crow destinada a burlar el derecho fundamental del ciudadano, su consagración, como dijo Pierre Rosanvallon. Durante esta semana, los firmantes deberán presentarse ante 300 puntos de “validación” biométrica de su identidad, con el fin de ratificar que sus firmas son en efecto suyas y no el resultado de una conspiración de la tenebrosa derecha venezolana e imperialista. La distribución de los puntos de validación avergonzaría al mismo Elbridge Gerry, en cuyo honor se empezó a hablar del gerrymandering. Todo ello debe resultar en que deben reunirse las “manifestaciones de voluntad” del 1% de los electores. Son menos de 200.000 firmas. Pero, como corresponde a la situación Jim Crow, este 1% debe calcularse sobre el registro de votantes de cada uno de los 24 estados y no sobre el registro nacional. Esto permitirá disminuir la validación en los estados controlados por gobernadores chavistas.

Los detalles son casi pornográficos y me los perdonará el lector. Una vez recolectado (por segunda vez) este 1%, y siendo admitido por el CNE (un proceso que, como no está contemplado en ningún reglamento, tampoco tiene un lapso legal determinado por otra cosa que no sea la misma voluntad de las autoridades electorales), comienza la fase superior del dispositivo: la recolección de las “manifestaciones de voluntad” del 20% de los electores (este es, en cambio, el único requisito que figura en la Constitución para la convocatoria a referendo). Unos cuatro millones de electores deberán manifestarse en tres días. Y una vez validadas sus voluntades, el CNE deberá convocar a la realización del referendo. ¿Cuándo? Esto no se mide en tiempo sino en pulgadas de presión sobre el gobierno de Maduro.

Nada de esto figura en el reglamento que ya se ha utilizado en referenda anteriores. Cada uno de los obstáculos es ideado, en cuestión de horas, en un aquelarre conducido por los más íntimos del alto gobierno, sin que el CNE pueda guardar el decoro republicano que en otras ocasiones le obligó a moderar su sujeción al gobierno.

¡Ah! El decoro republicano. En estos días me volví a involucrar en la bizantina discusión acerca de la taxonomía política del chavismo. Una discusión que llevará años, espero. Para efectos prácticos, la etiqueta más descriptiva es la más obvia: una forma local de los autoritarismos competitivos, esa quimera que espanta y fascina a los politólogos. Con el twist madurista, podemos llamarlo “estalinismo competitivo”. El oxímoron es suficientemente poderoso. El caso concreto es que el chavismo tiene un pecado original: nació, contra su voluntad, como resultado de elecciones limpias.

Eppur si muove: así como era imposible desconocer la 15ava enmienda, le es imposible al chavismo, o lo que queda de él, desconocer esa legitimidad popular que tanto enarboló. Puede, eso sí, tratar de acallarla, desmoralizarla, retrasar sus efectos. Maduro, agazapado tras el Palacio de Justicia, Fuerte Tiuna (sede del poder militar) y el CNE, transita por los bordes del precipicio estalinista a la espera de que pase lo peor de una crisis que estima, contra toda evidencia y toda racionalidad, temporal. Se entrega, así, a una lucha de desgaste, de trincheras, de avance y retroceso, de jimcrowing corajudamente resistido por una sociedad que quiere cambio, que quiere recuperar su dignidad y sus más básicas libertades.